OCDE: España es el segundo país con mayor privatización en el sector de energía

La propuesta de ley de Unidas Podemos es un paso más para conseguir una rebaja en la factura de la luz y aumentar la soberanía eléctrica y tecnológica de España.

Ante la indómita escalada del precio de la luz, surge desde Unidas Podemos (UP) la iniciativa de crear una eléctrica pública. En ese sentido el pasado jueves 2 de septiembre ha presentado una propuesta de ley ante el congreso con este propósito.

Tal propuesta, cuyo nombre será “Producción Eléctrica Española” (EPE), la tolda morada y roja pretende asumir concesiones de centrales hidroeléctricas que vayan caducando y, en paralelo, impulsar nuevas instalaciones de energía renovable.

Dentro del seno de UP se argumenta que la producción de eléctrica en España es la segunda más privatizada de la OCDE, teniendo apenas el 5% de la generación. En este respecto, se recuerda que hay países como Francia, Italia, Suiza, Países Bajos, Austria o Finlandia que en la actualidad cuentan ya con una empresa pública de energía, siendo las mismas eficientes en su administración.

Asimismo, la formación progresista plantea que la nueva compañía colabore con las empresas públicas municipales ya creadas, como la de Ada Colau en Barcelona, o que puedan crearse para comercializar y gestionar el suministro energético.

Por otra parte, aunque Unidas Podemos ha llevado al congreso una propuesta unilateral, la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, ya abrió la puerta a mediados de agosto a crear una empresa pública de energía en línea con las reivindicaciones de sus socios de Gobierno.

Durante el mes pasado, y en plena ola de calor, el coste en el mercado mayorista o “pool” fue marcando un nuevo récord tras otro, con lo que el precio medio de agosto llegó a los 105,94 euros el MWh, el mes más caro de la historia. El segundo con los precios más altos fue el mes de julio, que ya marcó otro récord, con un precio medio diario de 92,4 euros.

Fijar o limitar el precio del megavatio por cada hora de la energía nuclear e hidráulica respectivamente, su principal objetivo. De esta manera, la creación de esa empresa pública es la solución para frenar la escalada del precio de la luz, que supera récords día a día.

Al respecto, desde UP se afirma que la referida medida es primordialmente estructural a mediano plazo, pero inmediata frente a los márgenes de beneficio de las centrales hidroeléctricas, de las que también exigen recuperar las concesiones según éstas vayan caducando.

El registro de esta propuesta de ley es un paso más de la coalición dirigida por Yolanda Díaz para conseguir una rebaja en la factura de la luz, que también busca que la sociedad colabore con empresas públicas municipales que comercializan y gestionan su suministro eléctrico.

En base a la experiencia europea respecto a las eléctricas, “la existencia de una empresa pública, más que la excepción, es la norma“, ha esgrimido en rueda de prensa en el Congreso para presentar la iniciativa su portavoz, Pablo Echenique, que ha recordado que en España ya tuvo una empresa pública, Endesa, privatizada por los gobiernos de Felipe González (PSOE) y José María Aznar (PP) y hoy propiedad de Enel, controlada por el Estado italiano.

Echenique ha recordado que la propia Constitución establece que toda la riqueza del país está subordinada, sea pública o privada, al interés general, y ha señalado cómo en el primer semestre del año, antes de alcanzar los niveles máximos en el precio de la electricidad, las tres grandes empresas energéticas registraron 1.844 millones de euros de beneficio en el caso de Iberdrola, 832 millones Endesa, y Naturgy otros 484 millones.

El más reciente aumento del precio de la actuación eléctrica ha reavivado el debate sobre la nacionalización del sector eléctrico en el país ibérico. Asimismo, se discute si tal estatización resultaría en un sistema más eficiente y justo para los españoles, siendo estos últimos considerados a la luz del nuevo sistema, sujetos de derechos y no meros clientes.

Las medidas de aumento han sido aplicadas bajo el argumento de propiciar el desplazamiento del consumo fuera del periodo de mayor uso eléctrico. Consiste en una estrategia para regular la demanda de energía eléctrica provocando un aplanamiento en la curva de consumo diaria.

Una medida pragmática, pero que no resolvería el problema de fondo acerca de la distribución efectiva de la electricidad. Actualmente, la gestión eléctrica en España recae sobre un oligopolio, con una inversión tecnológica ineficiente, así como unas condiciones de trabajo más precarias en el sector. Todo ello junto a precios que impiden un acceso universal a la energía eléctrica.

Para el año 2020, el precio de la electricidad había sido anormalmente bajo, en comparación con años anteriores. La causa de esta situación fue el contexto pandémico provocado por la Covid-19 y sus efectos sobre la economía, donde se redujo la demanda energética y se produjo una caída de precios.

Ahora, el estatus quo ajusta los costes de la energía eléctrica en función de sus intereses sectoriales, todo ello en detrimento de la capacidad del ciudadano español de acceder a dicho recurso. Si bien, los costes de generación de electricidad dependen en gran medida de las fuentes empleadas para producirla, no es menos cierto que existe una agenda neoliberal que constriñe al sector

En el año 2021, la producción eléctrica en España se distribuye en: nuclear, eólica, ciclo combinado, hidráulica, cogeneración, solar y otras. De este modo existe una diversificación de las fuentes de electricidad.

Sin embargo, el aumento de los costes de luz se aplica como si tal diversificación no existiera. Dicho lo cual, no es la objetividad del mercado ni la falta de alternativas de fuente de energía lo que condiciona los ajustes en los presupuestos y la facturación de la electricidad.

El 20 de octubre de 1996 Josep Piqué, Ministro de Industria y Energía del Gobierno de José María Aznar, aseguraba que para entonces había “empezado la revolución eléctrica para bajar precios y ganar competitividad”. De este modo, da comienzo a un largo proceso de liberalización del sector eléctrico en España, el cual tenía como marco jurídico la Ley 54/1997.

Dicho contexto trajo como consecuencia una gestión del sector eléctrico desde la perspectiva de la generación del máximo beneficio, en contraposición a la aplicación de un criterio conducente a la satisfacción de las necesidades de la población, que a su vez permitiera la reducción de la agresión al medio ambiente y el incremento de la soberanía energética del país.

Los procesos de transformación que se impulsen desde el Estado, para satisfacer las necesidades de todos los trabajadores e intervenir en el desarrollo de la economía, ineludiblemente debe optar por la nacionalización del sector eléctrico, así como de otros sectores.

Todo ello debido a que el sector eléctrico funge como un ámbito estratégico, no solamente por ser una necesidad básica insustituible para los españoles, sino también porque es un factor fundamental para el desarrollo del resto de los sectores productivos del país.

De este modo, es necesario ejercer el control sobre actividades estratégicas como la generación con bombeos o la gestión de la red de distribución, pero también sobre otras no estratégicas pero que son complementarias.