La Ley de Vivienda muestra el freno conservador del PSOE en el Gobierno

El Gobierno de coalición ha llegado a un acuerdo sobre una nueva Ley de vivienda a nivel estatal tras meses de negociación. En este sentido, el referido pacto de gobernabilidad entre el PSOE y Unidas Podemos, sigue teniendo una gran trascendencia.

No solamente se ha reafirmado políticamente el primer gobierno de coalición que se ha formado en España desde la transición democrática. También se ha demostrado la vialidad del pacto de un gobierno progresista desde la llamada Transición, y se basa en un programa con un fuerte contenido social.

Las organizaciones políticas pactantes suscribieron un documento denominado “Coalición Progresista: un nuevo acuerdo para España”, fijando una hoja de ruta para sus acciones programáticas conjuntas. Se trata de un texto caracterizado por la derogación parcial de los aspectos más perjudiciales de la reforma laboral.

Asimismo, el referido programa propone una reforma fiscal ambiciosa con subidas de impuestos a los poseedores de grandes fortunas, así como a las empresas que posean grandes capitales. De igual forma, neutraliza la llamada ley seguridad ciudadana y propone una fuerte subida del salario mínimo, todo ello con un acentuado discurso social.

El acuerdo para un Gobierno progresista, establece la regulación del precio de los alquileres, incluye la construcción de un parque público de viviendas y recoge un plan estatal para la rehabilitación. En este sentido, se propone la nueva Ley de Vivienda, dentro de la cual, el 30% de las nuevas promociones de vivienda se destinarán a vivienda protegida, y una regulación en los precios de alquiler establecida por ley para las zonas tensionadas.

Asimismo, se ha anunciado un bono de 250 euros para promover la independencia de los jóvenes en edades de entre 18 y 35 años, medida que no estaría incluida en la nueva norma sino en los futuros presupuestos.

De esta forma, el Gobierno ha conducido el proyecto de ley de presupuestos generales del Estado tras pactar el PSOE y Unidas Podemos la ley de Vivienda, la cual tiene como objetivo hacer más accesible las viviendas en las llamadas zonas tensionadas, es decir, zonas que poseen los precios más caros.

Se trata de una reivindicación del Ejecutivo, el cual ha negociado la referida norma hasta en cuatro ocasiones. Al respecto, la alianza partidista de gobierno también se ha propuesto a crear una ley que regule el mercado inmobiliario.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, lo comunicó en una rueda de prensa tras el I Foro Urbano en Sevilla. “hemos alcanzado un acuerdo en el seno del Gobierno de coalición para presentar los nuevos Presupuestos Generales del Estado para el año 2022, además de la presentación de la primera ley estatal de vivienda”, comentó el mandatario.

Pero ante cualquier acción progresista, hay una reaccione conservadora. En este sentido, el líder conservador de la oposición, Pablo Casado, ha declarado públicamente que recurrirá la ley ante el Constitucional y señala que las comunidades lideradas por el PP no pondrán un precio máximo al alquiler en zonas tensionadas ni subirán el IBI a los pisos vacíos.

La referida norma deberá ser aplicada en algunos casos por los ayuntamientos y en otros por las comunidades autónomas, por tener las competencias transferidas. En este sentido, el líder del PP, Casado, ya ha anunciado que las administraciones dirigidas por su formación no aplicarán la ley y que además la llevará al Tribunal Constitucional.

El Gobierno, por su parte, advierte que no aplicar la norma perjudica a todo el mundo, a propietarios y a inquilinos, y el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, se ha mostrado confiado en que al final las comunidades y ayuntamientos del PP acaben aceptando aplicar la ley.

Una de las medidas más comentada de la propuesta del Gobierno de coalición es que plantea reservar un 30% de los nuevos inmuebles que se construyan para vivienda protegida, como anunció la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra.

“Va a producirse una reserva de todas las nuevas promociones del 30% para vivienda protegida y de ese 30%, la mitad va a ser para alquiler social; esto significa que es una medida anti guetos. Es decir, que en toda la nueva construcción, ya sea pública o privada, se va a tener que reservar un 30% para vivienda protegida”, comentó la ministra ante medios de comunicación.

Se considera imprescindible mejorar las condiciones materiales de los y las trabajadoras más precarias. Esto genera la necesidad de crear una legislación que posibilite una óptima distribución de la riqueza en un país con una profunda brecha social entre ejecutivos y trabajadores.

En este respecto, Unidas Podemos ha fijado su mirada en la necesidad de transformar el actual sistema de relaciones laborales en España, emprendiendo una serie de reformas conducentes a la protección de la clase trabajadora frente al patronato con tendencia neoliberal.

La propuesta de ley, denominada “Ley de garantía del derecho a la vivienda digna y adecuada”, se registrará el próximo jueves 30 en el Congreso y su contenido se hará público a través de una rueda de prensa el mismo día.

Todo ello, en consonancia con la lucha contra las políticas conservadoras del tradicionalismo español y los intereses económicos de las grandes empresas, muchas veces defendidos y siendo representados por el mismo PSOE, usualmente alineado con el capital financiero.

El apoyo de Unidas Podemos a la iniciativa deja patente la distancia y la tensión que mantienen con su socio de Gobierno por la negociación de la futura Ley de Vivienda. El principal escollo entre ambos sigue siendo la limitación de los alquileres, ya que la formación de Ione Belarra apuesta por la intervención directa de los precios mientras que el PSOE plantea un sistema de bonificaciones y ventajas fiscales para los propietarios.

En el PSOE insisten en que Unidas Podemos debe rebajar sus exigencias en esta materia porque a cambio están logrando importantes éxitos en los Presupuestos. En especial, el mínimo del 15% de tipo efectivo del impuesto de sociedades, una idea que viene de 2018 y supondría una importante subida de impuestos a las grandes compañías a la vez que se baja a las pequeñas y medianas empresas.

Todo ello hace necesario e imperativo acabar con toda la arquitectura jurídica que diseñó el Partido Popular para desregular el mercado laboral y nobiliario español, y en la cual se sustenta en gran medida la precariedad laboral que azotan a los sectores más vulnerables como los jóvenes, las mujeres, o la ciudadanía de difícil empleabilidad.