Desarticulando el anuncio en favor del golpe en Venezuela de Pedro Sánchez

El presidente de España, Pedro Sánchez, ha reconocido esta misma mañana el golpe de estado, dado el 23 de enero por Juan Guaidó. Bajo una retórica democrática, el líder del ejecutivo español se ha posicionado con el presidente Donald Trump, que ha sido el primer presidente de los Estados Unidos (EEUU), no en dar un golpe de estado, sino en no esconderse y ponerse al frente de la ruptura democrática.

La autoproclamación del golpista Juan Guaidó sucedió tras varios años de ataque el gobierno de Venezuela. En un primer momento EEUU impuso sanciones económicas, para afectar la estabilidad del país. Más tarde llegaron los terroristas en forma de las llamadas guarimbas, y al final el recrudecimiento de las sanciones, motivo principal de la escasez y la emigración, según los expertos de la ONU que han visitado, o se han referido al país.

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Durante la rueda de prensa en la que Pedro Sánchez pone de manifiesto al mundo su seguidismo a la política exterior de Donald Trump, reconociendo al golpista Juan Guaidó como “presidente encargado“, el político español da una clase maestra sobre democracia a Nicolás Maduro. Comprobaremos en las líneas siguientes si Pedro Sánchez cumple en España lo que le exige a Venezuela.

La legitimidad democrática de Juan Guaidó, emana de su condición de presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, órgano legislativo surgido tras las últimas elecciones libres y democráticas reconocidas por el conjunto de la Comunidad Internacional como tales. Pedro Sánchez.

Así ha comenzado Pedro Sánchez su discurso en favor del golpe de estado en Venezuela. Al presidente español se le ha olvidado decir que el poder legislativo reside en la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), a causa de que la Asamblea Nacional (AN) que preside Juan Guaidó está en desacato.

¿Lo está por una treta del chavismo para anular el poder que la oposición ganó en las urnas? Tras las elecciones legislativas, las auditorías electorales demostraron que tres diputados del bloque opositor cometieron fraude electoral. Esos cargos públicos debían dejar sus actas por ese delito, pero la oposición decidió mantenerlos para involucrar al poder judicial, y así poder decir que estaban reprimidos por el chavismo.

Entre sus argumentos expresaron que los bolivarianos pretendían arrebatarles la mayoría, sin embargo hubieran pasado de 101 diputados a 98, ostentando el chavismo 45, la derecha hubiera seguido teniendo la mayoría para aprobar las leyes solo con sus votos favorables.

Esas elecciones se celebraron en 2015, fueron organizadas por el Poder Electoral, ejecutado en Venezuela por el Consejo Nacional Electoral (CNE). ¿Por qué no se reconocen las últimas elecciones constituyentes y presidenciales, si han sido celebradas por el mismo poder electoral? ¿Qué ha pasado para que en dos años no se confíe en el mismo organismo que lleva trabajando en las elecciones desde hace 20 años? Es el mismo sistema, no ha habido cambios desde 2015, se ha actualizado el censo electoral, han acudido acompañantes electorales, se han hecho auditorías firmadas por los participantes de la oposición…

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Pero hay una pregunta más importante, ¿por qué España sí reconoce los resultados de las elecciones regionales del 15 de octubre de 2017? En ellas participó la oposición en su conjunto, consiguiendo importantes victorias. ¿Cuando la oposición gana, entonces el mismo CNE sí vale, y sí son elecciones limpias, libres, transparentes y con garantías?

España ha buscado actuar en defensa de los intereses del pueblo de Venezuela. Pedro Sánchez.

Más allá de palabras y discursos, el golpe de estado ha servido, por ahora, para que Estados Unidos robe al pueblo de Venezuela la filial petrolera de PDVSA, Citgo -de titularidad pública-, ubicada en territorio norteamericano, lo que significará un recorte de varias decenas de millones de dólares en las arcas públicas de Venezuela.

Los principales dirigentes del gobierno liderado por Donald Trump, ya han expresado que su intención tras derrocar a Nicolás Maduro es que los recursos hidrocarburos y naturales sean explotados por empresas norteamericanas, nombrando en concreto a Exxon Mobile, una transnacional que se vio afectada por la nacionalización del petróleo llevada a cabo por Hugo Chávez.

El modelo es el mismo que se ha aplicado en Ecuador con la llegada del neoliberalismo de la mano del presidente Lenín Moreno. Las empresas han vuelto a quedarse con el 90% de los beneficios de la explotación de los recursos, obteniéndolos sin respetar las áreas protegidas por los gobiernos bolivarianos, que no permiten ni el fracking, ni la minería a cielo abierto, ni las prospecciones en áreas en las que la naturaleza está protegida, ni en las que viven los pueblos indígenas.

Ayudaremos a alcanzar la concordia de todos los venezolanos. Pedro Sánchez.

Juan Guaidó, al ser dirigido por los Estados Unidos (EEUU), no duda en expresar lo que le ordenan desde la Casa Blanca, que es apoyar una intervención armada que derivará en una guerra civil. Una situación que está lejos de alcanzar la concordia entre todos los venezolanos. La Unión Europea pensó en un primer momento que el golpista Juan Guaidó conseguiría rápidamente el apoyo de la mayoría de la sociedad venezolana y del ejército.

Algo que se ha demostrado como un error, pues en la anunciada “mega marcha” por los golpistas y sus aliados internacionales, entre los que se encuentran artistas españoles como Miguel Bosé y Alejandro Sanz, la oposición no logró reunir a más de 20.000 personas, y el ejército se mantiene alineado con Nicolás Maduro.

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La Unión Europea, y sobre todo Pedro Sánchez, han actuado demasiado rápido en base a uno de los escenarios posibles, que finalmente no se ha dado, en unos momentos en los que la diplomacia debería haber actuado de manera tranquila. Ahora, la Unión Europea deberá cambiar su postura cuando México y Uruguay anuncien su conferencia internacional en favor del diálogo. Cuanto más tarde en hacerlo, menos credibilidad diplomática tendrá para actuar como protagonista tanto esta crisis como en otras que vengan.

Elecciones libres, democráticas, con garantías y sin exclusiones. Pedro Sánchez.

Pedro Sánchez no ha tenido en cuenta que en el Reino de España, donde él es titular el poder ejecutivo, existe la Ley de Partidos, aprobada en 2002 con los votos de su organización política, junto con los del Partido Popular (PP) y otras formaciones de derecha como CiU y Coalición Canaria (CC).

Esa ley ha servido para ilegalizar partidos políticos, excluyendo de facto a diversos sectores sociales de las elecciones, que tras esa ley han dejado de ser completamente libres en España. Tanto Amnistía Internacional como la Organización de las Naciones Unidas (ONU), criticaron esa ley, advirtiendo del peligro de la persecución a formaciones políticas, algo que finalmente sucedió.

Además, el dirigente del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), no ha tenido en cuenta que el Jefe del Estado español, rey Felipe VI, ostenta el cargo de manera vitalicia, habiendo accedido a él por decisión de su padre, quién le trasladó la posición que recibió por voluntad expresa del dictador Franco. No es posible pedir para otro país elecciones, cuando en el propio existe una figura de autoridad impuesta por el dictador, sin estar sujeta a cauces democráticos.

Queremos que los venezolanos decidan con su voz y con su voto su futuro. Sin miedos, sin presiones y sin amenazas. Pedro Sánchez.

Los venezolanos han acudido a las urnas 27 veces en los últimos 20 años. La última ocasión el 20 de mayo de 2018. Fue en esa fecha cuando Nicolás Maduro renovó su mandato, y la que, junto con las elecciones a la Asamblea Nacional Constituyentes (ANC), no reconocen EEUU y sus aliados, que no la Comunidad Internacional, ya que la mayoría de los países del concierto mundial reconocen los resultados de esas convocatorias.

En las elecciones a la ANC, el chavismo conminó en varias ocasiones a la oposición a presentarse. El CNE, como siempre ha hecho, abrió los registros para que se inscribiera cualquier organización. Sin embargo la derecha venezolana decidió no presentarse y hacer un plebiscito de rechazo.

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¿Por qué los hoy golpistas no quisieron presentarse? Porque de haberlo hecho, el show montado en la AN con los diputados que ganaron con fraude, se hubiera venido abajo y hubieran perdido el poder legislativo, ya que sus votantes estaban desmovilizados tras no ver en dos años ninguna iniciativa legislativa por parte de sus diputados.

La oposición pudo hacer su plebiscito sin ninguna interferencia del gobierno. Sin embargo los resultados fueron mucho menores de los esperados, por lo que quemaron las actas antes de contar la participación, muchos votaron varias veces ya que no se pedía la Cédula de Identidad, lo que permitió que votasen niños y extranjeros.

En las elecciones presidenciales de mayo de 2018, la oposición sí presentó candidatos, Henri Falcón y Javier Bertucci, que entre los dos sumaron más de 3 millones de votos. Henri Falcón había sido uno de los principales dirigentes de la derecha venezolana, habiendo llegado a ser el Jefe de Campaña de Henrique Capriles en 2015.

Los acompañantes internacionales, algunos de los cuales alejados políticamente del chavismo, como los enviados por el Centro de Estudios Latinoamericanos (CEELA), redactaron informes en los que establecieron que las elecciones fueron libres, transparentes y sin sombra de fraude. De hecho, en las auditorías públicas realizadas al día siguiente de la jornada electoral, los representantes de la oposición firmaron las actas reconociendo la limpieza del proceso.

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Entonces, ¿por qué la oposición exige elecciones de nuevo? Porque en las de mayo de 2018 se presentó rota y sin posibilidad de vencer. Ahora, con las sanciones afectando seriamente la vida de los venezolanos, pueden presentarse como remedio a ellas, aunque han sido aplicadas porque ellos mismos recorrieron el mundo pidiéndolas. Gracias a los medios de comunicación de masas, ser los ejecutores en la realidad, no les pasa factura, porque ese hecho se silencia.

Pese a que en el plebiscito de la oposición el chavismo no atacó a los ciudadanos que participaron en él, la derecha venezolana sí lo hizo en la jornada de votación constituyente, asesinando a un candidato, volando puentes para evitar que los votantes llegasen a los centros, cerrando mediante violencia colegios electorales, quemando locales de los partidos de izquierda y dando palizas.

Es por lo tanto la oposición la que ha amenazado, aterrorizado y presionado al chavismo. La mejor muestra es que están dando un golpe de estado, y amenazan con una intervención militar estadounidense para presionar a los venezolanos con el fin de que hagan lo que la derecha quiere. Esa ruptura del orden constitucional, el quiebre de la voluntad popular en las urnas, las amenazas que reciben incluso los dirigentes de la oposición que rechazan apoyar a Guaidó por la guerra civil que supondría, es lo que ha apoyado el presidente de España.

Es el pueblo de Venezuela el que tiene de decidir en exclusiva su futuro. Pedro Sánchez.

Como demostró la poco concurrida marcha opositora del pasado domingo, el pueblo de Venezuela no acompaña a Juan Guaidó. Son los EEUU los que quieren decidir sobre el calendario electoral de Venezuela, que reposa sobre el contrato social que se dieron los venezolanos de forma democrática en 1999.

Su sistema democrático prevé elecciones presidenciales cada seis años, y a partir del tercero se puede convocar un referéndum revocatorio, por lo que si los venezolanos no quieren a Nicolás Maduro como presidente, lo podrían haber echado desde 2016, usando los cauces democráticos disponibles.

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Lo que ha pasado en Venezuela es que se han ido aplicando una serie de sanciones que han afectado al pueblo de la nación suramericana, a la vez que en los medios de comunicación se achacaba la dramática situación a la gestión de Nicolás Maduro. Esa injerencia es una expresión fehaciente de que los venezolanos llevan siendo presionados más de una década para torcer su soberanía. La mejor manera de que los ciudadanos de Venezuela sean los que decidan en exclusiva su futuro es levantar las sanciones que les hacen pasar penurias y dejar de manipular expresando que son en realidad consecuencia de las sanciones, como sostiene la ONU.

Reafirmar nuestra disposición a colaborar y a trabajar activamente con otros países y actores internacionales singularmente e incluido el Grupo de Lima. Pedro Sánchez.

El Grupo de Lima es una asociación de dictaduras y gobiernos de ultraderecha latinoamericanos, que se formó a instancias de Estados Unidos, para crear un lobby en la Organización de Estados Americanos (OEA) que aunase los esfuerzos diplomáticos contra Venezuela.

La organización nacida en Perú solo trata el tema de Venezuela. En esos momentos -año 2017- la administración de Donald Trump buscaba entrar militarmente en Venezuela gracias a la aplicación de la Carta Democrática de la OEA, pero no alcanzaba los votos necesarios, necesitaba el apoyo de 5 países más. El Grupo de Lima se creó para movilizar a las diplomacias de América en un único esfuerzo para convencer a otros países, llegando a amenazar a pequeñas naciones como República Dominicana con suspender tratados comerciales si apoyaban a Venezuela.

En el Grupo de Lima hay dictaduras como la de Honduras, cuyo presidente se presentó pese a que lo prohíbe su Constitución, hizo fraude electoral con dinero público, algo confirmado por la OEA, y disuelve manifestaciones con fuego real según ha denunciado la ONU.

Estudiantes son víctimas de desapariciones forzosas, y líderes sociales como Berta Cáceres aparecen muertos a causa de los escuadrones de la muerte que llegaron con el golpe de estado dado por Micheletti Bain en 2009. De esa dictadura ha heredado el actual mandatario hondureño, Juan Orlando Hernández (JOH), la concentración de poderes que le permite saltarse la Constitución a voluntad. Ninguna de estas situaciones parece preocupar a Pedro Sánchez, que trabajará con el centroamericano para alcanzar la democracia en Venezuela.

Los fascistas Jair Bolsonaro y Lenín Moreno también forman parte del Grupo de Lima y de su órbita diplomática. El primero ha desplegado una serie de medidas represivas que acercan a Brasil a sus años más oscuros, y el segundo no solo prohíbe a la izquierda organizarse políticamente, sino que tiene presos políticos como el vicepresidente constitucional Jorge Glas.

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Recientemente la OEA reconoció que las últimas elecciones en Ecuador -consulta popular y referéndum de 2018-, fueron ilegales y tramposas. El gobierno de ese país, liderado por Lenín Moreno, ha respondido prohibiendo a los observadores electorales de la OEA acudir a vigilar el próximo proceso electoral, las elecciones seccionales que se llevarán a cabo el próximo mes de marzo. Pedro Sánchez no se ha referido a esas cuestiones en su comparecencia.

El gobierno de España trabajará para que la democracia plena retorne a Venezuela. Democracia plena significa primacía de los derechos humanos, pluralismo político, que no haya presos políticos en Venezuela, elecciones libres, transparentes y con todas las garantías. Pedro Sánchez.

Según la ONU, los derechos humanos corren peligro en Venezuela a causa de las sanciones impuestas por EEUU y la UE, que Pedro Sánchez apoya. La misma organización internacional mantiene su reconocimiento a Nicolás Maduro, y apuesta por el diálogo que el líder del ejecutivo español rechaza.

España es el segundo país con más desaparecidos, y el gobierno de Sánchez incumple los tratados internacionales de los Derechos Humanos que lo obligan a buscar los restos y restaurar su memoria, decenas de miles de personas son desahuciadas, migrantes son maltratados en cárceles llamadas Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) por cometer simples faltas administrativas.

Mientras tanto en Venezuela, los cinco millones de ciudadanos que huyen de Colombia, reciben el mismo trato que los venezolanos, pese a la crisis por las sanciones la Gran Misión Vivienda Venezuela sigue dando casas a los sectores más pobres, y los Comités Locales de Abastecimientos y Produción (CLAP), se encargan de que, pese al desabastecimiento, nadie muera de hambre.

En Venezuela la derecha tiene participación en política, como prueba que el presidente de la Asamblea Nacional sea de un partido opositor, Voluntad Popular (VP) y haya podido subvertir el orden constitucional sin recibir ninguna respuesta por parte de las autoridades, más que el respeto cuando organiza manifestaciones en las que pide apoyo al golpe de estado.