El complot esclavista del Régimen de Franco para crear el sistema ferroviario

La involución social que representó el Régimen franquista por medio de su praxis fascista y arcaico catolicismo, llega a su extremo en plena mitad del siglo XX a través de la utilización de la mano esclava. El trabajo esclavo formó parte del conjunto de procedimientos contrapuestos a los Derechos Humanos que la dictadura ejerció contra la disidencia política.

En este contexto, compañías públicas y privadas, las cuales actualmente cotizan en el IBEX 35, fueron partícipes de la explotación esclavista, resultando beneficiadas de la mano de obra gratuita que proveían forzadamente de los opositores al Régimen, en la mayoría de sectores productivos.

Banús Hermanos, San Román, Huarte, Agromán, Dragados y Construcciones, fueron algunas de esas compañías cuyo legado político y económico aún siguen vigentes, todas ellas forman parte del IBEX 35, algunas de manera íntegra y otras tras haberse fusionado con otras empresas.

Por otra parte, las empresas Dragados y Construcciones (ACS), Entrecanales y Távora (Acciona), Infraestructuras Ferroviarias (ADIF), Huarte (OHL), son de la misma escuela política, mutadas en nombre, pero aún con un pasado que arrastran.

Las mismas nunca reconocieron pública y oficialmente su complot esclavista junto al Régimen fascista. Tal fue el poder deshumanizante de dichas empresas, que hasta sus propios directivos se paseaban por las cárceles y campos de concentraciones para seleccionar a los internos para las faenas de trabajo forzado.

Estas asociaciones comerciales, así como otras muchas, aprovecharon la oportunidad que ofrecía el entramado diseñado a lomos de presidiarios para alzar sus consorcios económicos durante el régimen de Franco.

En este sentido, la dictadura empleó a miles de prisioneros de guerra y presos republicanos para reparar y erigir kilómetros del trazado ferroviario, una faceta de la represión censurada en los medios de comunicación y en el discurso conservador, siendo una realidad hasta finales de los años 50.

Las vías de tren en España tienen pasado franquista. Lo que hoy es un sendero acondicionado para caminantes y ciclistas entre Alcañiz (Teruel) y Tortosa (Tarragona), una de las llamadas Vía Verdes, fue en su día una de las líneas ferroviarias que se construyeron por orden de Franco.

Nada recuerda en sus más de 100 kilómetros de longitud cómo y quiénes la levantaron. El ferrocarril del Val de Zafán que circulaba por ahí, como se le denominaba, es parte del trazado que ya no se usa para este fin, pero la historia del tren no es solo un relato de desaparición acelerada desde los años 90, también de cómo el franquismo se aprovechó de la mano de obra de los vencidos en la Guerra Civil para extenderlo.

La mano de obra forzada del franquismo trabajaba en tres tipos de obras; la prioridad al principio fueron las reparaciones de las líneas destrozadas por la guerra, también hubo ampliación de doble vía y apertura de nuevas líneas.

En los últimos meses de la Guerra Civil, el trabajo en el ferrocarril suponía el 7,1% del realizado por prisioneros de guerra; en 1939 y 1940 se llegaron a emplear 9.000 trabajadores que se mantuvieron cerca de los 3.000 hasta 1945 y a partir de entonces cayeron por debajo de los 500.

Buena parte de los trabajos se concentraron en el noreste y centro de la península y algunos fueron obras directamente en las estaciones. Hubo reparaciones en Sevilla o Extremadura, Tarragona, Barcelona o Girona y varios tramos de doble vía en la línea Madrid-Zaragoza.

En nuevas líneas destaca la finalización de la que enlazaba Madrid y Burgos, hoy en desuso; o el ya mencionado ferrocarril del Val de Zafán, que se convirtió en estratégico para el Ejército franquista, el cual, tuvo un papel clave en la Batalla del Ebro porque era una vía fácil de suministro de armamento, víveres y soldados a pocos kilómetros del frente, cuenta Mendiola.

Quienes trabajaban en el ferrocarril fueron prisioneros de guerra, sobre todo durante los primeros años, y presos condenados a las cárceles franquistas. De ellos se benefició tanto el Estado como las empresas constructoras intermediarias a las que les adjudicaban las obras.

El sistema de trabajo se organizaba en base a una doble modalidad: Por un lado, estaban los batallones de trabajadores, que no eran campos de concentración, pero sí dependían del sistema concentracionario y por otro, los destacamentos penales.

En el caso de los destacamentos penales, en los que estaban presos a los que se les aplicaba la otra modalidad de trabajo forzado (el Sistema de Redención de Penas), eran una especie de barracones organizados en torno a un patio que solía tener una cruz o una bandera y que se iban asignando por tramos de vía.

A diferencia de los batallones, los destacamentos penales eran fijos y en algunos se han llegado a documentar la existencia de chozas en las que estaban las familias de los presos. Es el caso de Bustarviejo, un pueblo de Madrid en el que el franquismo usó mano de obra forzada para terminar la línea Madrid-Burgos.

Por otra parte, sectores como la minería y la construcción, los presos fueron imprescindibles. El número de pantanos abiertos por Franco, sin la mano de obra esclava, hubieran sido muchos menos, lo mismo que las líneas férreas, carreteras o aeropuertos.

De esta manera, Franco dejó claro mediante sus métodos clientelistas, que una de las metas directas de la Guerra Civil fue preservar el patrimonio de las clases privilegiadas económicamente, asegurando un ecosistema favorable para que las riquezas estuvieran a salvo en manos del conservadurismo y poder incrementarlas con la utilización de prebendas.

Los referidos apoyos no aplicaban para todas las fortunas, sino las de aquellos que ayudaron a financiar el alzamiento de Franco, mismos que comulgaban con sus valores hegemónicos. Todo ello sentó las bases para el desarrollo de un capitalismo español, ahora defendido por las posturas neoliberales de organizaciones políticas de derecha y aquellas creadas a la medida del Régimen del 78.