Monopolio del pox en Chiapas a mediados del siglo XX

Como parte de la política posrevolucionaria, desde 1929 hubo en México campañas en contra del alcoholismo, promoviendo el arte y el deporte como actividades alternativas. Al gobierno le preocupaba el consumo de alcohol sobre todo en las comunidades indígenas; tal situación no tenía mucho que ver con la salud de la gente: desde el porfiriato se trataba de integrar al indígena a la vida económica del país, siendo el alcohol un obstáculo, pues un indígena alcohólico no podía ser productivo.

También había una condena social de clase, pues al indígena se le perseguía por sus borracheras, mientras que la gente acomodada no sufría ningún señalamiento ni detención, siendo bastante escandalosos y violentos cuando bebían.

Por mandato del Instituto Nacional Indigenista, entre los años 1954 y 1955 se llevó a cabo una investigación comandada por el antropólogo Julio de la Fuente en la región conocida como los Altos de Chiapas (conformada por 17 municipios, donde destaca el de San Cristóbal de las Casas como centro regional); dicha investigación tenía como objetivo estudiar los efectos sociales y económicos del consumo de alcohol entre los indígenas tzeltales y tzotziles que habitaban los Altos.

Sin embargo, el grupo de investigadores se encontró con una situación que acaparó su atención, centrando buena parte del estudio en ella: desde finales de la década de 1930, los hermanos Hernán y Moctezuma Pedrero Argüello habían forjado un monopolio de pox (pronunciado “posh”) -aguardiente maya elaborado a base de maíz-, que tejía sus redes de corrupción y acaparamiento incluso fuera de los Altos, llegando a controlar no sólo la producción, sino también la distribución y la venta de la bebida en casi la mitad del estado de Chiapas.

Gracias a la alta demanda de la bebida y los elevados precios que imponían, los hermanos Pedrero tenían la capacidad económica para sobornar y presionar a los gobernadores del estado y cualquier autoridad que tratara de hacer cumplir la ley. Incluso las inspecciones federales que supervisaban las condiciones sanitarias de la producción caían en las redes del soborno y eran obligados a dar informes satisfactorios.

Resultaba paradójica entonces la postura del Estado mexicano en torno al consumo de alcohol, pues los gobiernos, en contubernio con los empresarios, se beneficiaban de la venta de bebidas embriagantes. Ignorando las políticas federales y con el respaldo de las autoridades, se construían destiladoras cerca de comunidades indígenas, alentando así el consumo que supuestamente se quería evitar.

La calidad del pox de los Pedrero era muy baja, se sospechaba que causaba ceguera e incluso la muerte por el uso de sustancias químicas nocivas y las condiciones insalubres en su producción (por ejemplo, se almacenaba en contenedores oxidados). Los tenderos no podían comprar aguardiente a otro productor que no fueran los Pedrero, pues estos tenían la influencia para enviar inspectores de Hacienda que confiscaban el producto argumentando falta de recibos de venta y de impuestos.

Se vivía con temor a denunciar todos estos abusos, ya que prácticamente ninguna institución del estado de Chiapas había escapado a la corrupta influencia del monopolio. La gente solicitaba ayuda para la disolución del monopolio mandando cartas al presidente del país, pero cuando este emprendía acciones pidiendo apoyo al gobierno chiapaneco, se retractaban por temor a las represalias.

Para evadir el peligro, se buscaban formas más sutiles e indirectas de quejarse: se pedía apoyo para establecer campañas en contra del alcohol, solicitando por ejemplo que se cerraran los centros de vicio locales, sin mencionar directamente a los hermanos Pedrero.

Para que un monopolio como éste se desarrolle con la magnitud que lo hizo, además de las prácticas desleales para su imposición en el mercado, es necesario que haya una alta demanda por el producto. En este sentido hay que mencionar la importancia del pox en la vida religiosa y secular de tzotziles y tzeltales.

La bebida se produce en la región desde la conquista, siendo utilizado desde entonces como bebida ritual y lúdica en ceremonias (matrimonios, nacimientos, bautizos, velorios). Por otro lado, se usa para tratar enfermedades y para hacer baños de vapor; de hecho, en lengua tzotzil pox significa “medicina”.

Ante esta situación, el pox comenzó a producirse de manera “clandestina” por parte de las comunidades indígenas. El calificativo de “clandestino” fue promovido por los Pedrero para obstaculizar cualquier intento indígena de producir su propio pox.

Los productores clandestinos eran considerados héroes, pues proporcionaban un producto necesario para la comunidad, el cual era de mejor calidad a un costo mucho menor que el del monopolio, además de que desde luego corrían el riesgo a sufrir las represalias, las cuales no se hacían esperar.

Lamentablemente, sí había un abuso en el consumo de la bebida que causaba violencia, disolución familiar, agotamiento de los recursos comunitarios e incluso afectaba la asistencia escolar, pues los niños también consumían el pox y se les llegaba a ver tirados en las plazas de tan borrachos que se encontraban.

En este sentido, hay que señalar que el alcoholismo es un problema complejo que no solo depende del individuo, pues en un entorno marginal donde existe sometimiento y condiciones de vida precarias, las personas buscan salida a la realidad que los oprime.

Julio de la Fuente y compañía expusieron los resultados de su investigación en un informe que denunciaba el contubernio entre el gobierno del estado de Chiapas y los hermanos Pedrero Argüello, siendo censurado por tal motivo durante mucho tiempo. El trabajo vio la luz el año 2009, cuando fue publicado bajo el título de “Monopolio de aguardiente y alcoholismo en los Altos de Chiapas. Un estudio ‘incómodo’ de Julio de la Fuente”.

El presente texto se basa en el estudio introductorio de dicha publicación, a cargo de Stephen E. Lewis.

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