Segunda parte de un contenido en el que se explica el funcionamiento del sistema energético en España, aportando las claves para entender que la subida del precio no es simplemente una cuestión puntual. Para entender perfectamente el texto que se reproduce a continuación, se recomienda leer la primera parte haciendo click aquí.

¿Por qué el sector energético está tan por encima de las necesidades de la ciudadanía, por encima del gobierno de cualquier color político? Una de las explicaciones que plantean los expertos es el problema constante que suponen para su regulación las puertas giratorias.

Entre las puertas giratorias se lleva la palma el sector energético, en el que todas las empresas tienen algunos exministros, expresidentes, exaltos cargos de gobiernos, o familiares afines de los mismos, que tienen acceso directo a este tipo de empresas, como en el caso de Carlos de Borbón-Dos Sicilias, primo de Juan Carlos I y consejero “independiente” en Abengoa Solar.

El problema del sector energético

Si el sistema energético español no se ha visto sometido a cambios y transformaciones importantes no es a causa de limitaciones tecnológicas, la falta de emprendedores en el sector de las renovables o aspectos naturales. Se trata, en realidad, de la falta de voluntad política, por parte de los gobiernos, y de las dinámicas establecidas entre éstos y los consejos de administración de las empresas energéticas, siempre en contra del interés general y a favor de unos pocos privilegiados.

De ahí que tanto PP como PSOE no hayan tenido ningún problema en legislar en contra de los intereses del sector de las renovables: se han reducido las primas reguladas, porque es lo que les conviene a las grandes empresas del sector, que se encuentran muy cómodas en la “autorregulación” y la opacidad de sus operativos.

Muchas de estas empresas fueron, en su día, empresas públicas que los gobiernos de Felipe González comenzaron a privatizar, un proceso que culminó, para su propio beneficio, José María Aznar. Por tanto, se puede ver que es un negocio que traspasa, incluso, las barreras ideológicas. Y de ahí el riesgo de que los gobernantes tengan más interés en ganarse un puesto en un consejo de administración que por crear un sector energético estable, autosuficiente, respetuoso con el medio ambiente y que beneficie, realmente, a la ciudadanía.

Las posibles soluciones

El gobierno de PSOE-UP ha pedido a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) que investigue si las compañías eléctricas han hecho trampas en la fijación de esos precios, en perjuicio de los consumidores, otra vez, como ya ocurrió en el invierno de 2016, cuando Naturgy y Endesa alteraron los precios elevando artificialmente la actividad de varias centrales de gas. Ambas empresas fueron sancionadas: 19,5 y casi 6 millones de euros. Bagatelas en los ingentes beneficios de esas empresas.

Sin embargo, esas peticiones del gobierno se quedan en agua de borrajas, como ha señalado la misma CNMC: en sus estatutos se establece que el gobierno no puede interferir en las funciones del regulador, apelando a la independencia funcional y relación con las entidades públicas y privadas.

Aunque las normas sobre el cálculo de precio vienen impuestas desde la UE, sí es cierto que el gobierno podría actuar sobre otros componentes del recibo. Por ejemplo, los peajes los establece el gobierno español, que también determina la presión fiscal que soportan los consumidores finales.

También se podría aplicar un tipo de IVA superreducido, como el de otros productos básicos (4%) o el nivel intermedio (10%).

Es necesaria la reforma del sistema de fijación de tarifas mayoristas del mercado eléctrico, porque está basado en una subasta que fomenta, de forma descarada, la especulación.

Parece que, como medida de urgencia para abaratar el precio de la luz, el gobierno está barajando la suspensión temporal del impuesto de generación, que ahora grava con un 7% la producción eléctrica. Se trata de un impuesto que se aplica a las compañías eléctricas y que éstas repercuten a los consumidores. Esto amortiguaría, de forma temporal, la fuerte subida de los precios de la energía, aunque se trataría sólo de una pequeña parte de la factura, porque los costes fijos quedan fuera del cálculo de los gastos por el consumo.

Pero la medida clave sería poner en marcha la transición ecológica del sistema energético, con la eliminación de la preeminencia de los combustibles fósiles y un apoyo real por las energías renovables. La apuesta decidida por esas renovables permitiría bajar el precio de la luz, pero también las emisiones contaminantes.

Se trata de reformar el sistema eléctrico para pagar a los productores lo que realmente cuesta la electricidad, sin caer en las trampas que suponen sistemas como el de la subasta.

Se debe abordar el problema de fondo, que es la disfuncionalidad del mercado y la actuación, en régimen de oligopolio, de las grandes empresas del sector. Se debe fijar un límite máximo de precio al que las centrales nucleares e hidroeléctricas pueden cobrar la electricidad en el mercado.

Para Unidas Podemos, una de las propuestas que permitiría mejorar el sistema sería la creación de una empresa pública de energía, que apueste por las energías renovables y los beneficios sociales, que pueda competir con el oligopolio energético y que haga lo necesario para afrontar el cambio climático.

Pero lo verdaderamente esencial es la intensa reforma del mercado de subastas: es necesario buscar soluciones definitivas, avanzar hacia una tarifa regulada que proteja especialmente a las familias.