La monarquía española: una batalla perdida contra el tiempo

En 1978 los españoles decidieron dar un giro histórico hacia la democracia tras el ocaso del régimen franquista en el poder. Se trata de una transición política donde se instituyó una “democracia” fuertemente bipartidista, limitada en lo relativo a los derechos civiles y sociales, constituyéndose sobre las ideas del “consenso”.

El nuevo régimen establecido parte de la ausencia en el espacio público, de discursos rupturistas respecto al ordenamiento jurídico implementado por la dictadura y de una aparente “reconciliación nacional”, lo cual se traduce en el olvido y marginación de la legitimidad republicana, así como de los efectos de la represión sistematizada del franquismo.

La ejecutoriedad del sistema creado a la medida de las estructuras políticas y económicas creadas durante el gobierno de Franco gozó de relativa estabilidad, hasta que entrado el siglo XXI empieza a dar fuertes muestras de agotamiento ante la presión de los mercados cada vez más globales.

En este sentido, el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero inicia una serie de reformas neoliberales. Muestra de ello, fue la crisis del 2007, que impacta brutalmente en la economía española, produciendo la explosión descontrolada de la mayor burbuja inmobiliaria de la historia europea.

Esto conllevó a que cientos de miles de personas perdieran sus viviendas y que el desempleo alcanzara a millones de trabajadores. La prima de riesgo se disparó, poniendo a España como objeto de rescate por parte de las instituciones europeas, a cambio de una fuerte condicionalidad.

Este contexto trajo como consecuencia el surgimiento de movimientos que buscaban romper con la hegemonía discursiva del “consenso”, el cual siempre ha sido pregonado entorno a los valores del Régimen del 78.

Se materializa en el escenario político la aparición de diferentes acciones de protesta, iniciados por la aparición del llamado Movimiento 15M, y continuados por la emergencia de las “Mareas”, las cuales eran movilizaciones en defensa de los servicios públicos, así como de movimientos sociales de base y las distintas plataformas en defensa del derecho a la vivienda que lograron manifestaciones masivas con las Marchas de la Dignidad.

Se trata de una manifestación de descontento compuesto por dos franjas de edad claramente diferenciadas: los ciudadanos de la tercera edad, preocupados por las pensiones y demás ayudas del Estado, y por otra parte los jóvenes de entre 25-35 años con una alta cualificación académica y que se encontraban en paro o en una gran precariedad laboral.

Dos visiones de la política marcadas, una por la experiencia acumulada tras más de 40 años de un régimen continuista de las estructuras e intereses franquistas, y la otra motivada por las contradicciones estructurales de un sistema que carece de norte social.

Ante los momentos de tribulación política de las últimas décadas, se renueva con frecuencia el debate sobre la necesidad de impulsar un proceso constituyente conducente a la transformación del Estado español bajo un esquema republicano.

En este sentido, cada generación aporta especiales fundamentos a la visión económica, política y social de un eventual proceso refundacional del Estado Español. En la actualidad, se han acumulado voces jóvenes con criterio republicano, que no formaron parte en los momentos de concertación política en el año 1978.

Toda una generación se ha desarrollado a la luz de la necesidad de un cambio de sistema, por ende, el juego democrático debe escuchar aquellas nuevas voluntades que tienen algo que decir. En este sentido, la juventud española en edad de votar se muestra claramente favorable a la república en el caso de que se celebrara un referéndum que defina el cambio del modelo de Estado.

Según sondeos realizado por el instituto demoscópico 40dB, un 54,6% de las personas entre los 18 y los 24 años se decantaría por la opción republicana; el 21,4% lo haría a favor de la monarquía. El resto, o no sabe, o se abstendría, o votaría en blanco. Por otra parte, jóvenes entre los 16 y 18, el porcentaje de indecisión es mayor (32,1%), aunque la opción más votada también es la república, 48,6% frente al 19,4% de la monarquía.

El mismo instituto estima que la opción monárquica solo ganaría entre los votantes mayores de 55 años. El resto, en mayor o menor medida, está a favor de descartar de la Corona. Además, ante un eventual referéndum donde se debata esta posibilidad, el sí triunfaría abrumadoramente entre la juventud. Así lo cree el 60,9% de los y las jóvenes entre 18 y 24 años.

Es digno de analizar las razones que llevan a la juventud a posicionarse contra la prevalencia de la corona y al mismo tiempo estar a favor de la República. Probablemente la razón radica en la naturaleza crítica de la juventud ante determinados fundamentos políticos conservadores.

Por otra parte, la juventud desestima la inmunidad real. Muestra una posición favorable a la igualdad judicial de un rey con respecto al resto de la ciudadanía. Para los jóvenes, el titular de la monarquía debería ser igualmente juzgado durante el ejercicio de su cargo.

Respecto a esto, un 60,5% (entre los 16-17 años) y un 66% (entre los 18-24 años) se muestran en contra de tal inmunidad. En esas franjas de edad, la mayoría se decanta también por que el rey deje de ser el jefe supremo de las Fuerzas Armadas.

Los bloques generacionales anteriormente señalados representan el primer gran quiebre social, político y discursivo de la hegemonía del régimen del 78, así como de su tendencia continuista del conservadurismo previo al pacto bipartidista de aquellos años. En este sentido, el Régimen del 78 es identificado como una reforma y no como ruptura del previo escenario franquista.

El sistema político se reivindicó tras la muerte de Franco como un tablero de ajedrez neoliberal en el que dos grandes partidos, ligados a los grandes consorcios económicos que amasaron sus fortunas a expensas de las arcas públicas de la II República, se alternaban en el poder.

Este primer momento de quiebre se ve acompañado de la emergencia de nuevos partidos políticos que tratan de convertir la nueva energía social representada por la protesta en votos. Tampoco han faltado esfuerzo de trasladar esta dicotomía generacional a un escenario de crispación, táctica en la que se ha especializado la derecha, siendo esta metodología su única propuesta política.

En este sentido, el entonces gobierno de Mariano Rajoy hace una lectura del posicionamiento generacional y emprende una reforma laboral con el objeto de avivar la confrontación intergeneracional.

De este modo, desde el gobierno central se aseguraba que despedir a trabajadores con mucha antigüedad facilitaría la incorporación de los jóvenes a las fuentes de empleo. De igual modo, establece un retraso de la edad de jubilación por razones aparentemente demográficas, dirigiendo la culpa de que no pueda haber jubilaciones dignas a los jóvenes que no tenían hijos.

En ese contexto, la división de la clase obrera en generaciones enfrentadas fue el plan ideado de la derecha para mantenerse en el poder. Esto da muestra de que la autoridad de la juventud, siempre crítica a los viejos esquemas que imperan en España, representan una seria amenaza para el conservadurismo.

Asimismo, la experiencia de hombres y mujeres que han visto en el actual esquema de gobernabilidad la materialización de un proyecto continuista del franquismo, bajo una fachada democrática valiéndose de fórmulas arcaicas que poco representa el ideario político, económico, social y pluricultural de una España que aspira ser República.