Yolanda Díaz sobre emérito: “Tiene que rendir cuentas sobre lo que hizo”

Aún continúa la polémica que gira en torno al Rey Emérito Juan Carlos I, el cual aseguró en una carta que mantendría su residencia en Abu Dabi, tras ser archivada de las investigaciones sobre sus implicaciones en sensibles hechos de corrupción.

Todo ello, tendrá como posible consecuencia, el retorno del monarca autoexiliado a España, si bien no de forma permanente, sino tan solo de visita, para así “no entorpecer la labor del actual rey Felipe VI”.

La decisión del Tribunal Supremo se anuncia paradójicamente en el momento en que no solo no se ha terminado de aclarar el contenido de la investigación de la Agencia Tributaria y de las fiscalías en España y suiza, sino que, por el contrario, cada día que pasa arrecian las informaciones sobre las comisiones recibidas y sus turbios manejos fiscales para ocultarlas.

Este hecho ha despertado diferentes reacciones en el escenario político de España, donde tanto la derecha como la izquierda se han manifestado en sus respectivos planos ideológicos. En este sentido, también el gobierno existe diferencias de criterio en torno al tema.

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, se ha manifestado sobre el comunicado del rey Juan Carlos I en el que apunta que seguirá viviendo en Abu Dabi, aunque con viajes esporádicos a España.

Al respecto, la actual ministra del trabajo señalando que el “problema” del monarca emérito “no es donde resida“, sino que, a su juicio, “tiene que rendir cuentas sobre lo que hizo mientras fue Rey de España“.

Díaz ha realizado dichas declaraciones ante los medios de comunicación desde el pasillo del Senado, donde ha estimado de esta manera la decisión que comunicó el pasado lunes el rey emérito Juan Carlos.

En este contexto, Díaz ha resaltado que “lo que pide la ciudadanía española” es que el rey emérito “rinda cuentas” sobre lo que hizo mientras fue monarca de España. “La ciudadanía española exige unos niveles de transparencia y gestión pública. Las instituciones no pueden dejar ningún resquicio a la duda, y por tanto, como defendemos y ensanchamos la democracia, sería muy positivo que el rey emérito rindiera cuentas“, ha concluido Yolanda Díaz.

Por su parte el PSOE, partido de Pedro Sánchez, haciendo uso de sus posturas pro monárquicas, se limitó a expresar su respeto a las decisiones de la Justicia y a la autonomía de la Fiscalía después de que la pasada semana la Fiscalía del Tribunal Supremo anunciara el archivo de las diligencias de investigación que tenía abiertas contra el emérito.

En vista de la ausencia en una fuerza políticamente cohesionadora dentro de sus filas, el PSOE para procurar su supervivencia ha necesitado apoyarse en factores políticos conservadores, incluyendo la monarquía.

Tal ha sido la decadencia experimentada que el PSOE ha pasado de ser el partido predominante que en su día logró ejercer la hegemonía social y política en la izquierda española, a disputar su lugar compitiendo electoralmente mediante posiciones conservadoras y a fórmulas neoliberales.

La monarquía de Juan Carlos I, misma que fue instituida durante el régimen de Franco y que fungió como elemento para la protección de los intereses de la dictadura tras la transición de 1978, se ha visto envuelta durante la última década en un conjunto de escándalos que solo revelan las profundas contradicciones de un sistema político en decadencia.

La ejecutoriedad del sistema ideado a la medida de las estructuras políticas y económicas creadas durante el gobierno de Franco gozó de relativa estabilidad, hasta que entrado el siglo XXI empieza a dar fuertes muestras de agotamiento ante la presión de los mercados cada vez más globales y los diversos escándalos donde se involucraba la corona española.

Tales han sido las polémicas en las que ha caído la familia real, que ha ameritado la abrupta salida del Rey Juan Carlos I del territorio español. Situación con un potente significado jurídico, político y simbólico, el cual también denota un indicio de ruptura sistémica.

La monarquía española está atravesando una crisis que ha mermado sensiblemente aquel prestigio y legitimidad que tanto buscaba proyectar ante los españoles. Incluso, son más crecientes las opiniones que aseguran que tal sistema de poder desaparecerá de España durante el reinado de Felipe VI.

Tal posibilidad se consideraba impensable hace 20 años en España, tampoco se concebía como posible un eventual exilio de Juan Carlos, personaje notablemente rechazado por los españoles y llegando a ser investigado por la justicia.

El exilio voluntario del rey emérito Juan Carlos I por los escándalos de tráfico de influencias, malversación de fondos y fraude fiscal; las infantas Elena y Cristina, además de su vacunación en Dubái entre muchas otras acciones, son cuestionamientos a la legitimidad de la monarquía.

Según un sondeo, el nivel de satisfacción con el funcionamiento de la monarquía ha descendido más de seis puntos este año: del 42,1% de 2020 al 35,7% de 2021. Con respecto a las personas que no estaban nada satisfechas el pasado año, el porcentaje ha bajado ahora un 2,6%.

También ha aumentado el porcentaje de personas que consideran que la monarquía es una institución de otros tiempos y que, por tanto, no tiene sentido en una democracia: pasa del 47,9% de 2020 al 53% de ahora.

En el anterior sondeo, la mayoría de la ciudadanía, casi el 80%, independientemente del partido al que votase, la edad o la comunidad autónoma en la que viviese, consideraba que el rey tendría que ser juzgado por los delitos que pudiera cometer.

Para trasformar este contexto dinástico, se debe procurar un sistema que, concede a sus ciudadanos amplias libertades, igualdad política, control sobre las políticas públicas y sobre los decisores mediante legítimo y lícito funcionamiento de las instituciones. Este régimen satisfaría expectaciones ciudadanas respecto a la gobernanza que requiere.