Los últimos planes de Puigdemont y los altos burócratas del estado
La política de palacio va despacio y nadie quiere perder , esas dos frases podrían resumir lo vivido hasta ahora en la pugna que mantiene el estado contra Puigdemont y las organizaciones políticas independentistas catalanas.
Carles Puigdemont no quiere volver a España e ir a la cárcel, quiere ser nombrado president y, dentro de lo posible, dirigir el gobierno autonómico desde Waterloo. La última solución que se le ha ocurrido a Junts per Catalunya y a Puigdemont para hacer sus presidencialistas sueños realidad es un auténtico rompecabezas: cambiar la ley de presidencia con mayoría parlamentaria para que pueda ser nombrado sin pasarse por el Parlament; ser nombrado president; que el Tribunal Constitucional no autorice tal cosa; nombrar a otra persona president oficial; y quedarse en Waterloo como president simbólico con un gobierno paralelo. Para asegurarse de que él sería quien verdaderamente gobernase y que no le robarían el puesto, el candidato que más puntos tiene para ocupar el cargo oficial de president sería Jordi Sánchez, el ex dirigente de la Asamblea Nacional Catalana (ANC). Ingeniería legal.
El gobierno de España y el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena ya se han posicionado aunque no dejan muy clara su estrategia en caso de que la sucesión de hechos se dé tal y como planea Junts per Catalunya. El gobierno, a través de Soraya Sáenz de Santamaría, se ha limitado a declarar que ve la solución de las dos presidencias como “imposible y ridícula” y que antes de cualquier otra cosa, Puigdemont tiene que “rendir cuentas ante la Justicia”. Rafael Hernando, en su habitual filibusterismo, ha criticado la “imaginación” de los independentistas y se ha preguntado retóricamente “¿qué hierbas usa (esta gente) para el desayuno? Cada día se pasan con la ración de tila o de teína”. Por su parte, el magistrado Pablo Llarena se ha pronunciado en contra de poner en libertad a Jordi Sánchez porque asegura que Junts per Catalunya pretende seguir con la vía unilateral. Del mismo modo, matiza que es “constitucionalmente válido” que Sánchez sea independentista, pero mantener el “ideario soberanista imposibilita el convencimiento de imposible reiteración delictiva que se tendría respecto de quien profese la ideología contraria”. En otras palabras, es legal ser independentista mientras no seas independentista de verdad.
En definitiva, como se ha venido viendo durante todo este período de procés, lo menos importante de todo es la cuestión legal y normativa. Lo que importa es el poder para interpretar la ley, es decir, la política. La legalidad es siempre maleable, tanto desde el gobierno como desde el independentismo. No hay fórmulas unívocas para interpretar la ley y de eso se aprovecha también Puigdemont para mantener una idea de tensión con el estado.
