España: único país de su entorno con la electricidad totalmente privatizada

El pasado 1 de junio entró en vigor el aumento de las tarifas del servicio eléctrico en España, situación que ha provocado diversas reacciones en la población. En los medios de comunicación se han hecho eco de la noticia dado el impacto de la medida para la cotidianidad ciudadana.

El referido aumento ha reavivado el debate sobre la nacionalización del sector eléctrico en el país ibérico. Asimismo, se discute si tal estatización resultaría en un sistema más eficiente y justo para los españoles, siendo estos últimos considerados a la luz del nuevo sistema, sujetos de derechos y no meros clientes.

La medida de aumento fue aplicada bajo el argumento de propiciar el desplazamiento del consumo fuera del periodo de mayor uso eléctrico. Consiste en una estrategia para regular la demanda de energía eléctrica provocando un aplanamiento en la curva de consumo diaria.

Una medida pragmática, pero que no resolvería el problema de fondo acerca de la distribución efectiva de la electricidad. Actualmente, la gestión eléctrica en España recae sobre un oligopolio, con una inversión tecnológica ineficiente así como unas condiciones de trabajo más precarias en el sector. Todo ello junto a precios que impiden un acceso universal a la energía eléctrica.

Cronología

Para el año 2020, el precio de la electricidad había sido anormalmente bajo, en comparación con años anteriores. La causa de esta situación fue el contexto pandémico provocado por la Covid-19 y sus efectos sobre la economía, donde se redujo la demanda energética y se produjo una caída de precios.

Ahora, el estatus quo ajusta los costes de la energía eléctrica en función de sus intereses sectoriales, todo ello en detrimento de la capacidad del ciudadano español de acceder a dicho recurso. Si bien, los costes de generación de electricidad dependen en gran medida de las fuentes empleadas para producirla, no es menos cierto que existe una agenda neoliberal que constriñe al sector

En el año 2021, la producción eléctrica en España se distribuye en: nuclear, eólica, ciclo combinado, hidráulica, cogeneración, solar y otras. De este modo existe una diversificación de las fuentes de electricidad.

Sin embargo, el aumento de los costes de luz se aplica como si tal diversificación no existiera. Dicho lo cual, no es la objetividad del mercado ni la falta de alternativas de fuente de energía lo que condiciona los ajustes en los presupuestos y la facturación de la electricidad.

El 20 de octubre de 1996 Josep Piqué, Ministro de Industria y Energía del Gobierno de José María Aznar, aseguraba que para entonces había “empezado la revolución eléctrica para bajar precios y ganar competitividad”. De este modo, da comienzo a un largo proceso de liberalización del sector eléctrico en España, el cual tenía como marco jurídico la Ley 54/1997.

Dicho contexto trajo como consecuencia una gestión del sector eléctrico desde la perspectiva de la generación del máximo beneficio, en contraposición a la aplicación de un criterio conducente a la satisfacción de las necesidades de la población, que a su vez permitiera la reducción de la agresión al medio ambiente y el incremento de la soberanía energética del país.

Los procesos de transformación que se impulsen desde el Estado, para satisfacer las necesidades de todos los trabajadores e intervenir en el desarrollo de la economía, ineludiblemente debe optar por la nacionalización del sector eléctrico, así como de otros sectores.

Todo ello debido a que el sector eléctrico funge como un ámbito estratégico, no solamente por ser una necesidad básica insustituible para los españoles, sino también porque es un factor fundamental para el desarrollo del resto de los sectores productivos del país.

En España, donde la red nació privada, la vía de recuperación de activos no es otra que la “nacionalización”, la cual puede hacerse de dos formas. La primera sería que el Estado se convirtiese en accionista principal o mayoritario de las grandes compañías eléctricas españolas.

De este modo, se ejercería así el control sobre actividades estratégicas como la generación con bombeos o la gestión de la red de distribución, pero también sobre otras no estratégicas como la generación eléctrica o la comercialización de energía.

Por otra parte, la segunda vía sería transformar en bienes públicos algunos activos estratégicos actualmente propiedad de empresas privadas, mediante el procedimiento externos (compraventa, expropiación), sin entrar en su accionariado.

El discurso político conservador en España considera la nacionalización del sector eléctrico como algo contraproducente, cosa que desalentaría a los inversores extranjeros. Bajo la teoría neoliberal, argumentan la proliferación de un proceso de competencia que conducía inevitablemente a una reducción de los precios.

Sin embargo, hay algunas voces que reivindican la nacionalización del sector eléctrico, especialmente la de los activos estratégico con el fin de equiparar a España con otros países del entorno, donde las redes de distribución eléctrica son de titularidad pública, sea mediante una entidad estatal como en el caso de Francia e Italia o municipal, siendo este último el caso de Alemania.

La tendencia neoliberal mostrada en la gestión del tema eléctrico, que no ha tenido los mismos efectos dentro de los países que integran la Unión Europea (UE). La reducción del peso de los oligopolios dentro de estos países ha sido considerable, en el caso de España, este fenómeno ha presentado un crecimiento exponencial, permitiendo la creación de un sistema eléctrico controlado absolutamente por el capital privado.

Asimismo, las políticas neoliberales en España, se caracterizan por un desarrollo donde la supremacía del capital privado y extranjero tiene absoluta capacidad decisoria. Esto último merma la soberanía financiera, tecnológica y moral del Estado español.

Un sector eléctrico nacionalizado que antepusiera la satisfacción de las necesidades de la ciudadanía como prioridad, no podría darse una elevación tan astronómica de precios, ni de familias sin suministro eléctrico por impago, pues existiría el suficiente margen económico para garantizar la electricidad como un servicio universal.

Asimismo, de cara al futuro, los españoles se adentran a una etapa en la que los combustibles fósiles comienzan a agotarse y a encarecerse, por tal motivo es menester una transición energética hacia tecnologías de producción eléctrica basadas en fuentes renovables.

Tal transición es procedente tanto en términos económicos, medioambientales y en lo relativo a la soberanía española tras la actual dependencia de los mercados internacionales de combustibles fósiles.

En este sentido, la realidad tangible nos hace concluir que el oligopolio privado ya ha demostrado su ineficiencia en la gestión del sector y su falta de voluntad en dar pasos hacia una revolución en las tecnologías de producción eléctrica.

No se trata de convencer que la nacionalización del sector beneficiará los intereses de los ciudadanos, también es necesario presentar para el futuro un contexto político y económico distinto que instituya los grandes cambios energéticos requeridos

Nacionalizando el sector eléctrico garantizaría, entre otras cosas, la eficiencia de las inversiones, una mayor soberanía energética para España, así como una producción más sostenible para el medio ambiente. La nacionalización permitiría además acabar con la opacidad tan característica de este sector.