La huella feminista en la propuesta constituyente de Chile

El proceso constitucionalista de Chile continúa. Ciertamente representa un momento clave para definir tanto el panorama político, como la dinámica social que tendrán la nación. También para un enfoque más feminista a todos los niveles. Después de haber exigido el cambio que permitiera desechar la Carta Magna heredada de Pinochet, por fin es algo que se acerca a pasos agigantados.

Sabemos que el borrador del nuevo texto constitucional está siendo elaborado por una convención paritaria. Es decir, está compuesta por igual número de mujeres y de hombres. Este hecho consolida y promociona los derechos humanos y los valores con miras a lograr una sociedad más igualitaria e inclusiva.

Uno de los factores más importantes es que se contempla a los grupos históricamente marginados. También a la protección de los derechos económicos y sociales de los pueblos indígenas que residen en el territorio chileno.

El “estallido” es un hito

Como toda necesidad de la sociedad, la iniciativa para la redacción de una Constitución fue un hecho que necesitó de tiempo para gestarse. De ahí que, al conseguirlo, se logró un acuerdo político nacional para poner fin a las numerosas protestas y manifestaciones que acontecieron en octubre del año 2019. En aquellos momentos, los ciudadanos se pronunciaron ante la desigualdad creciente en el sistema y las deficiencias del mismo.

Estos eventos son popularmente conocidos como “el estallido social”. Significó una manifestación de las personas en pro al alcance de la justicia y la garantía de proteger la dignidad humana. Una medida de acción y reacción ante las diferentes medidas ineficaces que estaba tomando el gobierno de turno.

Posteriormente, un año después, los chilenos pudieron votar a favor de redactar una nueva Constitución. En un sufragio posterior eligieron a los 155 representantes de la convención constitucional.

Indígenas y mujeres en esta Constitución

En la Carta Magna, los derechos de los pueblos indígenas no son reconocidos, a diferencia del borrador que está siendo construido, para que así, de los 155 escaños de la convención constitucional, 17 estuviesen reservados para los pueblos indígenas.

Por tanto, es una oportunidad única en Chile para saldar la deuda histórica con las comunidades indígenas. De esta manera, se podrá crear un nuevo contrato social que esté fundamentado en la convivencia de los diferentes grupos culturales que residen en el país.

Visión feminista

Asimismo, en este proceso se han introducido las demandas feministas que empezaron a concretarse en las normas, gracias a la participación de las mujeres que impulsan la representación política femenina en el órgano constituyente.

Se puede destacar entre las medidas que todos los órganos colegiados del Estado, en sus diferentes expresiones (Poder Legislativo, Poder Judicial, órganos autónomos constitucionales, y superiores y directivos de la Administración y sus empresas), contarán con al menos un 50% de mujeres, para lo cual las listas electorales deben estar encabezadas siempre por una mujer. Una reacción más para una visión feminista.

Además, este proyecto contempla la paridad de género en el Poder Judicial, enfoque de género en la justicia y capacitación en perspectiva de género para los funcionarios y auxiliares del sistema de justicia. También en el enfoque de género en la planificación social, política, administrativa y cultural de las regiones, e “igualdad sustantiva”, que asegura “garantía de igualdad de trato y oportunidades para el reconocimiento, goce y ejercicio de los derechos humanos y las libertades fundamentales”.

Es así como trasciende la paridad de género en cuanto a los cargos de elección popular, la confirmación de los directivos y también de los partidos políticos. Es más incisivo y está enfocado a los problemas estructurales.

Por otra parte, podemos decir que esta nueva Constitución tiene un enfoque transversal. Los artículos con huella feminista no solo están basados en temas que afectan a las mujeres y niñas, sino que están centrados a la generalidad, principalmente destinados a ser interseccionales.

Abarca a las personas con discapacidad, al sistema de salud y seguridad social y a los pueblos originarios. Además, puede aplicarse incluso en artículos sobre la descentralización del Estado.