El negocio de las “puertas giratorias” (II): los protagonistas

“Las puertas giratorias existirán siempre”, decía Pedro Solbes, exministro de Economía y Hacienda, en 2018, en sede parlamentaria. Y no ha sido el único en defenderlas. Numerosos políticos, de casi todos los colores, lo han hecho.

Elena Salgado, su sucesora en el ministerio, aseguraba poco después “entender” las puertas giratorias en su caso, porque siempre había deseado ser ingeniero de energía; pero fue nombrada consejera de Endesa unos meses después de dejar su cargo político.

Tras el comienzo de la crisis y después de ver la luz algunos de los escandalosos comportamientos de algunos de los protagonistas de esas puertas giratorias, la sociedad española comenzó a cuestionarse su funcionamiento. Pero se trata de un fenómeno muy extendido en España, a todos los niveles, y “suavizado” por los principales medios de comunicación, que dependen en buena medida de la publicidad de esas empresas para sobrevivir, y que sólo ocasionalmente informan de estas prácticas.

Pablo Iglesias definió el fenómeno de forma adecuada: “las puertas giratorias son corrupción legal e institucionalizada… en este país las empresas energéticas han podido comprarse políticos, llevándose ministros, exministros y expresidentes a sus consejos de administración”. Ha hecho de los ataques a las puertas giratorias uno de sus principales elementos en cuanto a propuestas energéticas, al vincular la presencia de expolíticos con la falta de reformas para acabar con los males del sector.

También Pedro Sánchez, durante los últimos gobiernos del PP, cargó duramente contra el “enchufismo” y los “dedazos” de los nombramientos de cargos públicos para empresas privadas, llegando a decir que, aunque era legal, “la política tendría que ir dos pasos por delante de la legalidad y dar ejemplo”.

Se trata de un comportamiento que, aunque sea legal, no deja de ser perjudicial por las posibles influencias en decisiones políticas relacionadas con ámbitos tan estratégicos como el de la energía. Esas influencias vienen provocadas por los jugosos sueldos que cobran esos “asesores”.

El problema está alcanzando una dimensión que ya ha llegado a Europa. El Parlamento Europeo ha pedido a la Comisión Europea que investigue si hay correlación entre la elevada presencia de políticos en los consejos de administración de las empresas energética y las prácticas oligopolísticas del sector en algunos estados miembros.

Se trata de un tema que va más allá del conflicto ético. Plantea un problema de separación entre actividad pública y privada: en algunos casos, debido a la clara falta de idoneidad de los nombramientos, parecen simples pagos por los servicios prestados cuando formaban parte del sector público. De ahí que empresas con enormes beneficios, que dependen de la regulación estatal y necesitan que alguien “se lo afine” estén tan implicadas.

Esto ha permitido que consultoras, bancos, bufetes de abogados, multinacionales, abran sus puertas con todo descaro a antiguos responsables de algunos de los sectores más esenciales del país, llevándose así los conocimientos e influencias adquiridas en el ámbito de la administración.

El fenómeno de las puertas giratorias intenta legitimarse señalando que los beneficios empresariales redundan en el conjunto de la población… Pero lo que sí es evidente es que el sistema provoca graves conflictos de intereses: se identifican los intereses públicos con los de las grandes empresas, lo que lleva a prácticas políticas que favorecen el poder de esas multinacionales. Esos mismos excargos públicos ejercen su influencia sobre sus antiguos colegas de partido para que les ayuden a diseñar políticas que favorezcan a su nuevo “patrón”.

Por eso son innumerables los casos en que un cargo público ha usado su posición para defender políticas que favorecen a un sector empresarial al que ha accedido tras abandonar su cargo en la administración. Aznar y González privatizaron empresas públicas en las que, posteriormente, han obtenido jugosos contratos como asesores.

A pesar de que el problema se ha extendido a la mayoría de los países occidentales, en España destaca su fuerza y desvergüenza. El sistema ha establecido mecanismos para mantener el statu quo, por ejemplo, mediante la financiación de los partidos políticos, caracterizada por una profunda opacidad, que permite el intercambio de favores, como en el caso de la condonación de las deudas de los partidos. A pesar de las modificaciones normativas que intentan evitar este problema, el débil control público no es una garantía para su cumplimiento.

Los protagonistas

Algunos de estos exaltos cargos públicos que pasan a la empresa privada lo hacen con una trayectoria profesional o académica que avala su contratación. Esto se dio, sobre todo, durante la fase inicial de los procesos de privatización de las empresas públicas, cuando aún abundaban los perfiles técnicos. Estos perfiles permitían evitar los escándalos que se están derivando de los nombramientos que se están produciendo desde hace unos años.

Ahora, la mayoría de ellos llegan al cargo por el simple hecho de ser quiénes son en el mundo político, sin tener la experiencia previa, los estudios, o el perfil técnico requerido para el puesto, y menos en un sector tan técnico como el energético.

Uno de los casos más escandalosos fue el de Arsenio Fernández, que fue nombrado consejero en Red Eléctrica, con la única experiencia de haber sido director de la Guardia Civil y ayudante de jardinería antes de entrar en el ámbito público; además no tenía estudios técnicos ni universitarios. Por tanto, ¿cuáles eran sus méritos para asignarle un cargo con un sueldo base de 156.000 euros, por once reuniones anuales?

Pero no se trata únicamente del sector energético, aunque sea el que más casos acumula. También el sector bancario, que también está sometido a regulación, ha pescado en el río revuelto de los políticos. y las grandes constructoras tampoco se privan de tener a su servicio a expolíticos

La puerta giratoria más nociva es la de los altos técnicos de organismos reguladores, abogados del Estado, economías del Estado… De esto no se habla, solo se piensa en ministros y poco más. Jorge Fabra.

Algunos expertos cifran en más de 180 los exaltos cargos que han formado o forman parte de la dirección de estas compañías. Evidentemente, PSOE y PP agrupan a la mayor parte de los protagonistas de esas puertas giratorias, aunque también hay otros partidos y organizaciones implicadas (ERC, PNV, CiU, sindicatos).

La lista de protagonistas que han pasado o están implicados es larga, demasiado larga: José María Aznar, Felipe González, Leopoldo Calvo Sotelo, Miquel Roca Junyent, Pedro Solbes, Elena Salgado, Luis de Guindos, Narcís Serra, Ángel Acebes, Juan María Atutxa, Ignacio López del Hierro, José Folgado, Marcelino oreja Arburua, Ramón Pérez Simarro, Dionisio Martínez, Josep Borrell, Luis Carlos Croissier, Josu Jon Imaz, Carlos Pérez de Bricios, Carlos de Borbón-Dos Sicilias, José Montilla, José Blanco, Antonio Hernández Mancha, Isabel Tocino, Fátima Báñez (recordada por aseverar que iba a acabar con el paro rezándole a la virgen), Rafael Catalá, Pío Cabanillas, Rodolfo Martín Villa.

Según recogen algunos informes independientes, casi la mitad de los ministros del gobierno español, desde 1977, han pasado a asesorar a las principales compañías privadas, tras abandonar la vida política, en jubilaciones doradas. También destacan que entre 2015 y 2017, 137 altos funcionarios recibieron la autorización para ocupar puestos en empresas privadas relacionadas con sus anteriores puestos públicos, a menudo sin respetar los correspondientes períodos de espera.

Uno de los casos probablemente más misterioso sea el de la exministra de Empleo, Fátima Báñez, impulsora de la polémica reforma laboral del PP, que ha pasado, en diciembre de 2020, a ser “personal directivo” de la CEOE. Un nombramiento que deja bien clarito cuáles son los intereses de la clase política y los de la clase económica.

Los nombres son muchos más, pero muchos de ellos pasan desapercibidos porque son cargos con menos visibilidad, aunque juegan un papel esencial a la hora de redactar leyes y decretos.