La justicia es una cuestión de clase: Mariano Rajoy y Juan Carlos I

La justicia española está condicionada por la pertenencia del individuo a una determinada clase social. Existe una notable diferenciación en cuanto al accesos de la justicia, existiendo de esta forma una Justicia para los ricos y otra menos favorable para la clase trabajadora.

Desmitificando la modernidad en el mundo, cabe destacar que los Estados en la actualidad aún padecen las profundas contradicciones derivadas de las desigualdades sociales. La aritmética es simple. Sí menos de 100 personas controlan la misma cantidad de riqueza que los 3.500 millones más pobres del planeta, el resultado puede expresarse con una sola palabra: Desigualdad.

La referida categoría no se define únicamente por la brecha entre los que tienen más y los que tienen menos. También se evidencia en el acceso a agua potable, electricidad, saneamiento, educación, salud y la justicia. En este último aspecto se han evidenciados varios casos de impacto mediático en España.

Ha habido casos emblemáticos donde la delincuencia de guante blanco se ha asentado entre los más ricos, es decir el sector financiero y del sector político conservador español, el cual está empapado de corrupción. Sin embargo, la justicia no parece actuar sobre ellos con el rigor que debiera. En España hay una Justicia para los ricos y otra para los pobres, eso está claro.

Como ejemplos podemos citar el Caso del expresidente derechista Mariano Rajoy, quien fue removido de su cargo tras un fallo de la Justicia que probó la existencia de “una estructura financiera y contable paralela” en su partido.

En España se probó la existencia en el PP de una estructura financiera y contable paralela a la oficial existente al menos desde 1989, cuyas partidas se anotaban informalmente, en ocasiones en simples hojas manuscritas, en las que se hacían constar ingresos y gastos del partido o en otros casos cantidades entregadas a personas miembros relevantes del partido.

Estos hechos conllevaron a que el Congreso ibérico decidiera remover al líder del PP de la presidencia tras un fallo de la Justicia que probó la existencia de corrupción es su gestión. Sin embargo, no ha habido verdadera justicia con los implicados en tales hechos quienes en su mayoría aún gozan de libertad.

Además de la existencia de esta estructura paralela, la mayoría del tribunal consideró probado que “el partido y sus líderes tenían conocimiento de la financiación ilegal”. Sin embargo, el partido no podría haber sido sentenciado penalmente porque como persona jurídica no tenía responsabilidad penal hasta 2012, cuando se modificó la ley española, por ser los hechos son anteriores a esa fecha.

Por otra parte, el PSOE también se había visto envuelto en un caso de financiamiento ilegal en 1991. Si bien en 1997 el Tribunal Supremo dio por probado en su sentencia que el Partido Socialista se había financiado irregularmente, ningún miembro del PSOE o el propio partido figuran entre los condenados en esa sentencia porque, como ya se explicó, en aquel entonces no existía el delito tipificado como “financiación irregular” de los partidos políticos.

En tiempos recientes el PP y su expresidente ha vuelto a dar de qué hablar. Pasado Lunes 13 de diciembre compareció ante el Congreso, donde fue interrogado en la comisión Kitchen sobre la presunta trama de espionaje parapolicial al extesorero del PP Luis Bárcenas.

Rajoy es el último de las 37 personas que han sido llamadas durante nueve meses en la comisión parlamentaria que se abrió para indagar las responsabilidades políticas sobre la presunta trama urdida desde el Ministerio del Interior para espiar y robar documentación al extesorero del PP Luis Bárcenas que pudiera ser comprometida para el partido.

Por su parte, la monarquía española también se ha encontrado en diferentes ocasiones involucrada en hechos de corrupción las cuales no han sido rigurosamente sancionada. En plena pandemia del coronavirus, dos investigaciones judiciales en España y Suiza han destapado los detalles sobre las finanzas del exrey que explican por qué huye del país.

Cien millones de dólares en una cuenta en un banco suizo, a nombre de una fundación opaca de Panamá. Un presunto regalo de 65 millones de euros a Larsen. Otro millón más para otra de sus amantes, la española Marta Gayá. Transferencias millonarias de los monarcas saudíes, aún no se sabe a cambio de qué, así como pagos de comisiones, blanqueo de capitales y fraude fiscal.

Juan Carlos I cobraba oficialmente del dinero público alrededor de 200,000 euros anuales. Una minucia, comparada con el patrimonio oculto en paraísos fiscales que ha llegado a acumular durante su reinado.

En este sentido La Fiscalía del Tribunal Supremo recibió el pasado miércoles la última comisión rogatoria que solicitó a Suiza hace unos meses sobre distintas actuaciones del rey emérito, Juan Carlos I. Este era el último documento pendiente de recibir antes de decretar el archivo de las diligencias.

Hace meses el equipo de fiscales del Supremo solicitó una serie de aclaraciones sobre actuaciones de los años 2015 y 2016 del monarca, cuando ya había abdicado en su hijo, Felipe VI.  Al respecto, la Fiscalía analizará la documentación remitida desde Suiza, que serán archivadas previsiblemente después de las fiestas navideñas, ya en enero.

Al contrario que a estos altos jerarcas españoles, sobre la clase trabajadora recae todo el peso de la ley, incluso con el uso desproporcional de los diferentes mecanismos coercitivos del Estado, sobre todo contra quienes no comulgan con los intereses del status cuo.  

En este respecto se encuentra, Pablo Hasél, quien fue arrestado en la ciudad de Lleida, a unos 150 km de Barcelona, en el noreste de España, por supuestamente “glorificar el terrorismo” e insultar a la monarquía.

La policía ingresó para detenerlo a la Universidad de Lleida, donde el músico, cuyo verdadero nombre es Pablo Rivadulla Duro, se había atrincherado junto una decena de simpatizantes un día antes, para evitar cumplir con una condena de cárcel.

El rapero fue condenado a una pena de nueve meses de prisión por los delitos de “enaltecimiento del terrorismo e injurias a la Corona y a instituciones estatales” por sus letras y mensajes en Twitter en los que ataca a la monarquía y a la policía.

De igual forma la justicia condenó sin sutilezas al rapero Valtònyc, quien llegó a Bélgica en junio de 2018 huyendo de una condena de tres años y medio de cárcel por los cargos de “enaltecimiento del terrorismo, injurias a la corona y amenazas”. La maquinaria judicial española se puso en marcha para reclamar su extradición y emitió una orden europea de detención y entrega que fue denegada en primera instancia.

El artículo 14 de la Constitución establece que todos los españoles son iguales ante la ley, pero evidentemente el referido precepto constitucional no está ajustado a la realidad de la sociedad española, donde la justicia se distribuye de manera estamental. Se trata de una justicia donde unos son más iguales que otros.

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