El respeto de La Transición al Tribunal de Orden Público franquista

El régimen franquista buscó, desde sus orígenes, crear una densa legislación represiva que englobase todos los ámbitos de la vida social. Entre este corpus legal destacó, por ejemplo, la Ley de Represión de la Masonería y el Comunismo (1940), la Ley de Rebelión Militar (1943) o la Ley de Orden Público (1959).

Tras algunos de los escándalos internacionales de finales de los años 1950 y comienzos de los 1960, en el contexto de la Guerra Fría, como el fusilamiento del dirigente comunista Julián Grimau (por acusaciones de la Guerra Civil), se creó el Tribunal de Orden Público (TOP), que sustituyó al Juzgado Militar Especial Nacional de Actividades Extremistas, mediante Ley de 2 de diciembre de 1963. Con ello, se pretendía proyectar una imagen internacional de “estado de derecho”, y evitar la denunciada indefensión de los procesados en la jurisdicción militar y las frecuentes irregularidades que tenían lugar en los procesos.

El tribunal fue creado, específicamente, “(…) para conocer de los delitos cometidos en todo el territorio nacional singularizados por la tendencia en mayor o menor gravedad a subvertir los principios básicos del Estado, perturbar el orden público o sembrar la zozobra en la conciencia nacional”. El TOP se creó junto al Juzgado de Orden Público (JOP), el segundo instruía los sumarios y el primero juzgaba y sentenciaba.

Aunque el TOP fue un tribunal especial, encargado de la represión, los consejos de guerra siguieron siendo aplicados como mecanismos represivos, como el “juicio de Burgos” (que acabó con los últimos cinco fusilados del franquismo) y los sucesos de Sardina del Norte (Canarias) que condenó a militantes del PCE y de CCOO.

La represión

El TOP representó la misma esencia nuclear de la dictadura franquista, y fue el último de los muchos tribunales especiales represivos. Por eso, controló cualquier manifestación cívica de la sociedad, condenando esos comportamientos con condenas a largos años de cárcel o, incluso, a pena de muerte.

Su creación comportaba pasar la represión de la disidencia política a un tribunal especial, dentro de la jurisdicción ordinaria. Por eso, no supuso una disminución de la represión, sino una recomposición de la misma, para adaptarse a la nueva situación. El régimen era consciente de que los cambios sociales e internacionales hacían imposible la represión brutal de los años 1940, pero no se podía descontrolar la sociedad.

Por eso, el TOP aseguraba que el coste humano de tomar parte en esa movilización social fuese demasiado elevado. La historiadora Carme Molinero señala que se puede establecer una relación directa entre la magnitud de la conflictividad social y la actividad del TOP, que llegó a su punto álgido en 1972, cuando se tuvo que crear un juzgado número 2.

El Tribunal inició sus actividades, en 1963, con la condena a 10 años de cárcel para Timoteo Buendía que, después de beber un poco de más en un bar, gritó “¡me cago en Franco!”, por lo que fue condenado por el delito de injurias al jefe del Estado. Él fue el primero de una larga lista, que incluiría también el célebre “Proceso 1.001” que, en 1972, condenó a la dirección de CCOO, incluyendo a Marcelino Camacho, Pedro Santisteban y Nicolás Sartorius.

A muchos de los acusados se les atribuían delitos que, en muchos casos, dependían de las opiniones e interpretaciones personales de los jueces. El colectivo de jueces se identificó, en su inmensa mayoría, con la ideología franquista “de unidad espiritual, política, religiosa, sindical, moral y de cualquier índole” (Francisco J. Bastida).

David Morin, uno de los primeros procesados en el País Vasco, definió el TOP: “No era un tribunal de justicia como tal. Era un elemento político del régimen, que ajusticiaba, que lo utilizaba para que la represión tuviera viso de legalidad”.

En todas sus actuaciones, el TOP estuvo auxiliado por la Brigada Político-Social, la policía política del régimen, creada en 1941. Por sus manos pasaron todos los detenidos por motivaciones políticas; allí eran torturados, antes de pasar a los tribunales. Las condenas se basaban, fundamentalmente, en los atestados policiales de la Brigada Político-Social y las torturas aplicadas a los detenidos.

Los represaliados

Durante su existencia, el TOP inició 22.660 procedimientos, que implicaron a más de 50.600 personas; emitió 3.798 sentencias, de las que casi 3.000 fueron condenatorias, con más de 6.700 condenados, que fueron sentenciados a más de 11.700 años de cárcel, en conjunto. La mayor parte de esos procedimientos, aproximadamente el 60%, se concentraron en la fase final de su existencia, entre 1973-1977, en plena efervescencia social y la búsqueda de la ruptura democrática del franquismo.

Los estudios realizados hasta la fecha han permitido establecer un perfil de los procesados: mayoritariamente obreros y estudiantes, personas muy jóvenes (principalmente entre 19 y 24 años), procedentes de las zonas más conflictivas (Barcelona, Madrid, País Vasco, Asturias, etc.); casi el 11% eran mujeres.

Los delitos más perseguidos eran la asociación ilícita, la propaganda ilegal, las reuniones o manifestaciones no pacíficas, etc. Es decir, este tipo de “delitos” serían comportamientos completamente normales en una democracia.

La mayoría de las personas que fueron procesadas por el TOP, más del 70%, eran personas trabajadoras, ligadas en mayor o menor medida al movimiento obrero. De ahí que los grupos más castigados fuesen el sindicato CCOO, el PCE, el movimiento estudiantil y el nacionalismo vasco.

Los abogados defensores

Un capítulo aparte merecen las personas que se encargaron de la representación de los encausados, el colectivo de abogados comprometido con la defensa de miles de procesados. Su función, claramente esencial, sirvió para dar una respuesta legal a la represión, a través de la defensa jurídica de los detenidos políticos, pero también dando apoyo e impulso a las propuestas democráticos de los sectores comprometidos del movimiento democrático.

Personas como Montserrat Avilés, Josep Solé, Francesc Casares, Josep Benet, Albert Fina, Luis Salvadores, etc., fueron esenciales para luchar contra la represión franquista de las personas detenidas por su activismo político. Pero sirvieron también para poner en evidencia el entramado represivo y la complicidad judicial en el mismo.

La Transición

El TOP fue disuelto por el gobierno de Adolfo Suárez, el 5 de enero de 1977, dando paso, al día siguiente, a la Audiencia Nacional. Y los jueces franquistas supieron adaptarse rápidamente a la nueva situación: 10 de los 16 jueces que tuvieron plaza en el TOP fueron ascendidos al Tribunal Supremo y la Audiencia Nacional. Pero estos tribunales también asumieron parte de sus competencias. Así, gracias a las peculiaridades de la Transición, los magistrados del TOP encontraron un rápido acomodo en las nuevas instituciones democráticas. Es decir, que no sólo no fueron “purgados”, sino que la mayoría fue ascendida. También la situación profesional de los exfiscales fue muy parecida a la de los jueces.

El presidente del TOP, Enrique Amat, fue ascendido al Tribunal Supremo, ya en 1971. José F. Mateu, que estuvo en el TOP durante toda su existencia (y diez años como presidente), pasó al Supremo en 1977. Antonio Torres-Dulce fue, hasta 1986, presidente de la Audiencia de Madrid. José Garralda llegó al supremo en 1980, en sustitución de Amat, que se jubilaba. Los fiscales Félix Hernández y Antonio González llegaron también al Supremo. Otro presidente del TOP, José de Hijas, se jubiló en 1986 como presidente de la Sala Segunda del Supremo. Jaime Mariscal de Gante, padre de la exministra del gobierno de Aznar Margarita Mariscal de Gante, pasó del TOP a una plaza en la Audiencia Nacional.

Algunos magistrados y fiscales que optaron por una carrera diferente a la judicial, también consiguieron “logros” importantes, como en el caso de Diego Córdoba, que pasó de juez de instrucción del TOP a abogado de El País. Paradójicamente, en este mismo medio de comunicación recalaron algunos periodistas condenados por ese mismo tribunal.

En 2010, el exfiscal anticorrupción Carlos Jiménez Villarejo señalaba que jueces y fiscales “fueron cómplices hasta el último día de las torturas de la Brigada Político-Social y nunca abrieron una causa, ni siquiera por lesiones, durante 40 años”.