Las medidas de bloqueo impuestas de manera unilateral por Estados Unidos (EEUU), e impulsado de manera acérrima por la administración del presidente Donald Trump, afecta perjudicialmente en la vida de millones de ciudadanos de Venezuela, sin distinguir las posiciones políticas de estos.
Es decir, afecta por igual a todos los venezolanos y venezolanas, incidiendo sensiblemente en sectores tales como la salud, educación, alimentación, entre otras esferas se encuentran entre las más afectadas por esta política, denunciada en múltiples ocasiones frente a los organismos internacionales.
Dichas sanciones se basan en la aplicación de dos leyes del Congreso estadounidense, las cuales fueron aprobadas durante los años 1976 y 1977, otorgando poderes especiales al Presidente de Estados Unidos ante situaciones de “emergencia nacional”.
En el marco de esta atribución, el presidente Barack Obama, en el año 2015, declaró a Venezuela una “amenaza inusual y extraordinaria a la seguridad nacional de Estados Unidos”.
Todo ello apoyado en una política sustentada jurídicamente en una situación de “excepcionalidad”, dicho instrumento permite EE.UU. aplicar diversas políticas intervencionistas por medio de amenazas y agresiones a otras naciones, buscando sancionar personas e instituciones, dentro y fuera de Estados Unidos. Asimismo, permitía confiscar fondos y activos e incluso ejecutar acciones militares.
Ante esa situación, la Ley Anti bloqueo asume el concepto de Naciones Unidas de las medidas coercitivas unilaterales, al considerarlas como: “medidas económicas, comerciales u otras medidas adoptadas por un Estado, grupo de Estados u organizaciones internacionales que actúan de manera unilateral para obligar a un cambio de política de otro Estado, o para presionar a individuos, grupos o entidades de los estados seleccionados para influir en su curso de acción”.
Bajo dicho criterio, Ley Antibloqueo se ajuste plenamente al Derecho Internacional Público y en especial al derecho al desarrollo. Las medidas estadunidenses incluyen un conjunto de acciones orientadas a asfixiar la economía del Gobierno venezolano. De igual forma, procura induce una crisis multidimensional la cual incide en la propia soberanía del país sudamericano.
El bloqueo económico, financiero y comercial impuesto por EE.UU. forma parte de una doctrina de la nación norteamericana para generar un cambio de régimen en el país, que responda a sus intereses. Dichas sanciones persiguen los siguientes nefastos objetivos.
- La persecución financiera para asfixiar al país económicamente
- Operaciones jurídico-políticas en tribunales extranjeros para despojar al país de sus activos.
- Embargo económico del petróleo y los productos venezolanos
- Sabotaje interno, para provocar la destrucción del equipo y aparato industrial de PDVSA.
Las referidas medidas coercitivas implementadas contra Venezuela en el en el último sexenio (2014 y 2019), causaron una caída de 99% en los ingresos externos en divisas. De cada 100 dólares o euros que el país obtenía por venta de petróleo en 2014, hoy obtiene menos de un dólar. Venezuela pasó de 56 mil millones de dólares a menos de 400 millones de dólares en 2019.
Tal contexto de nefastas repercusiones ha hecho necesario cambio profundo del marco jurídico e institucional, con el fin de recuperar la economía y generar nuevas condiciones de producción de riqueza, adaptadas a estas agresiones.
La ley antibloqueo es una respuesta soberana del Estado en su conjunto, que en un marco jurídico especial y temporal, permitirá a la República proteger nuestros activos internos y externos de la amenaza de confiscación, robo y saqueo por parte de gobiernos extranjeros, y empresas alineadas al bloqueo, por una gestión eficiente de los mismos.
De igualmente, la referida Ley procura fortalecer la administración pública y mejorar los ingresos de la nación. Todo ello creando incentivos racionales bajo controles flexibles, para estimular la actividad económica interna y crear alianzas estratégicas externas que beneficien el desarrollo nacional.
La ley antibloqueo plantea de manera directa, promover alianzas con sectores productivos dentro y fuera de Venezuela, con el fin de desarrollar los sectores económicos como hidrocarburos, agrícolas, servicios, etc.
Asimismo, se optimizará el ingreso nacional, la participación accionaria del Estado en empresas mixtas, de igual forma, se gestionarán activos y pasivos del Estado a fin de aumentar ingresos de la nación.
También destaca la creación de incentivos laborales y tributarios, fortaleciendo al mismo tiempo la estabilidad jurídica de sectores y áreas productivas. De igual forma, se pretende potenciar el uso del Petro y otras criptomonedas en el comercio interno y externo, y que se puedan usar todas las criptomonedas del mundo para el comercio interno y externo.
La referida ley, también defenderá la estabilidad laboral para todos los trabajadores y el pleno disfrute de los derechos sociales en aquellos donde ejerzan las acciones contempladas en la misma.
Cabe destacar, que los recursos que sean obtenidos en Venezuela tras la promulgación de la Ley, se usarán para fortalecer el ingreso real de los trabajadores, y las políticas para la recuperación progresiva del salario. También procura vigorizar la las políticas de protección social del Estado como la alimentación y la salud.
Los ingresos extraordinarios que sean percibidos por la República mediante las alianzas productivas, se invertirán de forma obligatoria en programas como el CLAP, en protección de niños, niñas, adolescentes, madres, sectores vulnerables, mejorar servicios públicos, agua, luz, gas, telecomunicaciones, transporte, entre otros.
Proyecto de Ley Antibloqueo funge como una clara alternativa para la contención y la anulación de los efectos a los ataques sistemáticos contra la economía venezolana, por lo que el Poder Plenipotenciario representado en la Asamblea Nacional Constituyente se declaró en emergencia reglamentaria para la revisión, difusión y aprobación en el más corto tiempo a este proyecto de Ley.
Tambioen es importante destacas quién controlará y supervisará esta Ley. La misma estará sujeta a controles constitucionales en un marco de cooperación y colaboración para el cumplimento de sus altos fines por parte de todas las ramas del Poder Público.
De igual forma, por sus objetivos y naturaleza estratégica, corresponderá directamente al Consejo de Estado la supervisión y seguimiento de la aplicación de la Ley, y la verificación del cumplimiento de sus fines en la mitigación y reducción de los impactos causados por las medidas coercitivas unilaterales. De esta manera, todos los actos públicos dictados en aplicación de esta ley quedan sometidos a control posterior por parte de la Controlaría General de la República.
En el año 2020 Venezuela instó a Naciones Unidas a debatir y buscar una fórmula de financiamiento para los países afectados por las medidas coercitivas unilaterales, las cuales sólo agravan las condiciones de pobreza y vulneran aún más el derecho al desarrollo de los pueblos. Las acciones para contrarrestar estas medidas injerencistas deben ser parte de los esfuerzos de la Agenda 2030 para consolidar un desarrollo sostenible, justo e inclusivo.
El multilateralismo es la mejor vía para enfrentar los problemas comunes que tiene la humanidad actualmente, al tiempo que pidió a todas las naciones a avanzar en el reconocernos como iguales en una coexistencia de lo diverso, donde el respeto y la cooperación rijan las relaciones.
Esto representa un llamado urgente por la supervivencia, no sólo de la humanidad. Venezuela ratifica lo contentivo en la Agenda 2030 de desarrollo integral, sostenible y ratifica su apoyo al sistema de Naciones Unidas para que se haga realidad en nuestro territorio.
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