Gobierno de coalición: las medidas congeladas que deben activarse

El pacto de gobernabilidad entre el PSOE y Unidas Podemos, posee una gran trascendencia para la historia política de España.

No solo por dar paso al primer gobierno de coalición que se ha formado en el país desde la transición democrática, es también el primer acuerdo de un gobierno progresista basándose en un programa con un fuerte contenido social.

Las organizaciones políticas pactantes suscribieron un documento denominado “Coalición Progresista: un nuevo acuerdo para España”, fijando una hoja de ruta para sus acciones programáticas conjuntas. Se trata de un texto caracterizado por la derogación parcial de los aspectos más perjudiciales de la reforma laboral.

El referido programa propone una reforma fiscal ambiciosa con subidas de impuestos a los poseedores de grandes fortunas, así como a las empresas que posean grandes capitales.

De igual forma, neutraliza la llamada Ley de Seguridad Ciudadana y propone una subida del salario mínimo, todo ello con un acentuado discurso social. El documento también plantea devolver a sus anteriores propietarios los bienes expropiados durante la dictadura, y la recuperación inmediata del Pazo de Meirás para el Estado.

Son diversos los retos que aún le deparan a la coalición PSOE-UP. La nueva dinámica política de coexistencia partidista tiene un largo camino por hacer si quiere llevar a cabo su programa.

La migración, los derechos laborales, el medio ambiente, la fiscalidad o la cuestión catalana pueden llevar a más de un conflicto interno. Más complicado aún será el desenvolvimiento del gobierno, con un programa de expansión del gasto en un contexto global de pandemia y recesión económica.

El gobierno de coalición PSOE-UP ha llevado a cabo una reestructuración profunda del gobierno, tras el anuncio de un nuevo gabinete ejecutivo que solo afecta a los cargos ministeriales del que ostenta el PSOE. Por su parte, los cargos adjudicados a miembros de Unidas Podemos quedan ratificados en el ejercicio de sus funciones.

Es la tercera vez que el Consejo de Ministros sufre modificaciones en año y medio que ha durado la gestión de Pedro Sánchez en la presidencia.

Según el mandatario, los nuevos nombramientos “suponen una renovación generacional, con una edad media de 50 años y con más presencia de las mujeres. Su principal tarea será consolidar la recuperación económica”.

En función del referido contexto, cabe preguntarse si los más recientes cambios en el gobierno facilitarán la ejecución de los acuerdos de la coalición actualmente congelados.

En este sentido, Carlos Guzmán, responsable de organización del PCE EPK (Partido Comunista de Euskadi) en Navarra, asesor de IU (Izquierda Unida) en el parlamento y autor del “Por qué no te callas”, considera que tales cambios no afectan ni deben afectar a la ejecución de los acuerdos de la coalición.

Según Guzmán, “Los acuerdos congelados actualmente son acuerdos recogidos de forma consensuada por el PSOE y Unidas Podemos en el acuerdo de gobierno, y los distintos ministros y ministras, independientemente de su militancia o signo político, deben comprometerse con su desarrollo a lo largo de la actual legislatura”.

Asimismo, el referido autor añade que “el acuerdo de gobierno se negoció, se consensuó y se firmó de forma previa al nombramiento de los y las distintas ministras, por lo que su ejecución no puede estar supeditada a la opinión o interés de uno u otro ministro”.

Según Carlos Guzmán, las medidas más importantes a ser impulsadas por el gobierno de coalición son: la derogación de la Reforma Laboral, la subida del Salario Mínimo Interpersonal, y la dignificación de las pensiones públicas.

Al respecto, en función de la eventual derogación de la Reforma Laboral, Guzmán considera “fundamental acabar con toda la arquitectura jurídica que diseñó el Partido Popular para desregular el mercado laboral español, y en la cual se sustenta en gran medida la precariedad laboral que azotan a los sectores laborales más vulnerables como los jóvenes, las mujeres, o sectores de difícil empleabilidad”.

La coalición ha fijado su mirada en la necesidad de transformar el actual sistema de relaciones laborales en España, emprendiendo una serie de reformas conducentes a la protección de la clase trabajadora frente al patronato con tendencia neoliberal.

Para ello, se propone la derogación de la reforma laboral del año 2012, presentado durante la gestión de gobierno del presidente conservador Mariano Rajoy. Dicho instrumento legal, presenta una serie de nociones que favorecen a las empresas en detrimento de los derechos laborales de la ciudadanía.

Ahora, el Gobierno de coalición PSOE-UP se plantea derogar la Reforma Laboral del 2012, o en su defecto, cambiar algunas partes de la misma.

Todo ello, como lo había sido anunciando por la vicepresidenta tercera del gobierno y actual ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz.

Asimismo, Guzmán estima conveniente el aumento del salario mínimo interprofesional. Por ello considera que “es imprescindible mejorar las condiciones materiales de los y las trabajadoras más precarias. Como ya ha señalado la Ministra de Trabajo, un Gobierno Social no puede olvidarse de los más precarios. Por desgracia, en nuestro país hoy en día tener un trabajo no garantiza no ser pobre, y esta es una cuestión que requiere un cambio inmediato”.

Esto genera la necesidad de crear una legislación que posibilite una óptima distribución de la riqueza en un país con una profunda brecha social entre ejecutivos y trabajadores. De igual forma, la dignificación de las pensiones públicas es una reivindicación del conjunto de nuestros mayores que también debe ser atendida.

Al respecto Guzmán estima que “se están dando pasos en este sentido con los últimos acuerdos anunciados, pero aún hay que ir más allá”.

Todo ello hace imperativo el cumplimento pleno del programa de gobierno de coalición PSOE-UP para el actual periodo legislativo. Pese a la incertidumbre sobre si es posible cumplir con dicho programa en lo que resta de gobierno, el especialistas Carlos Guzmán sí lo cree posible.

Todo ello, siendo que ha sido “público y notorio que existen ciertas tensiones puntuales en el Gobierno, por otra parte, hay que señalar que se tratan de tensiones propias de un gobierno tan heterogéneo”.

Dicho lo cual, se hace menester presidir de los problemas internos y centrarse en la movilización popular, tan limitada durante el contexto pandémico, pero necesaria para motivar al ciudadano que quiere ver materializado en acciones su poder para transformar las viejas estructuras del actual Estado español.

Si bien existen en Unidas Podemos indicios de una reformulación de su praxis política a una más pragmática, no es menos cierta la determinación de buena parte de sus miembros en recuperar espacios populares mediante un mayor contacto con la ciudadanía.

Los más reciente es que sondeos estadísticos, dan fe de la desmotivación como subproducto de haber caído en una dinámica eminentemente institucional.