VOX deshumaniza a un colectivo niños para convertirlos en objetivo del odio
Los ataques constantes contra un grupo de niños que realiza VOX mediante diferentes tipos de violencia, buscan convertirlos en objetivo del odio para justificar su discurso racista.
El auge del fascismo en España comienza a suponer un grave problema que se expresa ya con violencia. Además de la física. El anuncio racista de VOX en la estación de Cercanías de Sol en Madrid supone una violencia psicológica para el colectivo al que va dirigido, y simbólica para la sociedad que rechaza que se criminalice con medias verdades a un grupo de niños.
El anuncio tenía una triple intención. La primera era la profundización de la crispación de la sociedad en base al racismo, un escenario en el que VOX puede cargar contra unos niños desprotegidos, y desarrollar un discurso de odio al diferente con total impunidad.
La segunda era una provocación para que el cartel fuera vandalizado, para vender en los medios de comunicación que ellos son las víctimas, porque no pueden expresar libremente sus opiniones sin que “la izquierda” las censure. Olvidándose de que el racismo es un valor opuesto a la democracia.
No es una opción respetable ser racista, es un delito de odio que niega la igualdad social y que, por lo tanto, una democracia asentada debe rechazar.
La tercera es seguir deshumanizando a un grupo de niños. Para el conjunto de la sociedad son “los menas“. Nombrarlos así impide que se conozca que son un grupo de niños en una situación de vulnerabilidad e indefensión total.
El lenguaje es importante, porque conocerlos así permite al fascismo dibujar en el imaginario colectivo la imagen que ellos deseen: un joven árabe encapuchado y con la cara tapada cometiendo delitos por las noches. lo de los 4700 euros es una herramienta más para aumentar el odio que se desea que se les profese.
Aunque el gasto social, de media, que se destina a cada uno de ellos fuera ese -que no lo es según indican las propias autoridades madrileñas-, no significa que sea la paga que reciben. Están en una casa y comen, son niños y España ha firmado la Declaración Universal de Derechos Humanos.
Son tan pocos niños, en Madrid 296, que el gasto es irrisorio y no supone prácticamente nada para los contribuyentes, como sí lo supone los más de 700.000 euros que Santiago Abascal ha ido cobrando entre 1999 y 2013 del erario público por asistir a algunos plenos y poco más -fue director de una fundación que no tenía actividad, por ejemplo-.
La llegada a esta situación se ha producido por una degradación constante de la democracia española, cuyos marcos democráticos han ido borrándose hasta justificar la violencia, siempre que sea aplicada al diferente con respecto a la imagen de “buen ciudadano” que han construido mediáticamente.
Los medios de comunicación mayoritarios, en su mayoría en poder del campo conservador español, mucho más extremo que la media europea por la continuación con su pasado franquista, que no recibió la ruptura durante el proceso de transición como sí lo hicieron otros países como Alemania e Italia, han ido justificando hechos de corrupción, de violencia y discursos de odio hasta convertir el fascismo en normalidad democrática.
De esta manera se puede acudir al domicilio privado de un cargo público, acosar y amenazarlo a él y a su familia porque los políticos y los medios han dicho que como es de izquierda, no se puede permitir esa casa.
Se puede ir con palos a romper la sede de una Asociación Vecinal porque son feministas y eso va en contra de la igualdad y en contra de los hombres, según expresan políticos y medios de comunicación.
Se puede ir a un lugar de residencia de los niños acusados por VOX, los Menores Extranjeros No Acompañados, a atacarlos por… porque roban el dinero a “nuestras” abuelas.
Esta forma de actuar pretende generar un miedo social que impida la movilización en búsqueda de cambios favorables para la mayoría. En lo social VOX es un partido fascista, pero en lo económico practica la doctrina neoliberal.
Nunca han realizado un anuncio señalando a las grandes fortunas que no pagan impuestos, evitando que “nuestras” abuelas tengan una sanidad pública de calidad, cosa que, por casualidad, no impiden los niños a los que atacan con violencia.