El poder de negociación de Yolanda Díaz logra un aumento de salario

El mes de septiembre de 2021 ha sido escenario de una intensa negociación entre dos visiones económicas en España, cuyas diferencias han resultado irreconciliables. A pesar de las diatribas, se aprobaron 15 euros más desde el 1 de septiembre, dejando en 965 euros al mes en función de 14 pagas.

El mencionado, ha sido el arreglo sobre el salario mínimo al que llegó el Gobierno con los sindicatos, pero sin el apoyo de los empresarios. Por su parte la actual ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha afirmado que, aunque se sentaron en la mesa de diálogo, llegaron con posiciones rígidas ante las negociaciones.

Díaz aseguró en una rueda de prensa en Ferrol junto al presidente de la Xunta de Galicia que “Se han sentado diciendo cero y salen diciendo cero”. Asimismo, lamentó que la CEOE “no haya negociado” porque a las mesas de diálogo hay que ir “sin líneas rojas”.

La actual ministra del Trabajo, cargo asumido desde el 13 de enero de 2020, cuenta con un largo pasado de militancia y la vitola “radical” por algunos políticos de derecha de. Sin embargo, tras tomar posesión de su investidura ministerial ha impulsado cinco grandes medidas, todas ellas concertadas estratégicamente con los sindicatos y con la patronal.

Entre los referidos acuerdos se encuentran el incremento del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) a un total de 950 euros, pasando por la regulación del teletrabajo, siendo el primer paso de la denominada “legislación laboral del siglo XXI“, la cual se ha propuesto seguir con una legislatura caracterizada por una gestión en pandemia debido a los embates del COVID-19.

Desde que ocupa el Ministerio del Trabajo, ha ido equilibrando su discurso para cubrir un espectro más amplio dentro del diálogo social entre sindicatos y empleadores, demostrando una tendencia conciliadora y de concertación, la cual procura priorizar el consenso ante los discursos encendidos, buscando entendimiento de las legítimas diferencias entre los partícipes del referido diálogo.

En este sentido, en el mes de septiembre hizo un llamamiento a la patronal para que se “resitúe” y les reprochó que “a veces no negociando, se pierde”, aclarando que ella estuvo dispuesta a pactar una subida del SMI inferior a la que se ha decidido, pero con su negativa “han perdido”.

Por otra parte, La ministra Díaz, a pesar de que se mostró “muy satisfecha” por el acuerdo con los sindicatos, ha sido difícil obviar las diferencias en el Ejecutivo después de que la vicepresidenta Nadia Calviño, asegurase el mismo día de la firma que faltaban “varios días” para llegar a un acuerdo. “Es una decisión del Gobierno de España”, destacó Díaz.

En este sentido, El gobierno central, en el marco de la política de concertación entre el PESOE y UP ejecuta lo acordado en el documento denominado “Coalición Progresista: un nuevo acuerdo para España”, fijando una hoja de ruta para sus acciones programáticas conjuntas.

Se trata de un texto caracterizado por la derogación parcial de los aspectos más perjudiciales de la reforma laboral y promueve el aumento de los salarios. Al respecto del sueldo, Garamendi afirma que esta decisión “estaba ya tomada” porque el Gobierno “solo le ha dado vueltas a su propio solitario”.

Según el sector empresarial, la propuesta de derogar los aspectos más lesivos de la ley promovida por el Partido Popular en 2012 así como el aumento de los sueldos y salarios de los trabajadores, tiene “una profunda raigambre ideológica”.

En este sentido, en una muestra de oposición y de alineación neoliberal donde la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) ha tildado las reformas impulsadas por el ejecutivo para el año 2021 de “Marxista”.

En este sentido, la confrontación abierta entre la ministra del trabajo y el CEOE, obedece a una constante lucha de intereses que se extrapola en el espectro político español, donde la derecha se reúsa a darle cabida a cualquier medida que sea consecuente con la protección jurídica y social de la clase obrera española.

Esto re presenta un reto para la capacidad de escucha y empatía de Yolanda Díaz en su estrategia para sacar adelante sus postulados económicos. Lograr los acuerdos políticos conducentes a la subida del Salario Mínimo Interprofesional supone una auténtica victoria, no solamente económica, también política para el Ejecutivo de coalición, y en especial para Unidas Podemos.

Por otra parte, a pesar de las victorias, paralelamente nunca ha dejado de existir una oposición política que señale a Díaz de “Radical”. El aumento del salario fue una medida que no puede ser despreciada, considerando que los empresarios eran acérrimos críticos de tal incremento, incluso a los 900 euros propuestos un año antes, rechazando un aumento más sustancial en tiempos recientes.

En este sentido, Unidas podemos por medio de Yolanda Díaz ha ampliado los pactos sociales en su gestión, entre los cuales se encuentran: el lanzamiento de los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) debido al COVID-19 en negociaciones cada vez más complejas, así como la reciente Ley del Trabajo a Distancia.

La ministra en el pasado ha logrado establecer acuerdos con la CEOE, ganándose el respeto de algunos representantes del empresariado, mientras lucha en el frente político contra la derecha española en las sesiones parlamentarias.

Los acuerdos con los empresarios para impulsar un consenso la Ley del Trabajo a distancia, es de especial importancia. En los pactos sobre los ERTE, las patronales han llegado a ceder en negociaciones con cuantiosas ayudas económicas sobre la mesa, pero con la legislación de teletrabajo los empresarios han consensuado una regulación que no deseaban y que no les aporta de inicio ventajas concretas.

Pero ante una acción hay una reacción, todo sistema en situación de entropía emplea mecanismo para su supervivencia. En este sentido, la resistencia al cambio de las grandes compañías españolas se ha hecho sentir. Bajo una visión neoliberal, consideran que reducir los grandes sueldos o “compensaciones” tiene un riesgo macroeconómico.

Sin embargo, su discurso corresponde con los hechos del PSOE, que aprobó una reforma laboral en 2010 provocando una jornada de Huelga General convocada por los principales sindicatos CCOO y UGT, permitiendo que los grandes directivos puedan subirse el sueldo a la vez que congelaban el de sus trabajadores e incluso llevaban adelante despidos.

Con la llegada de Unidas Podemos al gobierno, el PSOE se ha visto forzado a girar a la izquierda en varias cuestiones, pasando del discurso a los hechos como en la cuestión del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), y realizando un discurso más agresivo para aparecer socialmente como la organización que lleva adelante estos cambios propuestos por UP en las negociaciones previas a la formación del gobierno.

De hecho, durante el tiempo que la coalición de centro-izquierda lleva en el poder ejecutivo, se han sucedido fuertes debates en torno al programa firmado, ya que el PSOE espera moderarlo todo lo posible para mantener su pacto con el Régimen del 78, retrasando la subida del SMI y reduciendo el nuevo monto que percibirán los y las trabajadoras, frente al empuje de Yolanda Díaz, que no quiere esperar más y espera aumentar la cantidad lo máximo posible.