El Régimen del 78 defiende penosamente las macrogranjas

Por medio de las macrogranjas, España se está convirtiendo en el vertedero de Europa de la industria ganadera intensiva, no solo tiene graves efectos sobre el cambio climático, sino también sobre los habitantes de las poblaciones cercanas a las macrogranjas de explotación animal.

La ganadería en España es un sector clave desde hace muchos años y en la actualidad si cabe mucho más. Para ello, ha sido tradición el uso de la ganadería extensiva, realizada con disposición total o parcial de una base territorial con aprovechamiento de pastos, prados, pastizales, hierbas y rastrojos, propios, ajenos o comunales, de forma permanente o temporal para alimentar el ganado.

Las metodologías de producción agrícola han mutado con el tiempo a formas más industrializadas e invasivas con el medio ambiente. Este es el caso de la ganadería intensiva, en la cual, el ganado no se alimenta con aprovechamiento de pastos o prados de la base territorial de la que disponga la explotación, lo cual es la razón diferenciadora con respecto a la explotación extensiva.

En este respecto, la izquierda en España y su manifestación en el espectro político, ha fijado posición. En este sentido, Unidas Podemos (UP) por medio del ministro de Consumo, Alberto Garzón, quien se propuso defender a la ganadería extensiva, después de que tanto el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como la ministra de Hacienda y anterior portavoz del Ejecutivo, María Jesús Montero, defendieran a la “industria cárnica” y advirtieran sobre los peligros de mandar mensajes que pueden dañar la imagen del sector.

Recientemente el ministro de Consumo arremetió contra la “contaminación”, el “maltrato” y la “mala calidad” de la ganadería intensiva practicada por las macrogranjas. Esto generó un conjunto de reacciones en donde el espectro político de España cerró filas en función de su visión ideológica.

En este sentido, el presidente del Partido Popular (PP), Pablo Casado, ha pedido este martes “responsabilidades” y la “rectificación inmediata” del ministro de consumo, Alberto Garzón, por sus palabras el pasado 26 de diciembre sobre las macrogranjas. Por su parte, Ciudadanos ha pedido este martes su reprobación en el Congreso de los Diputados.

De igual forma, la patronal cárnica estudia emprender acciones legales contra el ministro. Por otra parte Alfonso Fernández Mañueco, presidente de Castilla y León y candidato del Partido Popular (PP) en las elecciones autonómicas del próximo 13 de febrero, haya calificado las palabras de Garzón de “ataque” del “Gobierno de España” a los ganaderos.

En este sentido, por parte de VOX, Santiago Abascal, ha sentenciado a través de Twitter: “Para ellos solomillo. Para ti gusanos”. También el PSOE ha entrado a la polémica. El presidente de Aragón, Javier Lambán, pidió la dimisión del titular del titular de Consumo y respaldó que las críticas de Garzón a las macrogranjas afectaban a los agricultores y a los ganaderos.

Desde el propio Gobierno, la parte socialista ha evitado apoyar al líder de IU y ha optado por desmarcarse y defender que sus declaraciones sobre la ganadería intensiva son “a título personal” y no una posición del Ejecutivo de coalición.

El ministro de Consumo, que ya se enfrentó a las críticas de la oposición y la industria cárnica cuando pidió “reducir el consumo de carne”, ha respondido que las acusaciones vertidas por los miembros del PP son “mentira” y ha destacado el que califica como “justo elogio de la ganadería extensiva”, afirmando que “el señor Mañueco está desesperado por los votos de ultraderecha y por eso recurre a la mentira y manipulación de los lobbies”.

Los permisos de los gobiernos regionales para la construcción de nuevas macrogranjas ha sido objeto reciente de crítica por parte de asociaciones medioambientales como WWF, Greenpeace o Ecologistas en Acción por la contaminación que suponen a causa del nitrato que contienen los purines de los cerdos.

Desde Unidas Podemos han cerrado filas con el ministro de Consumo y han cargado contra el PSOE al entender que la defensa de la ganadería extensiva frente a las macrogranjas debería ser una posición institucional.

En este sentido, la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha trasladado un mensaje en sus redes sociales en el que ha defendido que “nuestro país debe seguir apostando por la ganadería sostenible, en línea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 y el F2F, y denunciar aquellas prácticas minoritarias que agravan la crisis climática. Un Pacto Verde Europeo socialmente justo repercute positivamente en la salud pública“.