La degradación de la democracia española por la normalización de la corrupción

Desde hace años, la mayoría de los partidos políticos de este país tienen la “delicadeza” de sorprendernos, cada cierto tiempo, con un nuevo escándalo de corrupción entre sus filas. Pocos hay que se escapen de esta estupenda forma de hacer negocios rentables, más allá de la legalidad, en muchos casos, y de la justicia social, en todos ellos.

El problema es que los propios partidos políticos lo han hecho, sin ninguna vergüenza. El Partido Popular es el principal ejemplo de esta normalización. Desde el “finiquito en diferido, en forma de simulación”, el partido de Pablo Casado ha seguido defendiendo y normalizando las sospechas de corrupción que afectan a sus filas.

Esta defensa se basa en que la corrupción beneficia económicamente a todos los implicados: el partido nutre su “caja B”, las personas implicadas nutren sus cuentas en paraísos fiscales o hacen crecer su patrimonio, etc. Y lo peor es el papel de las grandes empresas: si no fomentasen esa corrupción, si no entrasen en ese juego, no existiría el problema.

Desde el momento en que un ministro es recompensado, tras su salida del gobierno con un puesto en un consejo de administración, en un bufete de abogados, en una fundación, etc., el juego político pierde toda su limpieza y honestidad. ¿Qué favores se estarán pagando para que expresidentes del gobierno, exministros, exconcejales, etc., vayan a parar a esos puestos, en los que cobran por “asesorar”?

Lo peor, lo más inmoral, es que el resto del partido siga apoyando a los imputados, a los detenidos, y que ese apoyo no desaparezca hasta que ya sea totalmente vergonzoso seguir haciéndolo. En el mejor de los casos, lo trasladan al ostracismo, haciendo referencia a “ese señor del que usted me habla”, como pasó con Bárcenas.

Con el paso del tiempo, de los escándalos, de la impunidad, que se ve a diario, la sociedad española ha comenzado también a “normalizar” este tipo de comportamientos. Es más, se ha llegado incluso a justificarlos: si lo hacen “los míos” es porque “los otros” lo hacen aún más. O la famosa frase del cuñadismo navideño: “¿qué harías tu si pudieras trincar?”.

Seamos serios: ¡se trata de un problema que cuesta miles de millones de euros! La normalización ha llevado a que no sea extraño que, a pesar de todo, sigan votándole sus incondicionales: son “creyentes”. Lo que no se puede entender es que el resto de la sociedad continúe votándoles y, por tanto, validando ese comportamiento.

La sociedad se ha acostumbrado a las sospechas, a ver las detenciones en la prensa, a las imputaciones y a las condenas. Pero también a la impunidad judicial con que cuentan muchos de los implicados. Ya considera “lo habitual” que se mientan en los juzgados, que una infanta, un ministro o un expresidente del gobierno mientan descaradamente, diciendo que no sabían nada, que no estaban al corriente de nada, que “eso lo llevaba mi marido”. Mientras tanto, las cifras de la corrupción siguen creciendo.

La sociedad española debe reaccionar, no puede acostumbrarse. Los responsables deben dar explicaciones contundentes ante una situación tan preocupante y que afecta, en todos sus ámbitos, a la misma calidad democrática de este país. Y los delincuentes deben responder, no con la tibieza habitual, sino con una contundencia que, hasta ahora, no hemos visto. ¡Claro! Son los políticos mismos los que legislan sobre las penas que deben afrontar los corruptos.

Las cifras de la corrupción

El PP ha sido el primer y único partido político de Europa condenado por corrupción, hasta el punto que algunos jueces han llegado a calificar al partido de “organización criminal”.

Según la web Casos Aislados, el coste de la corrupción política en España es de 124.000 millones de euros, sin incluir los gastos judiciales, policiales, de investigación, etc. de los procesos. En total, hay abiertos 587 casos, con un total de más de 8.000 implicados, entre todos los partidos políticos e instituciones.

Si comparamos el coste de la corrupción con otros gastos del Estado, podemos ver que el problema no son las pensiones, la sanidad, la educación, etc., sino el problema endémico que tenemos con la corrupción política.

Fuente: www.casos-aislados.com

Si establecemos un ranquin de los partidos políticos más corruptos, los principales representantes del Régimen del 78 se ubican en las primeras posiciones.

(*) El 28 de febrero de 2011 anunció su disolución debido a los numerosos casos de corrupción y su transformación en Convergència per les Illes, que desapareció en noviembre de 2012. Fuente: www.casos-aislados.com

Corrupción “hospitalaria”

El modelo de corrupción que más ha triunfado ha sido el “pelotazo” de la construcción de obra pública, especialmente los equipamientos educativos, sanitarios, judiciales, etc. Lo hemos visto repetidamente: la Ciudad de la Justicia de Esperanza Aguirre, los sobrecostes en la construcción de colegios públicos valencianos de la era Camps, el 1% en el caso de la construcción de carreteras en Madrid, o el “caso 3%” que afectó a Cataluña.

Antes incluso de su inauguración ya se especula con que la construcción del Hospital Enfermera Isabel Zendal acabará en los tribunales, como demuestran experiencias anteriores de “pelotazos” con infraestructuras hospitalarias en la comunidad de Madrid.

Los tres expresidentes de la CAM anteriores, Aguirre, Cristina Cifuentes e Ignacio Aguado, están imputados en el “caso Púnica”, por presuntos delitos de malversación, fraude, falsedad electoral, prevaricación y cohecho. El juez que lleva el caso, Manuel García Castellón, expuso claramente, en 2019, el sistema de desvío de fondos públicos de la construcción de hospitales y centros de salud, hacia las arcas del partido. Es lo que se denominó la “cláusula del 1%”, que llevó más de dos millones de euros a la “caja B” del PP de Madrid, con un sistema similar a las tramas que se produjeron en el PP valenciano.

El sistema es sencillo. La empresa adjudicataria debía abonar, en concepto de publicidad de la obra, el 1% del presupuesto de cada contrato. Evidentemente, esto obligaba a incrementar el sobrecoste de las obras (no lo van a pagar los empresarios), para cubrir ese 1%, que iba en perjuicio del erario público. Es decir, en el perjuicio del conjunto de la sociedad. Según el juez, esto permitía desviar fondos públicos a favor del PP. Estas condiciones se introdujeron en el Plan de Infraestructuras Sanitarias 2004-2008, a través de la Consejería de Sanidad.

Ahora, nuevamente, el Hospital Zendal abre las especulaciones, debido al elevado sobrecoste acumulado, que puede superar el 190%: del presupuesto inicial de 52 millones se llegó a los 100, sólo durante la construcción. Hace pocos días, la CAM de Isabel Díaz Ayuso invirtió otros 25 millones para sufragar servicios y actuaciones, “con carácter de emergencia”, que se están repartiendo, de momento, de manera opaca y, como se suele decir, “entre los de siempre”. Capitalismo de amiguetes.

¿Acabará el Hospital Zendal como la Ciudad de la Justicia de Esperanza Aguirre? La construcción y su sobrecoste es un pastel que se han repartido (y se reparten) entre unas pocas grandes constructoras como Sacyr, Ferrovial, Dragados y media docena más. Además, las licitaciones de los servicios de gestión y mantenimiento también están dando mucho que hablar, por ejemplo, como la contratación de la empresa de una exconcejala del PP, Silvia Cruz, para los servicios de seguridad, también de forma bastante irregular.