La represión no logra quebrar el Paro Nacional de Colombia
En Colombia más de 3.700 hechos de violencia se han registrado contra los manifestantes en 49 días de Paro Nacional.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), llegó a Colombia el pasado 8 de junio y recibió un informe elaborado por las ONG,s Temblores, Indepaz y el Programa de Acción por la Igualdad y la Inclusión Social (Paiis).
Sus más de 60 páginas acumulan testimonios que incluyen 45 asesinatos y 65 lesiones oculares, así como otras formas de abuso por parte de los organismos del orden público que recurren a la represión para intentar mantener la apariencia de estabilidad del gobierno de Iván Duque.
La Presidenta de la #CIDH, @totonia68, se reunió con un grupo de congresistas de diversos partidos para recibir información sobre la situación de #Colombia en el contexto de las protestas sociales en el marco de su visita de trabajo. pic.twitter.com/Ve5TN8rSwO
— CIDH – IACHR (@CIDH) June 9, 2021
Del total de hechos cuantificados por la ONG Temblores, 25 casos fueron de violencia sexual.
“Hágale lo que quiera y déjela pasar” exclamó un agente del ESMAD en Cali refiriéndose a un grupo de mujeres que protestaba. El desprecio por la humanidad se ha manifestado en más de 3.700 hechos de violencia registrados contra los manifestantes.
Este tipo de actos es impulsado por funcionarios policiales, como los registrados en el vídeo que la organización Juventud Humana, divulgó en su cuenta twitter para dejar testimonio de los abusos que se siguen cometiendo contra los manifestantes, en el marco del Paro Nacional.
Brutalidad policial
“Al cuerpo no” pide un manifestante en el monumento a los reyes de Bogotá. El Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) es la punta de lanza del Estado colombiano que, en aras de preservar el orden público, amenaza la vida de los manifestantes pacíficos que han tomado las calles de varias ciudades de Colombia.
De acuerdo a las cifras aportadas por el equipo de ONG Temblores, desde el 28 de abril al 31 de mayo de 2021, 1.248 personas fueron víctimas de violencia física por parte de la policía.
Alejandro Lanz, vocero de ONG Temblores, explica que estos hechos de violencia policial se producen en el marco de un fallo judicial del tribunal de Cundinamarca que ordena la suspensión de las movilizaciones, y autoriza a los alcaldes al uso de la fuerza contra los manifestantes.
Este uso legítimo de la violencia, advierten, es desproporcional. De las 60 muertes registradas en las protestas más de 40 son presuntamente por responsabilidad de los órganos del orden público.
“Lo vimos con una intensidad que ha venido en aumento desde que se publicó un tweet del ex presidente de Álvaro Uribe Vélez en donde dice que la fuerza pública está en el legítimo derecho de disparar a los manifestantes para proteger su vida”, denunció Lanz.
Gestión uribista
Álvaro Uribe es el rostro actual de una doctrina que rige a Colombia desde hace décadas. La doctrina de seguridad nacional concebida para mantener el orden interno que le conviene a la hegemonía estadounidense, privilegia la maniobra militar sobre cualquier método de resolución alternativo de conflicto.
En la historia reciente colombiana existe evidencia sobre cómo los gobiernos han acudido a la confrontación de lo que consideran un enemigo interno. Conformadas no solo por las guerrillas, sino también por las organizaciones sociales de base que luchan por reivindicaciones en todas las áreas sociales de Colombia.
Solo desde 2016 son 900 los líderes sociales asesinados en Colombia. Desde la llegada de Uribe a la escena política colombiana los muertos se cuentan por miles, pues la cultura impuestas por las antiguas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) implican también la desaparición de toda evidencia física de los asesinatos políticos.
La cultura de la motosierra, los desplazamientos y las masacres es una realidad que en Colombia se volvió ley con la anuencia del uribismo. La violencia no se justifica, se emplea legal y legítimamente.
Para el Estado colombiano el enemigo, como se observa en las últimas semanas, es la mayoría social. Por ello, existe un ordenamiento jurídico que respalda el empleo de la fuerza militar para someter cualquier manifestación pública. Tal es el caso del Código Nacional de Policía de 2016, que conforma la base para la motivación legal de los decretos emitidos por Iván Duque en el marco del Paro Nacional de Colombia.
La resistencia del Paro Nacional
El performance de calle, el arte urbano y la música acompañan a los manifestantes. La ruptura inminente con el neoliberalismo proviene de una asfixia social que consiguió en la protesta, y en el arte con sentido crítico, una forma de expresarse.
La voluntad de cambio de los colombianos afectados por las desigualdades se fortalece con cada movilización a pesar de toda la violencia empleada por el Estado. Marta Gómez, trovadora colombiana, atribuye al arte en estas protestas esa conexión con los sentimientos como la rabia, el miedo y el dolor que tienen los manifestantes.
Colombia confronta actualmente un régimen antihumano que obligó a millones de sus ciudadanos a emigrar y que al agotarse, reacciona con todas sus fuerzas amenazando la vida de quienes piensan diferente.
