Las conquistas laborales de la II República que el franquismo abolió

Es menester recuperar la memoria histórica, así como el legado de la Segunda República, sobre todo en función de las conquistas laborales, las cuales, gracias al trabajos de personas como Francisco Largo Caballero, en el bienio en que fue Ministro de Trabajo y Previsión Social del primer Gobierno republicano, se sentaron las bases de lo que luego fue el sistema democrático de relaciones laborales en España.

La obra republicana en el ámbito de la regulación de las relaciones entre trabajadores y empresarios fue notable. Fueron muchas las disposiciones aprobadas en muy poco tiempo y mucha la calidad técnica de todas ellas, realmente sorprendente por haberse producido en una etapa tan temprana de la evolución del marco jurídico laboral español.

Sin ninguna duda alguna sobresale el avance que supuso la conformación de las relaciones de trabajo bajo un prisma de igualdad y justicia social que aún hoy pervive y sirve de guía para la actuación política del progresismo en España en este terreno.

En este sentido, a la luz de la Segunda República, en materia de seguridad social y laboral destacan las importantes modificaciones introducidas en la legislación sobre accidentes de trabajo plasmadas en el Decreto-Ley de 8 de octubre de 1932.

En el apartado de la protección social es obligado referirse al contenido de la Orden Ministerial de 10 de mayo de 1932, donde se encarga al Instituto Nacional de Previsión la preparación de un proyecto de seguro de enfermedad y la unificación de todos los seguros de vejez, invalidez, maternidad, enfermedad y muerte.

Cabe desatacar la paralización del referido proyecto por la salida del gobierno de Largo Caballero, así como las subsiguientes circunstancias políticas y la tragedia de la Guerra Civil, pudo haber supuesto el retraso, en más de 30 años, de la implantación de un sistema de seguridad social moderno en nuestro país, que no se inicia hasta 1963 con la aprobación de la Ley de Bases de la Seguridad Social.

Particular interés tiene la legislación del Ministerio de Trabajo relativa a las condiciones de trabajo en la agricultura, teniendo en cuenta que en aquella época la población activa agraria representaba el 45,51% del total.

En este sentido conviene destacar la legislación sobre términos municipales dando empleo preferente a los vecinos del municipio; de prohibición momentánea de desahucios de campesinos arrendatarios; de salarios mínimos en el campo por las jornadas mixtas; y de reducción de rentas a arrendatarios y aparceros en determinadas circunstancias.

Los logros laborales y sociales conseguidos, propuestos e impulsados desde el Ministerio de Trabajo, culminaron con la legislación laboral más progresista de la época, de la cual se pueden mencionar algunos ejemplos de su contenido.

Lo antes expuesto representa una referencia obligada cuando se trata de legislar en materias relacionadas con las políticas laborales y sociales. Desde la proclamación de la Segunda República, el 14 de abril de 1931, el gobierno de la República aprobó una serie de medidas legislativas entre las que cabría destacar, por su interés o trascendencia, el de la declaración del 1º de mayo como festivo.

Asimismo, el establecimiento de la jornada máxima de 8 horas diarias y 48 semanales; la aprobación del Reglamento de la Inspección de Trabajo; la creación de la Caja Nacional contra el Paro Forzoso; la implantación del Seguro de Maternidad; la constitución de los Comités Paritarios; la Ley Reguladora del Contrato de Trabajo; la Ley de Jurados Mixtos; la Ley de la Organización Nacional de la Colocación Obrera.

También destaca la conformación de la Ley de Creación de las Delegaciones de Trabajo; el Régimen Jurídico de las asociaciones cooperativas. Finalmente, el proyecto de ley sobre Control Obrero de las Empresas no se aprobó a pesar de los esfuerzos llevados a cabo por el propio Largo Caballero en su momento.

La reacción de la derecha ante los importantes logros conseguidos fue brutal y se plasmó en el llamado “bienio negro” al amparo del fascismo internacional y significó la pérdida de confianza de las organizaciones sociales y sectores de la izquierda en la derecha gobernante.

La respuesta de la izquierda en general reforzó una política claramente defensiva, que dio lugar a la huelga del 34, en defensa de los logros conseguidos. Por último, y a pesar del triunfo del frente popular, el levantamiento militar puso fin a una etapa no sólo de esperanza sino también de logros sociales y de avances en la enseñanza, en la cultura y en las infraestructuras. En definitiva, puso fin a las libertades y a la modernización del país.