Reforma fiscal: la nueva batalla política de UP

La batalla política en España encabezada por Unidas Podemos (UP) en el marco de la reforma laboral, se ve continuada ante un nuevo escenario, la reforma fiscal. Este último contexto trae nuevos enfrentamientos dentro del gobierno de coalición en función de sus interese ideológicos.

Existe una gran probabilidad que la materia fiscal sea ampliamente debatido por los factores políticos en los próximos meses. En este sentido, la tolda morada se posiciones frente a la gestión de Pedro Sánchez, con respecto a la inclusión de impuestos a las grandes fortunas y tributos destinados a gravar específicamente a las compañías eléctricas.

Las mencionadas, son parte de las propuestas presentadas por UP en el acto denominado “Tax the Rich. Equilibrar la balanza fiscal“, donde se discutirán sobre la reforma del sistema impositivo.

En dicha actividad estarán presentes las ministras Ione Belarra e Irene Montero; el secretario de Estado de Derechos Sociales, Nacho Álvarez; la dirigente de Oxfam Susana Ruiz y el presidente del sindicato de técnicos de hacienda Gestha, Carlos Cruzado.

Por otra parte, la agenda eléctrica continuará en la palestra pública. En este sentido, UP procura establecer un aumento de 10 puntos porcentuales en el tipo que pagan estas empresas en el impuesto de sociedades, lo que conllevaría situarlo nominalmente en el 35% de sus beneficios.

La referida propuesta se expuso bajo un criterio de temporalidad, es decir, se pondrá en marcha por un periodo inicial de cinco años, prorrogable en periodos de duración equivalente. En este sentido, el texto de la propuesta señala: “Esta recaudación se destinaría específicamente a compensar los cargos de los consumidores del sistema eléctrico para abaratar la factura de la luz“.

Se trata de una medida oportuna, pero que aún no resolvería el problema de fondo acerca de la distribución efectiva de la electricidad. Actualmente, la gestión eléctrica en España recae sobre un oligopolio, que invierte en tecnología de manera ineficiente y ofrece a sus empleados unas condiciones de trabajo precarias. Todo ello junto a precios que impiden un acceso universal a la energía eléctrica.

La posible reducción del costo de la electricidad no ha sido bien recibida por las empresas del sector, ya que ven en la posible medida el motivo de importantes pérdidas, las cuales se estiman en más de 1.000 millones de euros anuales.

Asimismo, el discurso político conservador en España considera tal reducción contraproducente. Bajo la teoría neoliberal, argumentan que la proliferación de un proceso de eterna competencia y la deshumanización de la productividad conducirá inevitablemente a una reducción de los precios. Tales basamentos han resultado ser contradictorias considerando las realidades actuales de España.

Históricamente las políticas neoliberales en España, se caracterizan por un desarrollo donde la supremacía del capital privado y extranjero tienen absoluta capacidad decisoria. Esto último ha mermado considerablemente la soberanía financiera, tecnológica y moral del Estado español.

Al contrario que el conservadurismo económico, la izquierda rupturista asume que las medidas propuestas aportaran a los consumidores beneficios en el proceso de transición energética. Por otra parte, las medidas de control fiscal “verde” incluye otras dos medidas. Al respecto se pretende la bajada de impuestos, para beneficiar la transición ecológica.

Asimismo, se pretende la reducción del impuesto de matriculación y el impuesto de circulación a los automóviles tanto híbridos como eléctricos. Por otra parte, se plantea desgravaciones en el IRPF por el uso de abonos de transporte público y la adquisición de electricidad 100% procedente de fuentes renovables.

Por otra parte, se pretende ejecutar un impuesto sobre las grandes fortunas. Esa tasa impositiva se aplicaría únicamente a las personas con patrimonios por encima del millón de euros, sin incluir en esa ponderación a la vivienda habitual hasta un valor máximo de 400.000 euros.

Es decir, quienes tengan bienes entre un millón de euros y los diez millones de euros pagarían un 2%, es decir, un mínimo de 20.000 euros y un máximo de 200.000. Para quienes tengan un patrimonio superior a los diez millones de euros, pero inferior a los 50 millones, el gravamen sería del 2,5%, es decir, de entre 250.000 y 1.250.000 euros.

La presentación del paquete fiscal propuesto se lleva a cabo en un contexto de posicionamiento ideológico de todos los factores políticos en torno al tema. Los partidos han tomado posición, esto avizora un duro debate dentro de la coalición del gobierno.

Pese a la presión de los morados, el Ministerio de Hacienda María Jesús Montero ha realizado esfuerzos para retrasar la reforma fiscal, todo ello para hacer tiempo y el pronunciamiento sobre la misma el comité de expertos seleccionado por el Ejecutivo en 2021.

Al respecto, la vicepresidenta segunda y líder de Unidas Podemos, Yolanda Díaz, se ha pronunciado hace unas semanas en el acto que celebró junto al economista francés Thomas Piketty. En ese evento, una Díaz más contundente de lo que acostumbra cargó contra la “deserción fiscal” de los “hiperricos” y se mostró partidaria de una reforma fiscal para garantizar que los más acaudalados paguen lo que deben.

Según Díaz “No hay nada que interceda más en la vida de los seres humanos que los impuestos, no hay proceso ni proyecto social de igualación y emancipación sin progresividad fiscal y sin un Estado social fuerte” y, en definitiva, “no hay igualdad sin impuestos“, declaró la vicepresidenta del Gobierno.

Todo ello abre un nuevo panorama político en España, done las diferentes organizaciones políticas asimilan su lugar dentro del espectro ideológico para tomar posición en la coyuntura fiscal, la cual será centro de importantes debates.