Crisis económica y violación de los Derechos Humanos en Honduras

Amparados en la doctrina neoliberal y en el afán de la reproducción del capital a costa del trabajo, los grupos oligárquicos criollos, bajo la coordinación del régimen ilegítimo de JOH, aprobaron la Ley de Trabajo Por Hora (negándose la posibilidad de sindicalización de los trabajadores por hora), generando la violación de todos los derechos y las conquistas laborales de la clase trabajadora.

Lo anterior se acompañó de la invasión tecnológica-militar y desalojos violentos de las comunidades de los pueblos originarios y afrodescendientes, con el fin de desarrollar políticas extractivistas, que tuvo como desenlace fatal (aunque no único) el asesinato de Berta Cáceres.

Entonces, luchar contra JOH, es luchar por libertad para los presos políticos, por mejores condiciones laborales, por derechos sexuales y reproductivos plenos para las mujeres y un alto a los femicidios, la re-nacionalización de las empresas privatizadas, la ruptura de los acuerdos con el imperialismo que violenten nuestra soberanía, la auditoria forense de la deuda pública.

Es permanecer contra el extractivismo, a favor de la expulsión de las bases militares norteamericanas y contra el desempleo y la pobreza, que impele a miles de hondureños a emigrar del país. En resumen, se debe luchar contra la profundización del modelo neoliberal exacerbado que ha ido enraizándose en Honduras.

Suazo (febrero 2, 2019) apunta que dentro de los logros de los que el régimen presume, para justificar su política neoliberal, se señala una baja tasa de inflación de 4.22% en 2018, cuando en 2013 era de 4.92%. Por su parte el PIB muestra una tasa de crecimiento de 3.6% en 2018, mayor a la que se tuvo en 2013 (2.6%), aunque inferior al 3.7% alcanzado en 2010 en el inicio del gobierno nacionalista post golpe de Estado con Porfirio Lobo Sosa a la cabeza. Asimismo, el régimen subraya los logros obtenidos en materia de estabilidad económica y crecimiento del PIB, medida por una reducción del déficit fiscal de -7.9%/PIB en 2013 a -3.5%/PIB en 2018.

No obstante (Suazo, febrero 2, 2019) el régimen omite referirse al sobre endeudamiento de la economía hondureña. En 2010, la deuda representaba el 29.62%/PIB y en 2019 el 47.5%/PIB, según cifras del gobierno, las cuales han venido siendo cuestionadas por el FOSDEH al considerar que la deuda total hace tiempo superó el umbral del 50%/PIB, con un monto de $ 16,556.10 millones para 2018.

Las cifras oficiales muestran que la deuda total pasó de $ 4,819.17 millones en 2010 a $ 10,928 millones en 2017, un incremento de 126.7%. Entre 2013 y 2017, la deuda total aumentó en 36.5%, o sea en más de $ 2,900 millones. Todo ello, sin mencionar el escandaloso despilfarro de fondos públicos adquiridos por mediación de nuevo endeudamiento para, supuestamente, combatir al COVID-19.

El sobre endeudamiento no solo ha servido para financiar las brechas fiscales y financieras del gobierno, sino también los proyectos de infraestructura y las deudas de las Empresas Públicas, particularmente de la ENEE. También para los programas de compensación social como Vida Mejor, y para cubrir importaciones de productos derivados del petróleo, equipos y demás materias primas.

En la práctica, tanta deuda no ha contribuido para que el país mejore sus cuentas externas (aumentos de exportaciones) ya que el déficit comercial superó los 5,540 millones de dólares (noviembre, 2018), cuando en 2013 era de $ 3,814.8 millones. (Suazo, febrero19, 2019).

La reducción del gasto (Suazo, febrero 2, 2019) en salud y educación y el aumento del gasto en seguridad se acompaña del mayor pago del servicio de la deuda externa. En salud el gasto disminuyó de 12.8% en 2006, a 11.8% % en 2016, y en educación de 28.7% a 20.1%.

En contraste, se observa un aumento considerable en el presupuesto de defensa y seguridad, y por el pago de la amortización de la deuda pública. En defensa y seguridad el gasto aumentó su participación de 7.5% en 2006 a 13.7% en 2016; o sea un aumento de 399%, unos L. 13,511 millones. La amortización de la deuda pública pasó de absorber el 11.6% del gasto bruto total en 2006 a 23.9% en 2016, un aumento de más de 413%, o sea de L. 23, 763 millones.

Asimismo (PST, enero 28, 2019) se mantiene en un 5% la tasa anual de devaluación del lempira frente al dólar, lo que contribuye al empobrecimiento del país, donde ya unos 4 millones de hondureños se encuentran en la extrema pobreza. No es casualidad que miles de personas huyan del país en caravanas. El mensaje es claro, vivir bien en Honduras es prácticamente imposible. Sólo en el año 2018 fueron deportados de EEUU y México alrededor de 75 mil hondureños.

Una política de Estado de violaciones sistemáticas de los Derechos Humanos, en la que la institucionalidad llamada a su defensa, se ha convertido en cómplice, incluyendo a organizaciones de sociedad civil.

Se estima que más de 250 campesinos e indígenas han muerto por defender su patrimonio natural ancestral, unos 120 campesinos guardan prisión acusados de invasores de tierras, aunque lo que exigen es la aplicación de la ley en lo que respecta a los sobre techos agrarios y uso de las fuentes de agua por las comunidades. Los jóvenes universitarios y de educación media han sido golpeados, gaseados, perseguidos y encarcelados por el cargo de destructores de la propiedad privada y subversivos. (Suazo, febrero 2, 2019).

Desde 2014 (Suazo, febrero 2, 2019) la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CID) y su Relatoría Especial han registrado 18 asesinatos de periodistas y trabajadores de medios de comunicación en el país, y han sido informadas sobre decenas de agresiones físicas, ataques y amenazas. Los periodistas que cubren corrupción, crimen organizado, protestas sociales y reivindicaciones de territorios enfrentan un riesgo muy elevado de ser víctimas de violencia, proveniente tanto de agentes estatales como de terceros particulares con el propósito de castigar y silenciar su labor.

Por otro lado (PST, enero 28, 2019) tenemos a los sectores populares y sociales que en los últimos años han mantenido una resistencia contra las políticas entreguistas y privatizadoras del dictador. El 2018 fue un año que, pese a la represión y el reflujo de la lucha contra la dictadura, tuvo escenas muy importantes, como las luchas estudiantiles, la resistencia en Guapinol, la resistencia en Choluteca contra JOH y la minería, las luchas contra los proyectos hidroeléctricos, los paros de transporte, huelgas en el sector salud, movilizaciones por la liberación de los presos políticos y pequeñas expresiones en sectores obreros como las maquilas

Esta resistencia actúa en el terreno de las exigencias directas al gobierno, a diferencia de LIBRE, que ha enfocado todos sus esfuerzos en negociar en el Congreso Nacional reformas electorales que implicaron la creación de nuevas instituciones electorales ante los cuales consiguió legítima representación.

De esta manera, aunque la dictadura de JOH ha perdido terreno, las políticas neoliberales se han afianzado, por lo que resulta necesario aprovechar las contradicciones a lo interno de la burguesía hondureña (sector bancario contra el resto de la burguesía) que se refleja dentro de la cúpula del partido nacional.

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