Venezuela regulará las redes sociales

No es una discusión nueva. Venezuela lleva varios intentos de poner límites en un contexto de polarización política traducida en expresiones de odio en los medios. Primero fueron los medios tradicionales y ahora, los inmensos espacios virtuales llamados redes sociales.

De hecho, existe una legislación encabezada por la Ley de Responsabilidad en Radio y Televisión, que luego se extendió a los medios electrónicos.

No obstante, la normativa vigente solo cubre a prestadores de servicio, atendiendo a la lógica de los medios masivos y a la vieja forma de aplicar la teoría de la aguja hipodérmica. Actualmente las cosas son diferentes.

Regular el odio

La cultura de la cancelación y el sesgo de confirmación dominan las redes sociales. Quien acude a ellas lo hace para posicionar su discurso, para alimentar sus convicciones y condenar o rechazar las que le son distantes o repugnantes.

En ese marco, Venezuela tiene en la virtualidad un escenario de confrontación cuya intensidad no baja cuando las calles se enfrían. La guerra se prolonga allí.

Y no existen límites. En Venezuela se puede “cancelar” al otro hasta llamar a matar, pasando por la violencia de todo tipo, incluyendo la de género.

Ni hablar de lo que se ha dicho de las autoridades o del presidente de la República. Nos referimos a los que son contrarios o simplemente no suscriben en su totalidad el discurso oficial.

En 2017, se promulgó una Ley Constitucional contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia, que se propuso prevenir y erradicar toda forma de odio, desprecio, hostigamiento, discriminación y violencia. Dicha ley se ha aplicado en casos como el de Miguel Valdez, quien hizo apología del nazismo en un restaurante de Caracas.

En las redes es otro asunto

Aun cuando otros países poseen legislación que regula la conducta de los usuarios en redes sociales, Venezuela no ha podido avanzar en tiempos marcados por su aislamiento internacional.

La censura es el muro contra el cual choca cualquier intento por exigir responsabilidad, al momento de pasar de incitar desde la virtualidad a la eliminación física del adversario o de quien simplemente piensa diferente.

Los “scratch” son la forma física de la cancelación y que al mismo tiempo se han hecho virales. Un ejemplo de ello, han sido los ataques en lugares públicos a artistas como Servando Primera, reconocido por ser hijo de Ali Primera, un cantante de izquierdas fallecido en los años 80.

Sin señales claras

El Diputado venezolano, Juan Carlos Alemán, confirmó a Venezolana de Televisión, que se trabaja en una ley para “normar las redes sociales”. Esta busca estar a la par de otras legislaciones a nivel mundial, como en el caso de Ecuador o Argentina.

Sus declaraciones no hablaron claramente de cómo se implementará esa normativa, excepto por la creación de un ente al cual podría acudirse en caso de hacer reclamos contra las empresas de redes como Facebook, Twitter o Instagram.

“Hacer una legislación que norme el uso de las redes sociales, tu eres responsable de lo que dices pero debes tener una regulación en el marco de que… cosas como que las grandes plataformas de redes sociales no tienen una oficina acá en el país. ¿Qué pasa cuando yo voy a hacer un reclamo a Facebook, a Twitter? Una de las cosas que plantea la ley es que deben tener en el país una representación”, señaló Alemán.

El proyecto de ley sobre las redes sociales se ha estado trabajando en la Asamblea Nacional desde abril de 2022, y se efectuaron una serie de consultas con expertos, comunicadores populares y periodistas.

Lo que también debe incluir la Ley

Además de las prácticas derivadas de la cultura de la cancelación, existen otras situaciones que la ley no contempla, como es el caso del grooming. El grooming lo practican quienes seducen a menores de edad haciéndose pasar por gente de igual edad.

Este mecanismo que lleva a cometer delitos como la violación y el estupro u otros, merece ser regulado a través de la ley, preferiblemente a través de la inclusión de ese tipo específico de delito en el Código Penal Venezolano, una norma que no ha sido modificada desde el año 2011.

Como la tentativa de grooming no existe en las leyes, no puede ser denunciada ante el Ministerio Público, hasta que no se concrete bajo la forma de otro delito que sí está previsto en la legislación.