Pablo Romero fue detenido para su extradición a pedido del gobierno de Ecuador. A espera de una decisión sobre su asilo político que incomprensiblemente aún no se le ha concedido.
El que fuera director del SENAI fue involucrado en el llamado Caso Balda, un esperpento judicial producto de una invención para involucrar a Rafael Correa, a quién se acusa de haber ordenado un secuestro, sin haber presentado prueba alguna.
Que en el caso de Ecuador hay persecución política lo dice Interpol, lo afirman la CIDH y la ONU empieza observarlo. Se puede esperar de un gobierno que se dice progresista como el español, integrado por el PSOE y Unidas Podemos, sea garantista con los derechos humanos.
Pero no es así en este caso. El gobierno español todavía no concede el asilo político. La Red Internacional de Organizaciones de la Sociedad Civil Ecuatoriana (la RED), está estudiando acciones internacionales en contra del gobierno del Ecuador, contra quién ya inició otro tipo de acciones ante ONU y la CIDH hace meses, y anuncia acciones de visualización en toda Europa, así como una manifestación el día sábado 22 a las 18 horas en la Puerta del Sol (Madrid).
