En 2012 el Gobierno español, dirigido en aquel entonces por el Partido Popular, aprobó una reforma laboral. Aquella, fue criticada por diversos sectores y agentes, por los cambios que supuso para la clase trabajadora.
En plena crisis sanitaria, económica y social, salta la polémica por un acuerdo para su derogación entre el PSOE, Unidas Podemos, y EH Bildu. El foco del enfado se ha dado en la CEOE, quién se retira de la mesa del diálogo social y exige explicaciones sobre dicho pacto.
La reforma laboral aprobada por el PP
A finales de 2011, el recién constituido gobierno del PP, pidió a patronal y sindicatos que presentaran una propuesta conjunta para una reforma laboral. Dándoles un plazo de pocas semanas y en un contexto de crisis económica.
Llegaron a un acuerdo en puntos como la moderación salarial, no en temas como el despido o la contratación. Por lo que el Gobierno de Rajoy decretó por ley una reforma unilateral. En el caso de despido improcedente para los contratos indefinidos, la indemnización disminuyó de 45 a 33 días por año trabajado. El límite de mensualidades, bajó de 42 a 24.
Respecto al despido por razones de producción, económicas y organizativas, marcó una indemnización de veinte días, por año trabajado. Permite la prioridad de los convenios de empresa, sobre los estatales o autonómicos.
También posibilita que el empresario incumpla lo acordado en un convenio colectivo en lo concerniente al horario, al reparto del tiempo de trabajo, los turnos, los sueldos o las funciones. Siempre que concurran razones económicas, organizativas o de producción.
La prórroga de los convenios sin vigencia, fue limitada a un año. Las pymes con menos de 50 trabajadores, podían crear un contrato que posibilitaba un periodo de prueba de un año sin indemnización por despido.
Las previsiones del contexto económico que quedará indican que España se halla en la mayor caída del PIB desde la Guerra Civil. Algunas voces críticas, como José Luis Bonet, presidente de la Cámara de España, se centran en que en el momento actual, modificar una ley así supone una absoluta irresponsabilidad.
Por esa línea le sigue la CEOE, quen denuncia que supone un desprecio al diálogo social, después de denunciar que cancela las reuniones que tenía previstas rompiendo el diálogo social.
Ante esto los sindicatos valoraron de forma positiva que la derogación de la reforma laboral vuelva a la agenda política. Otras voces reconocen que la reforma laboral impulsada por el PP alteró las relaciones de fuerza entre trabajadores y empresarios, dándole más flexibilidad al empresario y menos protección al trabajador.
La derogación de esta reforma supondría volver a los 45 días de despido por año cotizado, mayor rigidez en los ERE y los ERTE y eliminar toda la flexibilidad en cuanto a contratación y despidos.
Los objetivos que el PP marco para la reforma laboral se basaban en tres ejes principales. Dotar de flexibilidad interna en las empresas como alternativa a la destrucción de empleo; fomentar la contratación indefinida y favorecer la empleabilidad.
La realidad que muestran los estudios realizados años después de la aplicación de la reforma por diversos agentes, está muy alejada de aquellos objetivos iniciales. En el cómputo general del Estado, el paro creció casi el doble en el periodo entre 2011 y 2013.
Creció el paro, aumentaron los parados de larga duración y hubo una reducción de la población ocupada. La destrucción de empleo se dio en todas las provincias, el número de despidos se incrementó al igual que el trabajo precario, con el aumento de contratos temporales y el descenso de los contratos indefinidos.
Para intentar entender la necesidad de derogar la Reforma Laboral, hablamos con Oskar Matute, actual portavoz de EH Bildu en el Congreso de los Diputados, así como diputado por Bizkaia en las Cortes Generales.
La reforma laboral está cerca de cumplir una década, ¿por qué derogarla en pleno contexto de crisis sanitaria?
Derogar la reforma laboral del 2012, que es la última realizada, es un imperativo ético desde la izquierda para corresponder de forma positiva a las movilizaciones sostenidas por los y las trabajadoras en defensa de sus derechos y su dignidad, que fueron esquilmados con dicha reforma y otras anteriores.
Por tanto, derogar la Reforma Laboral del 2012 es una cuestión de justicia popular. Pero no solo eso, acabar con esas leyes actualmente vigentes puede permitir habilitar una salida en la gestión de la crisis, que ya amenaza a las clases populares, que impida que esta crisis la vuelvan a pagar los y las de abajo.
Esta derogación restituye derechos y umbrales de dignidad para la clase trabajadora en la medida en que puede acabar con la temporalidad, la precariedad que especialmente se ceba en mujeres, jóvenes y parados y paradas de más de 52 años, el abaratamiento del despido o la limitación en la ultraactividad de los convenios. Es, en definitiva, defender a las personas y sus vidas de la voracidad de los mercados y el modelo económico capitalista neoliberal.
Parte de las medidas recogidas en la reforma laboral del 2012, fueron decididas de manera unilateral ¿por qué ahora las críticas?
Más que decidida de manera unilateral entre gobierno y la patronal, cabría decir que la patronal mandó y el gobierno títere de entonces ejecutó.
Ponen el grito en el cielo porque ellos (patronal y políticos a su servicio) prefieren jugar la partida en un terreno de juego desigual y más acorde a sus intereses. Un lugar donde la negociación entre iguales es una quimera. A esa gente hay que recordarles que su voto no vale más que el de cualquier persona ya sea esta médica, obrero, celadora, enfermero,
Que aquí lo que esta en juego es que tengan claro que las vidas de la gente valen más que sus ansias de beneficio empresarial. Que ha llegado el momento de que los aplausos desde los balcones a todos los y las imprescindibles, se traduzcan en acciones claras, directas y concretas para dignificar sus vidas ahora y en el futuro.
¿Cuál debería ser la base del debate?
La base del debate, desde nuestro punto de vista, solo puede ser una: cómo garantizamos que esta crisis no la van a pagar las clases populares. Cómo articulamos un modelo de sociedad desde la transformación del actual, nunca reedición, capaz de poner la vida en el centro y dotando de dignidad a las vidas de la gente, de toda la gente.
Nuestro objetivo es que acabadas las medidas extraordinarias, que no son sino un esfuerzo económico del poder público no previsto, la realidad a la que aterrice la gente no sean las asociadas a un mercado laboral con desprotección social y laboral, con precariedad, con feminización de la pobreza, con fuga de nuestros jóvenes para buscar fuera lo que aquí no somos capaces de ofrecerles.
Con, en definitiva, un modelo que cronifica, perpetúa y agranda la desigualdad.
A las pocas horas de hacerse público el acuerdo, el PSOE reculó. ¿Cuál es la razón?
No nos toca a nosotros especular sobre las razones para el jaleo y cierto desconcierto que se haya podido vivir. Nosotras y nosotros somos gente de palabra y cuando tenemos un acuerdo lo cumplimos. Estamos convencidas y convencidos de que así será esta vez. De hecho, en eso nos vamos a empeñar.
El acuerdo contemplaba la derogación de la reforma laboral del 2012 en su integridad antes del fin de las medidas extraordinarias, así como dotar de mayor capacidad de gasto, fuera de la regla de gasto, a aquellos municipios con remanentes, en politicas para hacer frente a las consecuencias del COVID-19.
Y, en su tercer punto, se establecía un canal de seguimiento del cumplimiento del acuerdo. En este canal que pediremos se active cuanto antes es donde se debe ir evaluando el nivel de cumplimiento del acuerdo. Un acuerdo que establecía con claridad un qué (derogar la reforma laboral del 2012 y dotar de más recursos a entidades locales) y un cuándo (antes de que acaben las medidas extraordinarias) . Ahora toca que quienes gobiernan determinen el cómo.
¿Por qué las críticas desde la derecha por la participación de su partido en el acuerdo?
EH Bildu es más democrático que muchos “agentes” que se llevan las manos a la cabeza por este acuerdo. Nosotros y nosotras, a diferencia de los lobistas, nos presentamos a las elecciones, ellos no. Y respecto al PNV sinceramente creo que esa visión de capacidad única para influir y obtener resultados de las negociaciones en el estado se les ha caído.
Uno de los mantras, el del patrimonio de la capacidad de incidencia o influir, se ha ido. La diferencia en todo caso estriba en para qué influimos unos y otros. Ellos lo pueden hacer para conseguir más kilómetros del TAV generando gran beneficio en unos pocos, mientras nosotras y nosotras para favorecer las condiciones de vida de las clases populares.
