Representantes de trabajadores, organizaciones sociales y academia demandan la inconstitucionalidad de acuerdo entre el Gobierno y el FMI.
El FMI desembolsará a Ecuador un total de 4.500 millones de dólares, como resultado de un convenio firmado entre el gobierno del país sudamericano y el organismo en marzo de este año. Sin embargo, la ciudadanía ecuatoriana afirma desconocer las condiciones establecidas por el prestamista internacional dentro de este nuevo proceso de contratación de deuda externa.
Es por eso que el pasado 21 de agosto, representantes de organizaciones sociales, de los trabajadores y la academia presentaron una acción ante la Corte Constitucional, para que ratifique la necesidad de que el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional sea conocido y aprobado por la Asamblea Nacional aplicándose el control de constitucionalidad, requisito imprescindible para la aplicación del acuerdo y los condicionamientos expuestos en la Carta de Intención.
Tras la asunción al poder de Lenín Moreno en Ecuador, en mayo de 2017, las gestión gubernamental dio un viraje a la derecha, a través de acciones que fueron calificadas de traición por parte de sus excompañeros de partido.
Como resultado del cambio de rumbo, después de una década, el FMI regresó al país de la mano de Moreno. En dos años de gestión se han despedido a más de 200.000 empleados públicos, detenido la construcción de infraestructura y la inversión pública, así como, la generación de empleo y el incremento en el precio de combustible.
La acción presentada busca, además, que la Corte Constitucional disponga a la Presidencia de la República, le remita el instrumento o instrumentos internacionales que el Estado ecuatoriano ha suscrito con el Fondo Monetario Internacional para contratación de deuda externa. Dinero del que nuestro país ya ha recibido desembolsos por parte del FMI. Esto debido a la escasa información brindada por parte del gobierno nacional a la ciudadanía y la preocupación general por el impacto que las medidas puedan ocasionar a los derechos de las y los trabajadores ecuatorianos.
Los demandantes son representantes de la Integración de Federaciones Ecuatorianas Sindicales (IFES), Acción Jurídica Popular (AJP) y el Centro de Derechos Económicos y Sociales (CDES).
La demanda señala que el acuerdo con el FMI inobserva los pasos constitucionales que se deben cumplir para aprobar un tratado internacional de estas características. Expone las contradicciones entre el contenido del acuerdo y las disposiciones constitucionales sobre la garantía de los derechos humanos y la jurisdicción nacional. Los demandados en representación del Estado ecuatoriano son: Lenín Moreno Garcés, Richard Martínez, Sandra Argotti, César Litardo e Íñigo Salvador Crespo.
Los ecuatorianos recuerdan la presencia del organismo económico en los años anteriores al gobierno de Rafael Correa y manifiestan su temor de que, la presencia del FMI en el país, signifique nuevos problemas económicos en una frágil economía dolarizada que pueda originar nuevas olas de migración masiva como en los años 90 y 2000 tras el denominado “feriado bancario”.
