La corrupción endémica afecta al Poder Judicial de Guatemala

En Guatemala no ha existido ruptura con las dictaduras impuestas por el Plan Cóndor, por lo que la actual democracia sufre de un problema endémico de corrupción.

El poder judicial en el país centroamericano sigue estando presionado por las mafias, grupos paraestatales y sectores de poder con rasgos antidemocráticos, que operan de distintas maneras para sostener sus privilegios legales y que procuran mantener y ampliar su influencia en las decisiones del Estado.

A pesar de que en la Constitución Política de la República de Guatemala se encuentra garantizada la independencia del organismo judicial, esta también, a la misma vez, deja la posibilidad abierta a injerencias por parte de otros poderes como lo es el organismo legislativo a través del Congreso, que nombra magistrados a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y a los de las cortes de Apelaciones, donde muchos de ellos son elegidos estratégicamente como “operadores de la justicia” para mantener a determinados grupos en impunidad.

En Guatemala, después de la firma de los Acuerdos de Paz, redes de inteligencia y parapoliciales se transformaron en organizaciones que capturaron las instituciones del Estado y de la Justicia, buscando garantizar impunidad y generar otras dinámicas delictivas.

Al igual que otros grupos más radicales de la derecha se ha ido constituyendo en partidos políticos para disputar el poder a los sectores más moderados o centristas, buscando así impunidad para los militares y civiles involucrados en violaciones a los DDHH, como el caso del exdictador y genocida Efraín Ríos Mont, quien formó el partido Frente Republicano Guatemalteco (FRG),

El Frente de Convergencia Nacional (FCN), integrado por un grupo de militares retirados de la Asociación de Veteranos Militares de Guatemala (Avemilgua) es otro ejemplo de la situación que pervierte los cimientos de la democracia.

Una de las consecuencias es que pasados alrededor de 30 años del fin de las dictaduras del “Plan Cóndor”, quienes las ejecutaron o sus continuadores pueden participar en un sistema que rechazan, y ganan elecciones a causa de que conservan el poder político y económico conseguido de manera ilegal e ilegítima durante los procesos fascistas.

No ha existido ruptura con las dictaduras que garantizase en Guatemala una regeneración democrática de la sociedad, los actuales candidatos del campo ultraconservador están apoyados por los sectores que han rechazado, y evitado con sus acciones, la democracia.

La impunidad en el sector de la justicia opera en diversos niveles, con resoluciones tomadas por jueces de primera instancia (un 35% de los jueces han indicaron que en su jurisdicción han sido objeto de presiones indebidas para que tomen una resolución concreta en un asunto), sobre los cuales ejercen influencia poderes locales o diputados distritales para resoluciones favorables, continuando con estructuras que buscan controlar a los magistrados de las Cortes de Apelación hasta llegar a manejar a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia.

Otros factores que motivan el control de la Justicia del país es el narcotráfico. Altos ex y actuales funcionarios han sido señalados por los órganos de justicia de Guatemala, los departamentos de Estado, Defensa y Justicia de Estados Unidos de ser partícipe de esta economía ilegal transnacional que tiene a Guatemala como puente para el transporte hacia los EE. UU., el principal consumidor.

Actualmente se mantiene a la orden del día la injerencia y la captura  por completo del Ministerio Público, y especialmente mermar el actuar de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) y del fiscal Juan Francisco Sandoval.

Tanto los actores públicos y privados siguen buscando incidir en la formulación de leyes, decretos, decisiones y políticas públicas para el beneficio de sus intereses particulares que van desde intereses económicos hasta intereses políticos con el objetivo de enriquecerse ilícitamente sin llegar a ser procesados por los órganos de justicia.