La UE aumenta su nivel de alerta por la vulneración de DDHH en Ecuador

El 19 de octubre de 2021 los eurodiputados del grupo “The Left” Manu Pineda, Sira Rego, Leila Chaibi, Clare Daly, Mick Wallace y Kateřina Konečná, enviaron una comunicación a Josep Borrell, vicepresidente de la Comisión Europea y Alto Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad solicitando se active la cláusula de solución de conflictos del Acuerdo Comercial entre la Unión Europea y Ecuador, para que se llame a consulta al representante del Ecuador en el Acuerdo, por la vulneración “Cláusula Democrática” que establece que las partes deben respetar los principios democráticos y los Derechos Humanos fundamentales enunciados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, así como de los principios que sustentan el Estado de Derecho.

Esto se sustenta, porque han recibido varias denuncias de organizaciones de Derechos Humanos de ecuatorianos residentes en Europa, relativas a una serie de violaciones de los Derechos Humanos por parte del Estado ecuatoriano, en la que se destacan:

• La realización de una consulta popular sin el respectivo dictamen de constitucionalidad en el año 2018, que desencadenó la desinstitucionalización del Estado ecuatoriano.
• Las fuertes represiones a los manifestantes en las protestas de octubre del 2019.
• La criminalización de los disidentes del gobierno de Lenín Moreno y ahora de Guillermo Lasso, especialmente personas vinculadas al “correísmo”, es decir, simpatizantes del expresidente del Ecuador Rafael Correa, que son perseguidos y apresados.
• Las cruentas masacres carcelarias que han sido objeto de varias noticias en medios de comunicación internacionales, las cuales en lo que va del año 2021 suman más de 238 ejecuciones extrajudiciales de personas privadas de la libertad.

Señalaron que existen varios pronunciamientos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Relatores Especiales, Grupos de Trabajo, la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos al respecto.

Asimismo, indicaron que entre los casos más graves de criminalización y persecución política se encuentran varios exfuncionarios del Gobierno del expresidente Rafael Correa que han perdido su libertad de manera arbitraria, entre los cuales constan:

• Jorge David Glas Espinel, ex vicepresidente de la República del Ecuador del Gobierno de Rafael Correa, también es ciudadano alemán, fue reelegido vicepresidente de la República del Ecuador en las elecciones generales de 2017, y se opuso al viraje político realizado por el expresidente Lenin Moreno, confiando en las autoridades se entregó siendo inocente, sufre de enfermedades, algunas desde temprana edad y catalogadas como “catastróficas” e “incurables” el Estado ecuatoriano ha actuado de manera negligente en su tratamiento.Desde que fue privado de su libertad el 2 de octubre de 2017, su estado de salud se deteriora cada día más. Tiene dos sentencias ejecutoriadas, una de ellas en el caso Sobornos por “influjo psíquico”, ha cumplido más del 50% de la pena y le corresponde hace más de 9 meses salir libre con beneficios penitenciarios y que cumple con todos los requisitos, beneficios que no pueden activarse si el Estado ecuatoriano no elabora su expediente. Actualmente es un rehén político, su integridad física y personal corre grave riesgo ya que se encuentra en uno de los centros de rehabilitación social donde se han dado las masacres antes señaladas, se anexan sus últimos exámenes médicos;
• Alexis Javier Mera Giler, exsecretario Jurídico de la Presidencia de Rafael Correa, privado de su libertad desde el 1 de junio del 2019, fue procesado por el delito de concusión dentro del caso Sobornos, no tuvo derecho a la defensa, el mismo día que lo apresaron le dictaron prisión preventiva, le acumularon el caso de concusión al caso general de cohecho, con el único fin de apresarlo de manera ilegal, porque lo lógico era que debían esperar 5 días para poder hacerle una audiencia de formulación de cargos. Dentro de su proceso hubo jueces que le revocaron la orden de prisión preventiva y le otorgaron arresto domiciliario, mismos que fueron destituidos por orden de la fiscal. Pese a que no tenía nada que ver en la trama incluyeron en la cadena de custodia un computador que le hicieron pasar como de él, para establecer unos supuestos nexos con una compañía que tenía relación con Odebrecht, a esto se le suma el testimonio de un exasesor de él, que dice que le ha llevado un sobre sin garantizar, es más negando que le constara que hubo dinero en ese sobre;
• Pablo Humberto Romero Quezada, exsecretario de Inteligencia del Gobierno de Rafael Correa, está privado de su libertad desde el 21 de febrero de 2020, por el denominado caso Balda (supuesto secuestro), en junio de 2020 se legitimó su segunda orden de privación de libertad, en el caso Caminito. En esta última fue confirmado su inocencia en juzgamiento, quedando no vigente la privación de libertad. En el caso Balda le impusieron nueve años de pena, hace más de un año, y desde esa fecha hasta la actualidad está a espera del recurso de apelación. Este delito condenado (secuestro) está prescrito desde antes que inicie el proceso, es decir su privación de libertad es ilegítima, sumándole el retardo injustificado de convocar a la audiencia de apelación.
• María de los Ángeles Duarte Pesantes, exministra de Obras Públicas del Gobierno de Rafael Correa, también sentenciada a 8 años por el caso Sobornos. Huésped por razones humanitarias en la Residencia del Embajador argentino en Quito, desde el 12 de agosto de 2020, con Martín Rafael Pastore Duarte, su hijo de 10 años, niño que padece trastornos de conducta debido al encierro, la frustración y la falta de socialización, actualmente en tratamiento sicológico y neurológico.

Ellos resaltaron la importancia del principio de Derecho Internacional “Pacta sunt servanda” que implica el consentimiento que un Estado concede para obligarse a cumplir las condiciones previstas en un tratado o acuerdo internacional. Que también exige que este las cumpla de buena fe, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969 y establece lo siguiente: “Pacta sunt servanda”. Todo tratado en vigor obliga a las partes y debe ser cumplido por ellas de buena fe.

Esta obligación de cumplir los compromisos contribuye a la seguridad jurídica del derecho internacional, motivo por el cual las condiciones para impugnar la validez de un tratado o acuerdo y darle término son concretas, es decir la denuncia se activa por el incumplimiento o violación de las cláusulas de una de las partes.

De persistir dichas violaciones, los europarlamentarios piden inicie el proceso de denuncia correspondiente por la violación reiterada y sistemática de los Derechos Humanos en el país sudamericano.

Esto se une a las diversas acciones tomadas por varias organizaciones de Derechos Humanos y de la sociedad civil de ecuatorianos residentes en Europa, con lo que se pretende visibilizar la grave crisis que vive el Ecuador en los últimos años.

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