Ha pasado un mes y el titular de la Asamblea Nacional, Cesar Litardo, no da paso al llamamiento del Contralor General del Estado, Pablo Celi de la Torre y de la Fiscal General del Estado, Diana Salazar para que, documentadamente, informen sobre las acciones realizadas respecto a las compras de insumos médicos con presumible sobreprecio en marco de la emergencia sanitaria por el COVID-19.
La solicitud fue presentada el pasado 7 de mayo por la asambleísta de Tungurahua Lira De La Paz Villalva Miranda, luego de varias denuncias presentadas por ciudadanos y funcionarios públicos en diferentes medios de comunicación.
En la misiva se pidió que Litardo se sirva incluir en la agenda de la próxima sesión Plenaria de la Asamblea Nacional la comparecencia indelegable del Contralor y la Fiscal para aclarar las gestiones realizadas ante los presuntos actos de corrupción conforme lo establecido en el numeral 5 del artículo 12 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa.
El Ecuador ha visto cómo la Prefectura del Guayas, el Municipio de Quito, la Secretaría de Riesgos, los hospitales públicos y el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, han estado en el ojo del huracán después de las denuncias de sobreprecio.
La opinión pública advierte que este es el momento para aplicar aquella cirugía mayor para extirpar la corrupción que tanto han mencionado varios asambleístas y en este sentido la Función Legislativa no puede desentenderse de sus obligaciones constitucionales.
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