Las 3 aristas del Paro Nacional que revoluciona Colombia

La doctrina de seguridad nacional se impone sobre los derechos humanos de los ciudadanos que se manifiestan en Colombia.

Después de 40 días de paro nacional en Colombia continúan las protestas con más fuerza. El gobierno colombiano no ha firmado el preacuerdo al cual había llegado con el Comité de Paro Nacional, el pasado 24 de mayo.

El Comité de Paro está conformado por representantes de la Central Unitaria de Trabajadores de Colombia (CUT), la Confederación Democrática de Pensionados (CDP), la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (FECODE), Dignidad Agropecuaria y Cruzada Camionera, entre otras organizaciones sindicales.

Entre las principales demandas del Comité de Paro está la desmilitarización de la protesta, el límite de uso de armas de fuego en el control de las movilizaciones, y garantías para el ejercicio del derecho a manifestarte. El gobierno colombiano realizó “ajustes”, que impiden llegar a un acuerdo para el cese de las protestas que se extienden en 11 puntos de Bogotá y otras ciudades del país.

Derechos Humanos 

El uso de armas de fuego por parte del Gobierno colombiano a través del Ejército, y la participación de grupos armados irregulares que han asesinado a decenas de manifestantes pacíficos, han sido los rasgos más significativos de los acontecimientos en Colombia.

Por esa razón, las demandas de protección y de atención están presentes en el acuerdo que propone el Comité de Paro Nacional, conformado en razón de las manifestaciones ocurridas a partir del intento del gobierno de Iván Duque de promulgar el proyecto de Ley 594 de 2021, nombrado “Ley de Solidaridad Sostenible”.

De igual forma, la exigencia de ser escuchados marca la agenda propuesta por el Comité de Paro, y la presión social ejercida por estos colectivos motiva la presencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la cual confirmó su visita para este 8 de junio.

A propósito de las violaciones a los Derechos Humanos, el senador Iván Cepeda junto a otras organizaciones civiles enviaron un informe a la Corte Penal Internacional (CPI) que incluye la documentación de 1.595 hechos violatorios de los DD.HH.

Militarización de la protesta

De naturaleza contrainsurgente, la doctrina de seguridad nacional no reconoce la validez de ninguna protesta, y el uso de la fuerza militar es imprescindible para combatir lo que concibe como un enemigo interno.

El Gobierno colombiano justifica sus acciones con la urgencia del orden público y el respeto al derecho a la libre circulación. De esta forma, promueve la aceleración de instrumentos legales que sirvan para entre otras cosas, la destitución de gobernadores, alcaldes, y la imposición de un régimen represivo militar.

La aplicación de la llamada “asistencia militar” incluida en el Decreto 575 promulgado por Iván Duque el 28 de mayo, ordena la participación de las fuerzas militares apelando las prerrogativas que la doctrina de seguridad nacional convirtió en ley en el Código Nacional de Convivencia Ciudadana de 2016.

Al Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD), se le acusa por el asesinato de Nicolás Guerrero, un ciudadano de Cali quien falleció en un “velatón” que se realizaba en el marco de las manifestaciones.

A Nico lo mató el Esmad”, es una de las consignas que se pueden ver en las paredes de Cali, tal y como lo reseña BBC mundo, a propósito de los acontecimientos del 28 de abril, en los cuales se produjeron 19 asesinatos.

Abandono estatal

En efecto, las demandas de la población incluyen diversos aspectos de la vida nacional en Colombia. Entre otros, el desmantelamiento del ESMAD y la reducción de los sueldos de los congresistas forman parte de un pliego de condiciones que se ha hecho viral.

La búsqueda de condiciones de igualdad marca la agenda de las protestas, habiendo conseguido la suspensión de la reforma a la salud, las organizaciones civiles obtuvieron el apoyo de 307 mil ciudadanos colombianos que exigen la reducción de los salarios de los congresistas, aumentado a principios de 2021 a un poco más de 9 mil dólares mensuales.

Otras consignas como “El Glifosato mata”, y “No a la Copa América en Colombia”, son peticiones que se adicionan al clamor por el establecimiento de responsabilidades por la violación de DDHH.

Estas solicitudes también incluyen la renuncia del actual ministro de Defensa Diego Molano, a quien se le acusa del uso desproporcionado de la fuerza contra los manifestantes.

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