The news is by your side.

Fernando Villavicencio: el que denuncia es denunciado

El asambleísta nacional del Ecuador que ha encabezado la persecución a la izquierda desde la Comisión de Fiscalización, está vinculado con una red de corrupción en contrataciones públicas.

Fernando Villavicencio ha quedado en evidencia. El fiscalizador de la Asamblea Nacional del Ecuador, ha sido denunciado por el asambleísta Fernando Cedeño, al estar vinculado a diversos hechos de corrupción en contrataciones públicas.

Los indicios de los hechos de corrupción de Villavicencio están en un informe publicado por ElVenezolanoNews, en un trabajo denominado “Demasiado informado para ser periodista”. Este está basado en un informe del Centro de Inteligencia del Gobierno de Ecuador (CIES).

En el documento del CIES, se califica al asambleísta de Alianza Honestidad, como “líder de una mafia que extorsiona”.

Fernando Villavicencio no ha ocultado nunca su nexo con Guillermo Lasso. De hecho, reconoció públicamente en la televisión ecuatoriana, que su responsabilidad en la Comisión de Fiscalización obedecía a la confianza que le otorgaba el primer mandatario ecuatoriano.

La trayectoria de Villavicencio

Al “fiscalizador”, como se le conoce en la escena política ecuatoriana, se le debe, entre otras cosas, la exoneración de responsabilidad de Guillermo Lasso por su aparición en los Pandora Papers. En ellos se reveló la existencia de fondos offshore, y la violación de las leyes ecuatorianas relacionadas con el patrimonio de los funcionarios públicos.

Por otra parte, Villavicencio ha sido una pieza clave en la extensión de la persecución a Rafael Correa. Pero no solo a él, sino también a la izquierda ecuatoriana y latinoamericana.

Durante el 2022, se colocó al servicio de la agenda mediática de la derecha, y emprendió una campaña contra el correísmo a partir de la detención del empresario colombo-venezolano, Alex Saab.

Fue más allá. Fernando Villavicencio se reunió con el entonces presidente de Colombia, Iván Duque, para anunciar una ofensiva contra la izquierda, señalar a Piedad Córdoba y ensuciar la campaña de Gustavo Petro, quien terminó ganando la presidencia.

Esto último, fue una extralimitación de funciones por la cual no sufrió sanción alguna. Sin embargo, como resultado de sus acciones, selló su ubicación en el mapa político como un actor de la derecha.

Los hechos

El asambleísta Fernando Cedeño Rivadeneira, sustenta su denuncia ante la Fiscalía General del Ecuador, en el informe del Centro de Inteligencia del Gobierno de Ecuador (CIES). En él ofrece suficientes indicios para, al menos, iniciar las investigaciones por parte de los organismos judiciales.

Según la denuncia, Fernando Villavicencio habría favorecido a Biotecnología y Medicina Bioamiga CIA. LTDA, y a la Asesoría en Negocios Farmacéuticos y Comercializadora Adnfarma CL, dos empresas contratadas por el Estado ecuatoriano.

Dichos contratos entregan el 6% de comisión al asambleísta Fernando Villavicencio, a cambio de hostigar a la competencia mediante denuncias de fiscalización fabricadas”, señala la denuncia realizada por Fernando Cedeño Rivadeneira.

A estas empresas, Villavicencio les solicitó financiamiento para sus fines políticos desde el año 2016. En un principio, haciendo uso de la extorsión.

Los delitos

Entre los delitos que habría cometido el asambleísta Villavicencio, están los de asociación ilícita, tráfico de influencias y defraudación tributaria. Todos ellos están tipificados en el Código Orgánico Integral Penal del Ecuador.

Los otros ciudadanos mencionados en la denuncia, incluyen a personas cercanas al entorno de Fernando Villavicencio. Este es el caso de su hermano Eduardo Villavicencio Valencia.

Lo que sigue

De acuerdo al petitorio de la denuncia efectuada por Fernando Cedeño Rivadeneira a la Fiscalía General del Ecuador, lo que sigue es una investigación previa de los asuntos señalados, y la correspondiente formulación de cargos.

El inicio del proceso penal contra un asambleísta debe pasar por la aprobación de la Asamblea Nacional, de acuerdo a lo previsto en el artículo 128 de la Constitución del Ecuador.