Tras la destitución de los cuatro vocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) por un supuesto incumplimiento y arrogación de funciones, se designó a los nuevos consejeros y se eligió al presidente y vicepresidenta que presidirá a este organismo. Sin embargo, la Corte Constitucional mostró sus intenciones de desaparecer a esta institución.
El CPCCS es un organismo impulsado en la Asamblea Constituyente del 2008 y fue denominado como “quinto poder” por el expresidente de Ecuador, Rafael Correa. Su función es garantizar la participación ciudadana a través de la competencia para auditar mecanismos de control, y designación de autoridades en instituciones del Estado, como la Defensoría del Pueblo, Superintendencias de Bancos, Compañías y Comunicación y la Contraloría del Estado.
Estas funciones envolvieron en criticas y polémica a esta institución independiente, pues tanto la derecha y ahora el actual gobierno de Lenín Moreno, han evidenciado su descontento con las competencias del CPCCS, pues se ha buscado la manera de desprestigiar la gestión de los vocales, que fueron elegidos por la ciudadanía en las urnas en marzo del 2019.
Tras 61 días ejerciendo sus funciones, el pasado 14 de agosto de 2019, la Asamblea Nacional decidió destituir y censurar a José Carlos Tuárez, Walter Gómez, Rosa Chala y Victoria Desintonio ante la demanda de juicio político interpuesta por los asambleístas Raúl Tello, Jeannine Cruz y Fabricio Villamar, tras un presunto incumplimiento de funciones, cuando los consejeros establecieron la intensión de crear una comisión que evaluaría la designación de jueces y conjueces de la Corte Nacional realizada por el Consejo Transitorio.
Al mismo tiempo que el proceso de juicio político se desarrollaba, se presentó la solicitud impulsada por el Comité para la Institucionalización Democrática, que sugería una Consulta Popular que podría eliminar el CPCCS. Esto implicaría que la jurisdicción de elegir autoridades se atribuya nuevamente a la Asamblea. De igual manera, en este pedido se propuso plantear otra pregunta en el referéndum que podría determinar la independencia de la Fiscalía de la Función Judicial.
Este jueves 22 de agosto de 2019, la Corte Constitucional dio luz verde para continuar el pedido, autorizando la recolección de firmas. El objetivo sería entonces, recaudar alrededor de 135 000 firmas, y luego debatir en el Pleno de la Asamblea. Finalmente se aprobaría el referéndum. Hasta el momento, se conoce que se desarrolla otra solicitud del Movimiento Ahora, que busca el mismo final para el CPCCS.
Finalmente, se podría asegurar que el futuro del CPCCS parecería estar en manos de la ciudadanía, pues por ley es un derecho democrático elegir a los consejeros en comicios electorales y de igual manera, determinar la eliminación de la institución. Sin embargo, ante los evidentes actos promulgados por ciertos grupos de poder de Ecuador, en las últimas semanas, se pone en tela de juicio las verdaderas intenciones que se tiene con esta institución y las competencias que se le atribuye, pues no se puede ocultar que existen intereses particulares en esta medida.
