España y Venezuela: Pandemia, derechos laborales y riders
El espacio laboral cubierto por los llamados riders está en un proceso de constante revisión. Los abusos por parte de algunas empresas, han despertado el diseño de una ley que regule ciertos factores a tener en cuenta.
Una de las grandes aristas que se abrió para la sociedad mundial, como consecuencia de la pandemia del Covid-19, tiene que ver con el trabajo. Principalmente por las condiciones de desmejora de los derechos laborales en algunos sectores. Esta pareciera ser una realidad que llegó para quedarse. El hecho de tener que permanecer más tiempo en casa debido a la pandemia, se abrió un nuevo mercado laboral para los delivery o riders. En su mayoría son jóvenes que prestan el servicio de llevar mercancías de las empresas a las casas, a solicitud de los consumidores.
Este servicio ha sido de bastante utilidad para personas a las que se les dificulta moverse de sus casas o que simplemente desean recibir en su puerta algún producto. Sin embargo, pasados ya un par de años, empiezan a hacerse visibles los problemas de este servicio. En la mayoría de las empresas subcontratan a jóvenes bajo condiciones que dejan mucho que desear.
Ante esta realidad, los gobiernos han tenido que comenzar a tomar en cuenta esta problemática y actuar así en consecuencia.
Aquí veremos cuál es la situación de este sector en Venezuela y España.
Comenzamos por Venezuela
Desde el mes de junio de 2021, la Comisión Permanente de Administración y Servicios de la Asamblea Nacional (AN), debate una propuesta sobre la creación de una ley orientada a regular la prestación del servicio a domicilio.
En esa fecha, repartidores de Yummy denunciaron la reducción de pagos por decisión unánime de dicha empresa. Asimismo, acotaron que no cuentan con seguro médico en caso de sufrir accidentes en horario laboral.
El pasado 13 de octubre, organizaciones sindicales y organizaciones patronales, hicieron entrega de propuestas para lo que será la Ley de Trabajadores a Domicilio.
La realidad en España
La llamada Ley Rider para regular la situación de este sector, ya ha cumplido un mes en España. Esta ley exige a las empresas, entre otras cosas, contratar a los riders como asalariados.
Sin embargo, la puesta en marcha de la ley hace que todavía haya asuntos que pulir, puesto que los riders manifiestan que la ley se aplica de manera desigual, dependiendo de la empresa.
Uno de los casos importantes es el de Glovo, que contrató a un 20% de los riders, pero dejó en condiciones de subcontrato al 80%. Estos son denominados como falsos autónomos.
España cuenta en la actualidad con un movimiento denominado Repartidores Unidos.
Para Gustavo Gaviria, miembro del movimiento, “los que somos autónomos, que somos la mayoría de repartidores de plataformas digitales en España, dependemos de Glovo para trabajar y esto la compañía lo sabe. Al no haber libre mercado y por ende competencia por nuestro trabajo, no se han esforzado mucho por mejorar las condiciones más allá de lo que ya teníamos”.
Una batalla que apenas comienza
Si bien este sector ya existía desde posiblemente hace una década, la realidad es que la pandemia aceleró la necesidad de buscar trabajo para gran parte de la población bajo las condiciones que el Covid imponía. Esta realidad ha sido tomada por las empresas privadas para favorecer su propio lucro, afectando a los derechos laborales.
Se han dado avances importantes, principalmente la posibilidad de visibilizar una problemática que estaba oculta. Ese es el primer gran paso. Queda en el corto y mediano plazo, la necesidad de seguir empujando para no retroceder en derechos ya adquiridos a través de la lucha por siglos de los trabajadores.
