IBEX 35 y su reparación histórica al saqueo de las empresas españolas

Muchas de las empresas que hoy pertenecen al IBEX 35 sentaron sus bases durante el Régimen del 78. Más de 45 años después sigue sin haber justicia para las víctimas.

El IBEX 35 fue creado por empresas que vieron una oportunidad de acumular grandes capitales a raíz de su relacionamiento clientelar con el Régimen de Franco. Asimismo, muchos de los grandes emporios económicos de España se valieron del saqueo sistematizado a las empresas  y dispusieron de mano de obra esclava para cotizarse.

Los orígenes de esta referencia bursátil se remontan desde los mismos cimientos del franquismo, siendo este último el encargado de recomponer la economía en favor de una oligarquía. Esta procuró desplazar a la mayoría social del control del medio de producción, introduciendo de este modo un sistema económico capitalista, basado en la enajenación y el saqueo.

De esta manera, el dictador dejó claro que la Guerra Civil tenía como objetivo preservar el patrimonio de las clases privilegiadas económicamente, asegurando un ecosistema favorable para que las riquezas estuvieran a salvo y poder incrementarlas. Pero no todas las fortunas, sino las de aquellos que ayudaron a financiar su alzamiento.

La creación del IBEX 35 por parte de los herederos del franquismo constituyó un episodio fundamental en la historia económica de España. Tal creación tiene como antecedente un contexto de cercenamiento de la actividad empresarial del país, bien sea por nacionalización o por presión sostenida, favoreciendo a las grandes empresas españolas de propiedad privada.

Todo ello sentó las bases para el desarrollo de un capitalismo español, ahora defendido por las posturas neoliberales de organizaciones políticas de derecha y aquellas creadas a la medida del Régimen del 78. Tal ejercicio se encarna en el PP y PSOE, quienes han armonizado con posturas fundamentalmente capitalista en el escenario económico.

IBEX 35
Prisioneros del franquismo siendo conducidos a su faena de trabajos forzados.

Para sostener el referido contexto económico, el franquismo llegó al extremo de usar presos políticos como esclavos. Cual botín de guerra, los vencidos del bando republicano eran forzados a trabajar en las obras del gobierno dictatorial y de sus empresas cómplices.

Se estima que cerca de 400.000 opositores fueron empleados en trabajos forzados para el Régimen, resultando una de sus obras más emblemáticas el Valle de los Caídos. Todo ellos derivaron en múltiples violaciones de Derechos Humanos y demás crímenes a los cuales aún no se aplica justicia.

De este modo, muchas empresas aprovecharon la oportunidad que ofrecía el entramado diseñado a lomos de presidiarios para alzar sus consorcios económicos durante el Régimen de Franco. Las cárceles del Régimen se convirtieron en símbolo de la deshumanización de un sistema político y económico explotador, cuya semilla fue plantada para perdurar tras la transición hacia la “democracia” y a lo largo del sistema bipartidista constituido a partir de 1978.

Para la mayoría de los españoles es necesario hacer justicia por medio de una política pública de memoria en democracia, que garantice plenamente los derechos de las víctimas de la dictadura franquista. Ante esto, se ha adelantado una legislación encaminada a ese objetivo, pero sigue siendo una cuenta pendiente para España y sus gobiernos.

Las víctimas del franquismo llevan sin justicia más de 45 años, si se toman en cuenta los años previos a la transición democrática. En este sentido, existe un marco legal que pretende reparar el daño de la dictadura, aunque amerita ser optimizado para su mayor eficacia.

La ley de memoria histórica contiene una serie de previsiones destinadas a mejorar el régimen de pensiones e indemnizaciones a las víctimas del franquismo. Estas son medidas parciales de reparación y que distan mucho, tanto cualitativa como cuantitativamente de las que exigen las víctimas del saqueo y del esclavismo impuesto por el Régimen dictatorial.

Pese a todas sus insuficiencias, la Ley 52/2007, la cual proclamó la “condena del franquismo”, también incluyó una disposición derogatoria, la cual priva de vigencia jurídica a aquellas normas represoras establecidas bajo la dictadura, por ser manifiestamente contrarias a los derechos fundamentales.

Todo ello, con el doble objetivo de proclamar su formal eliminación del marco jurídico e imposibilitar su activación por cualquier autoridad administrativa y judicial de España. Sin embargo, su derogación evidencia profundas carencias a la luz de la Constitución democrática de 1978, ya que esta no afrontó directamente la ruptura con el Régimen totalitario de franco.

Este contexto deja sobre la mesa las falencias en la democracia española, ya que existen elementos franquistas aún inmersos en los diferentes espacios políticos, económicos e incluso culturales de España. Razón por la cual aún existen ciertos rasgos de la cultura autoritaria muy cercana al franquismo.

Por tal motivo, la referida ley solo alcanzó unos objetivos superficiales, donde imperaba una dinámica privatizadora de la memoria. Dice el Preámbulo que, entre otros, es cometido de la Ley proteger “el derecho a la memoria personal y familiar como expresión de plena ciudadanía democrática”.

Dicho lo cual, la consecuencia de este planteamiento ha sido una progresiva desidia y un claro abandono de las legítimas reivindicaciones para la plena rehabilitación moral, económica y jurídica de los vencidos y sus descendientes.

Manifestación en favor de la reparación a las victimas del franquismo
Reparación de las víctimas

En este sentido, la reparación plena y efectiva de las víctimas del franquismo requiere de lo siguiente: restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición. La indemnización ha de concederse, de forma apropiada y proporcional a la gravedad de la violación y a las circunstancias de cada caso.

De igual forma, los daños económicos derivados de trasgresiones manifiestas de las normas internacionales de Derechos Humanos o de violaciones graves del derecho internacional humanitario, tales como los siguientes: el daño físico o mental también deben ser reparados.

Asimismo, es necesario el apoyo a las víctimas debe incluir la atención médica y psicológica, así como servicios jurídicos y sociales. En este sentido, cuando sea pertinente y procedente, la totalidad o parte de las medidas siguientes: la verificación de los hechos y la revelación pública y completa de la verdad.

También existe la imperiosa necesidad de buscar a las personas desaparecidas, dar con las identidades de los niños secuestrados para entonces y de los cadáveres de las personas asesinadas. Todo ello para recuperarlos, identificarlos y volver a inhumarlos según el deseo explícito o presunto de la víctima o las prácticas culturales de su familia y comunidad.

En consecuencia, debe crearse una declaración oficial o decisión judicial que restablezca la dignidad, la reputación y los derechos de la víctima y de las personas estrechamente vinculadas a ella; una disculpa pública que incluya el reconocimiento de los hechos y la aceptación de responsabilidades.

Empresas esclavistas

Bajo este escenario, los españoles se preguntan si, las empresas que colaboraron íntimamente con el franquismo y que aún perduran en la actualidad dentro del IBEX 35, responderan por la cuota de responsabilidad que tienen.

Empresas como Dragados y Construcciones (ACS), Entrecanales y Távora (Acciona), Infraestructuras Ferroviarias (ADIF), Huarte (OHL), arrastran un oscuro pasado. Las mismas nunca reconocieron públicamente su complot esclavista junto al régimen fascista.

Hubo casos tan polémicos como el hecho de que sus propios directivos se paseaban por las cárceles y campos de concentraciones para seleccionar a los internos para las faenas de trabajo forzado.

Incluso, al finalizar la segunda guerra Mundial y tras la derrota de la Alemania Nazi, las mismas empresas germanas pagarían indemnizaciones por medio de fondos especiales creados para tal fin. Por otra parte, el Estado se encargó de complementar dicha reparación económica.

En el caso de España, aún persiste en pleno siglo XXI la indiferencia de las compañías cómplices de un régimen enterrado en las catacumbas de la historia.