La crisis y la brecha social en España

Recientemente se han publicado una serie de estudios (de Intermon Oxfam), que analizan la situación social y económica en España, tras la crisis, así como sus efectos en la brecha social: los niveles salariales, de protección social, de calidad del empleo, las pensiones, las prestaciones sanitarias, la educación y la vivienda. Los resultados son realmente descorazonadores.

A pesar de que, según los políticos defensores del Régimen del 78, “estamos saliendo de la crisis” o, incluso, los más optimistas que señalan que “ya hemos dejado la crisis atrás”, con los datos en la mano los expertos nos demuestran que eso no es cierto. O al menos, no lo es para la mayoría de la población: hemos retomado un cierto nivel de crecimiento económico, pero se mantiene la brecha social y, en algunos aspectos esenciales, llega a incrementarse.

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Esto es consecuencia de que los efectos de la crisis no se hayan repartido de forma equitativa, lo que ha provocado un incremento de las desigualdades y de la pobreza, unas desigualdades que nos han ido alejando, cada vez más, de los estándares de la Unión Europea en cuanto a cohesión y bienestar social.

España es uno de los países europeos de nuestro entorno en los que más han aumentado esas desigualdades, como consecuencia de la crisis, pero también como resultado de las políticas de recortes sin sentido, que no han tenido los efectos esperados y que, tras lo peor de la crisis, parece que no se han revertido de forma significativa, lo que está teniendo unos costes sociales y económicos que están lastrando de forma esencial del crecimiento.

Entre otros factores determinantes de este proceso están las constantes reducciones del peso del gasto social, las rebajas fiscales sobre la renta y la riqueza, la precarización del mercado de trabajo y el retroceso de los salarios en la distribución de la renta. Como podemos ver, todos ellos factores que afectan a las rentas más bajas, pero no así a los grandes beneficiarios de la crisis.

Protección social

El gasto público en protección social es uno de los principales instrumentos de que dispone el estado del bienestar para luchar contra las desigualdades sociales, especialmente en momentos de grave crisis económica, como la que estamos sufriendo. En este sentido, los sucesivos gobiernos españoles han mantenido, desde el inicio de la crisis, un nivel de gasto en protección social significativamente inferior a la media de la Unión Europea: el porcentaje de gasto sobre el PIB en España se sitúa en el 24.3%, y la media de la UE es del 28.6% (según datos de Eurostat e INE).

A pesar que el peso del gasto en protección social creció tímidamente en los años previos a la crisis, esta situación no es nueva: tampoco durante los años de crecimiento se ha aprovechado para recortar las distancias en los niveles de protección social, respecto a la media europea, y la tendencia actual es la de mantener las diferencias existentes.

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Durante la crisis, las políticas de recortes de prestaciones hicieron caer el peso del gasto social, en unos momentos en que las necesidades de protección social de los sectores más desprotegidos se incrementaron notablemente. A partir de la “recuperación” económica se ha vuelto a estabilizar el peso del gasto en protección social, pero manteniéndose a mucha distancia respecto a la media de la Unión Europea.

Entre los diferentes aspectos del gasto social, los más afectados por la crisis han sido la educación, donde el gasto público se ha mantenido históricamente por debajo de la media europea, lo que tiene un afecto particularmente negativo para los más jóvenes y les resta igualdad de oportunidades (en 2016, el gasto en educación, sobre el PIB en España era del 4.0%, mientras que en Europa era del 4.7%). También la sanidad el gasto público ha caído por debajo de la media europea.

Para incrementar la protección social es necesaria la reforma en profundidad de las prestaciones por desempleo y las pensiones; se debe garantizar la suficiencia y sostenibilidad de un sistema de pensiones y prestaciones que beneficie la concertación social. Deben incrementarse los recursos dedicados a la atención de la autonomía personal, la atención primaria, hospitalaria y los recursos destinados a la investigación médica, e incrementar el gasto público en sanidad para aproximarlo a la media europea.

En el ámbito de la educación, es necesario también incrementar el gasto público, aumentar las plazas públicas, rebajar las tasas universitarias, establecer una política de becas para estudiantes de familias con pocos recursos económicos, rebajar el número de alumnos por clase, potenciar la formación profesional y las prácticas en la empresa en condiciones dignas, reducir la tasa de abandono escolar prematuro, establecer un sistema de orientación permanente que evite la segregación actual, y una formación profesional que garantice el acceso a trabajos cualificados y evite la precariedad de los más jóvenes.

El crecimiento de las desigualdades

Otro de los graves problemas que nos ha dejado la crisis es que la remuneración del trabajo asalariado ha crecido por debajo del incremento de la productividad de la economía, una situación que se ha visto fuertemente agudizada como consecuencia de las sucesivas reformas laborales de los gobiernos socialistas y populares.

Además, la estancación, en el mejor de los casos, o bajada salarial, en el peor, ha afectado con mayor intensidad a las rentas salariales más bajas, que además son las más desprotegidas, al mismo tiempo que las rentas del capital y los salarios más altos han seguido aumentando.

La crisis ha comportado también una enorme destrucción de puestos de trabajo, lo que ha disparado los niveles de paro, un problema que, a pesar de que a partir de 2014 se ha vuelto a crear ocupación, los datos aún están lejos, muy lejos, de los anteriores al comienzo de la crisis.

La fase de recuperación económica se ha traducido en un incremento de la precarización de los puestos de trabajo y la inestabilidad laboral, que afectan mucho más a los sectores más jóvenes, pero también afectan bastante más a las mujeres que a los hombres, y a la población asalariada de origen extranjero.

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Un menor gasto público comporta, de forma correlativa, una degradación de la cobertura y calidad de la protección ante el desempleo. Pero también las pensiones han perdido poder adquisitivo de forma constante durante la crisis: entre 2007 y 2013, las pensiones se congelaron en 2011, o aumentaron muy por debajo del incremento medio del IPC (excepto en 2009). Esto ha provocado la pérdida acumulada de poder adquisitivo de las pensiones, que entre 2007 y 2017 ha llegado a -9.4%.

Igual que en otros aspectos, la pérdida de capacidad adquisitiva de la renta de las familias españolas no ha sido equitativa: mientras las pérdidas se han acumulado en los sectores de rentas más bajas, se ha producido, al mismo tiempo, una concentración de renta en los sectores de población más rica, lo que ha llevado a una evolución negativa de la capacidad adquisitiva de la renta familiar.

La pobreza ha crecido de forma más intensa en España que en la mayoría de los países de la Unión Europea: en los últimos cuatro años, como media, una cuarta parte de la población española (26.6%, frente al 22.5% en Europa) se encuentra en riesgo de pobreza y/o exclusión social.

En esta situación, los mecanismos de redistribución de la riqueza no cumplen adecuadamente con su función, y las prestaciones sociales tienen una menor incidencia en la lucha contra la pobreza que la que tienen en Europa. Como consecuencia de esta evolución, el nivel de bienestar medio de la población ha experimentado también un retroceso respecto a la media europea.

El riesgo de pobreza se ceba, otra vez, con los sectores más desfavorecidos de la crisis. Por ejemplo, la tasa de riesgo de pobreza de la población más joven es muy superior a la del resto, y en el último año ha crecido muy por encima de la media. Lo mismo sucede cuando analizamos el caso de la población extranjera, que casi triplica la tasa de pobreza de la población de nacionalidad española (41.6% frente al 15.7%).

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Pero tenemos aún un indicador de la pobreza aún más extremo, y es el de pobreza en el trabajo, es decir, las personas que a pesar de tener un trabajo son pobres, un colectivo que ha crecido ininterrumpidamente desde 2010 a 2017, tanto en España como en la Unión Europea (13.1% y 9.6%, respectivamente). Se trata de trabajadores y trabajadoras a las que el hecho de tener un puesto de trabajo no les garantiza poder tener una vida digna.

Como siempre, este problema afecta con mayor intensidad a los colectivos ya más castigados: la tasa de pobreza en el trabajo de las mujeres es superior, aunque durante el período de crisis crece la de los hombres. A pesar de todo, si el cálculo se hace en referencia a la autonomía y según la renta individual (y no la familiar), vemos que la tasa de pobreza en el trabajo de las mujeres supera ampliamente a la de los hombres.

Esto es debido, sobre todo, a que la precariedad en el empleo afecta mucho más a las mujeres que a los hombres: las mujeres trabajan mucho más a tiempo parcial, aunque la tasa de trabajo a tiempo parcial involuntario es casi la misma para los hombres que para las mujeres, son muchas las mujeres que trabajan a tiempo parcial porque no pueden hacerlo a tiempo completo.

La brecha salarial entre hombres y mujeres fue, en 2016, de un 21.9% (diferencia en el salario medio anual), y es siempre más alta que la de los hombres. La brecha salarial de género también varía según la edad y la nacionalidad: las mujeres mayores tienen una brecha salarial más alta, sobre todo las mujeres extranjeras. Pero también es un fenómeno que afecta gravemente a los más jóvenes, que sufren mucho más la precarización en el trabajo, y su tasa de riesgo de pobreza es muy superior a la del resto de la población.

La única forma de revertir esta situación es a través de medidas destinadas a fortalecer los salarios y mejorar la calidad del trabajo, revirtiendo los aspectos de la reforma laboral que nos han llevado a esta situación. Se debe reducir la brecha salarial con medidas efectivas que incidan no solo en la remuneración por tiempo de trabajo, sino también en el resto de factores que hacen que los ingresos de las mujeres estén por debajo de los hombres. Los trabajadores deben recuperar el poder adquisitivo perdido debido a los recortes y el incremento de los precios.

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Para mejorar el empleo es necesario aplicar más y mejores políticas activas de empleo, especialmente entre los colectivos más vulnerables: parados de larga y muy larga duración, jóvenes y mujeres. Mejorar el acceso a la formación profesional y a la formación continuada a lo largo de la vida, sin discriminaciones, enfocada a encarar el cambio tecnológico, la calidad del empleo y la mejora del tejido productivo.

También es muy importante la lucha contra el fraude en la contratación y los falsos autónomos, así como el control efectivo de las nuevas formas de precarización, que sirva para establecer una mejor protección social y cobertura para toda persona que trabaje en esos sectores.

La necesaria reforma del modelo fiscal

Una de las razones que explican el menos esfuerzo en gasto de protección social en España podemos situarlo en el modelo tributario español, con una menor presión fiscal en relación con la media europea. Además de ser una presión fiscal más baja que la europea, tampoco ha recuperado los niveles anteriores a la crisis, mientras que en la UE sí se ha incrementado.

Esto contrasta con la percepción de la población de que los españoles pagamos muchos impuestos. El problema es que la tributación tiene un carácter muy regresivo, ya que sólo una tercera parte de los ingresos proceden de los impuestos directos asociados a la renta y el patrimonio, lo que provoca una tributación injusta e insuficiente para conseguir los estándares de bienestar medios de la Unión Europea.

En los últimos años, gracias a la “recuperación” económica, vemos que se ha producido un relativo incremento de la presión fiscal, aunque se estabiliza a unos niveles, en términos medios, relativamente inferiores a los años anteriores a la crisis: si el peso de los impuestos y las cotizaciones sociales efectivas sobre el PIB de la UE ha pasado del 38.3% al 39.1% entre 2007 y 2017, en España ha pasado del 36.4% al 33.9% en ese mismo período.

Esta situación está cronificando la brecha fiscal que existe en nuestro país, un proceso recrudecido por la pérdida de peso de las rentas salariales en la distribución de la renta. La solución sólo puede pasar por un modelo de fiscalidad suficiente y equitativo, avanzar hacia un sistema más progresivo que aporte más recursos y penalice la especulación financiera, de forma que las rentas de capital se equiparen a las del trabajo.

Es necesaria una reforma fiscal que refuerce la corresponsabilidad de todas las administraciones y la participación en todos los impuestos. Por ejemplo, debe hacerse efectivo el tipo del impuesto de sociedades, especialmente en referencia a las grandes empresas que disponen de mecanismos para tributar muy por debajo de lo que les tocaría; revisar el IVA para evitar sus aspectos más regresivos; evitar las prácticas de “dumping” fiscal, y, en general, acercar nuestra presión fiscal a la media europea, a través de una contribución más equitativa por parte de las rentas más altas, por ejemplo, a través de un incremento en su aportación al IRPF.

También es necesario recuperar la tributación efectiva de las herencias de cuantías relevantes en el impuesto de sucesiones, y gravar fiscalmente las viviendas que no cumplan su función social.