Está muy de moda hablar del deep state. En el Estado español hay una gran tradición en identificar ese conglomerado de poder que tradicionalmente forman jueces, policías y algunos políticos que salen a pescar a la caza de alguna presa que valga la pena.
Nos solemos orientar por sus abruptos movimientos respecto a causas que identificamos como injustas.
Nos ponemos las manos a la cabeza y gritamos como primitivos animales cuando algunos jueces se inventan excusas ad iure para no condenar casos clarísimos de violencia, de odio o condenar a políticos por acciones políticas democráticas, y obviar, a otros políticos que descaradamente han delinquido con la intención de robar.
Nos indignamos cuando alguien, vete a saber tu quién, da órdenes para reprimir los movimientos sociales y políticos que no forman parte del “correcto lado de la historia”.
Y ahí se refleja solo una parte del pastel. El Estado es mucho más que acciones públicas, hay un juego táctico detrás de sus movimientos que no se perciben si no estamos atentos a la jugada.
El Estado profundo siempre se mueve por coordenadas, nada es en vano, y en esos movimientos es donde podemos encontrar mucho más sentido a sus acciones más aberrantes y notorias.
Pongamos por caso el tema de los desahucios ¿No nos hemos parado a pensar dónde se ejecutan más desahucios?
Pues si se mira el cuadro estadístico de la página web www.epdata.es podemos ver que en el mapa por territorios donde se desahucia más proporcionalmente por impago de alquiler, encontramos que Catalunya, en especial Barcelona, Valencia, y especialmente las islas Balears, son conjuntamente a Cantabria y Asturias, los territorios con más ejecuciones judiciales.
Son territorios gobernados por la izquierda la mayoría de ellos, y en el caso de Catalunya, es un gobierno independentista, que reflejan a todos ellos, una parte muy importante de la población del conjunto del Estado, pero salta a la luz que estas ejecuciones no tengan el mismo énfasis en territorios tan poblados como Madrid, Andalucía o también Galicia.
Tampoco podemos menospreciar dónde el sistema judicial acepta con más rapidez y con más asiduidad, casi por defecto, las querellas contra humoristas y periodistas críticos con el discurso oficial del sistema.
Casos como los de los humoristas Jair Domínguez o Dani Mateo, o las periodistas Patricia López, Raquel Ejerique o Pilar Velasco, se aceptan y se desarrollan en Madrid y Barcelona, que es dónde existe la batalla por el poder político y mediático.
No es banal pensar en una actitud tendenciosa de ciertos estamentos judiciales solo con la finalidad de aceptar “por norma” querellas de quien sea contra periodistas y humoristas, pues con ello se consigue generar una cierta tendencia en el trato a pilares fundamentales del sistema democrático, como son el derecho a la información y el derecho a la libertad de expresión. Eso, y una alineación del poder del Estado contra todo aquello que huela a izquierda no oficial.
Por último, como ejemplo, está todo el complejo de actuaciones que produjo el Estado en los años de actividad de la organización armada ETA.
Nos queda un largo camino para conocer todo aquel periodo de dolor. Y cuanto nos queda por aprender respecto a los movimientos del Estado, policial y judicial, puesto que los políticos iban muy perdidos, produjo en ese conflicto armado.
Las detenciones de activistas se producían y no veíamos más allá de esas acciones policiales. Pero detrás existía un entramado de jugadas que daban mucho significado a la estrategia del Estado.
El caso más clamoroso en los últimos años de la existencia de ETA, fue el caso Bateragune y la detención de sus supuestos miembros (Arnaldo Otegi, Rafa Díez, Miren Zabaleta y Arkaitz Rodríguez). Todos ellos, comprometidos desde hacía años con la resolución del contencioso vasco.
Cortaron las alas a un movimiento de fondo que iba en serio y que pretendía desactivar la acción armada dando como alternativa una nueva organización política que equilibrara las balanzas.
Era un movimiento interno de calaje que el Estado decidió cortar de cuajo por intereses estrictamente políticos. No interesaba hacer resurgir la izquierda abertzale pues había otros frentes que tratar antes que ese: vender la imagen que el Estado había vencido a ETA.
De hecho, el estado policial y jurídico se dedicó con cuerpo y alma durante años a cortar las alas a cualquier movimiento interno en el interior de ETA, que rezumara a proceso de paz.
Detenciones como las de Belén Gónzalez Peñalva o Josu Urrutikoetxea “Ternera” no eran en balde. Ellos eran agentes comprometidos históricamente con esos procesos.
También, hay que decir que el Estado jugaba sus fichas cuando le convenía, en el juego de movimientos y sectores en el interior de la organización.
Puesto que el caso del famoso infiltrado en ETA, el Lobo, o la detención del dirigente “Txeroki” en 2008, suponían un golpe para sectores discrepantes con una línea para nada interesante para los intereses de Estado invisible.
En resumen. Podemos obviar los movimientos profundos del Estado por miedo, por tendencia, por no creer en ellos, pero para nada son movimientos gratuitos, y aún menos cabe pensar que estos movimientos se producen solo en circunstancias especiales.
El Estado como lo entendemos en este país, es un conglomerado artificial pero unido por dos conceptos que han ido demasiado lejos en su autoridad frente a las garantías democráticas: la seguridad interna y la protección de sus ciudadanos.
Y si no preguntadle a Villarejo de qué va esto del Estado profundo.
elestado.net no tiene por qué compartir todo el contenido que se publica en su sección de opinión.
