Todo estaba fríamente calculado desde un principio. El viraje hacia la derecha de Lenín Moreno tenía una piedra en el zapato: Jorge Glas. No caben dubitaciones. Así fue como Jorge Glas se convirtió en preso político del régimen de Ecuador. Los ideólogos de este macabro pasaje de la historia necesitaban sacarlo de la jugada. De otra forma, él, desde la vicepresidencia, sería un contrapoder fuerte e incómodo.
Jorge Glas siempre resultó perturbador para la derecha opositora y sus medios de comunicación, no solo por estar dentro del partido que ha ganado las elecciones durante de diez años y los ha confinado al fracaso, sino porque en sus cabezas, él era el personaje que continuaría liderando luego de la salida de Rafael Correa en el 2017.
Entonces se aprovecharon de los escándalos de corrupción en las petroleras para atribuírselas a él, y con una campaña de linchamiento permanente en los medios mercenarios ensuciar su imagen con el fin de dos cosas: que se lo vincule judicialmente y así impedirle ser candidato, o que al manchar su nombre, pierda las elecciones.
No obstante, Lenín Moreno y sus cómplices ya habrían ideado la forma de sacarlo definitivamente del escenario político. Se presume que llegaron a un acuerdo con José Conceição: él vinculaba a Glas en Caso Odebretch y la fiscalía se abstenía de acusarlo.
Recordemos que el Lawfare es el uso de los instrumentos jurídicos con el fin de inhabilitar a un adversario político. Es la herramienta principal de las derechas en Latinoamérica cuando no pueden ganar en las urnas y el adversario político les estorba en su carrera por el poder.
La estrategia sucia de Lawfare tiene tres puntales que lo sostienen: lo político, lo judicial y lo mediático. Una endogamia de corruptela, favores, connivencia y perversidad.
Este último, el poder mediático, se convierte en un poder ─a veces omnímodo por cierto─, destructor de la imagen del personaje ante la opinión pública. “A mí ya me sentenciaron los medios de comunicación, hay un linchamiento mediático”, diría Jorge Glas en 2017.
Ejemplos de Lawfare hay muchos: los casos del expresidente de Brasil, Lula Da Silva; la expresidenta de la Argentina, Cristina Fernández; el expresidente de Ecuador, Rafael Correa. Todos ellos coincidencialmente de izquierda, antineoliberalistas y antimperialistas.
La derecha en Ecuador, Argentina y Brasil ha cooptado la función judicial para ejecutar la persecución. De ahí que los procesos judiciales contra los líderes progresistas no tengan sustento jurídico y estén plagados de vacíos procesales y disparates probatorios.
El proceso judicial de Jorge Glas, por ejemplo, está viciado de irregularidades: prisión preventiva sin fundamento, sentencia con un código derogado, ausencia de pruebas fehacientes ─solo las delaciones de José Conceição dos Santos, criminal confeso─ de su supuesta participación en el delito de asociación ilícita.
Además, el gobierno de Lenín Moreno no garantiza la seguridad del vicepresidente constitucional Jorge Glas. Lo trasladaron de la cárcel 4 de Quito a la cárcel de Latacunga sin ningún argumento y solo por venganza inmediata a la “fuga” de Fernando Alvarado, exfuncionario de Rafael Correa, en quien también ha recaído la persecución política.
Las medidas de supuesta austeridad del régimen morenista ─que ya han repercutido en diferentes sectores─ y la inoperancia de sus funcionarios han creado también una crisis carcelaria nunca antes vista: 23 asesinatos en 17 meses.
Esta realidad genera desconfianza de la seguridad del vicepresidente constitucional. Hace unos días ha recibido amenazas de muerte de parte de supuestas bandas delincuenciales. Cualquier acción que afectare su integridad física es total responsabilidad del Estado ecuatoriano.
Sin duda, Jorge Glas, es un preso político del régimen de Lenín Moreno. Es casi imposible que ante la cooptación de casi todos los poderes ─excepto el actual CPCCS─ exista un estado de derecho y se respete el debido proceso que exige nuestra constitución.
Lamentablemente, parece que la persecución política de las derechas en Latinoamérica continuará, y mientras estén en el poder seguirán ejecutando sentencias ab alta cuncta, violando los derechos humanos como lo vienen haciendo. Por eso, categóricamente, todos estamos indefensos.