El derecho al sufragio, una de las raíces del feminismo español

No fue hasta las dos últimas décadas del siglo XIX cuando se empezó a vislumbrar un discurso que ponía en tela de juicio la visión tradicional de la mujer. Dicho discurso se conformará en torno al tema de la educación de la mujer, concebido como el primer paso en el camino hacia la consecución de una sociedad más igualitaria.

Por ende, el feminismo español tuvo un movimiento social de menor envergadura que en la mayoría de los países desarrollados europeos. Siempre estuvo más centrado en reivindicaciones de tipo social, como el derecho a la educación o al trabajo, que en demandas de igualdad política.

También se caracterizó por ser más “pacífico” a diferencia del fenómeno en otros países, ya que no adoptó la acción directa violenta como estrategia de combate ni alcanzó un grado destacado de militancia.

En consecuencia, la resonancia social de las feministas españolas fue bastante reducida pero no por ello tuvo menor relevancia en el territorio.

Todo esto, puesto que el modelo de género establecido en la sociedad española garantizaba la subordinación de la mujer al hombre y promovía unas normas de conducta muy estrictas.

A fines del siglo XIX, la sumisión de la mujer era justificada basándose en una supuesta inferioridad genética: la función reproductora convertía a la mujer en un ser pasivo, inferior, incompleto que debía ser “dominado”.

Es así que, las primeras organizaciones femeninas de caridad que aparecieron en España estaban formadas mayoritariamente por mujeres católicas de clase alta. Entre estas, la Junta de Damas de la Unión Iberoamericana de Madrid fue una de las primeras en vincularse con las cuestiones feministas.

Hasta que poco a poco fueron conquistando espacios y evolucionando de tal manera que el 20 de octubre de 1918 se fundó la Asociación Nacional de Mujeres Españolas (ANME), la organización feminista que se convertiría, con el tiempo, en la más influyente de España.

Aunque en sus inicios pretendía configurarse en una organización federal alejada de cualquier extremismo político, dio la oportunidad a todas las mujeres en la lucha por sus derechos legales y sociales.

De hecho, el progreso de los derechos de la mujer hasta 1931 fue bastante lento, hasta la República no se lograrán mejoras sustanciales, y estas son difícilmente atribuibles a la presión directa de asociaciones como la ANME.

Entre sus dirigentes figuraron una amplia lista de mujeres que de una u otra forma, ejercieron grandes acciones que condujeron a la cercanía en materia de igualdad actual.

Personajes que dieron la talla a través de un liderazgo marcado y auténtico como Clara Campoamor o Victoria Kent.

Campoamor, sufragista abnegada

Mucho se ha escuchado hablar de la exhaustiva y esforzada labor de Campoamor, quien consideraba a la mujer como a un ser humano marginado.

Desde su visión, era necesario ayudar, estimular y respetar a la mujer de la misma manera que al hombre, no mediante falsos paternalismos, sino educándola en la dignidad de su propia condición.

Siempre estuvo vinculada a los principales movimientos feministas españoles e internacionales, y desde su papel de diputada miembro del Partido Radical, formó parte de la comisión encargada de redactar el proyecto de Constitución de la Segunda República, en la que defendió la concesión del sufragio femenino.

Al final triunfaron las tesis sufragistas por 161 votos a favor y 121 en contra. En los votos favorables se entremezclaron diputados de todos los orígenes, movidos por muy distintos objetivos fuertemente debatidos.

Votaron los socialistas, con alguna excepción, por coherencia con sus planteamientos ideológicos, algunos pequeños grupos republicanos, y los partidos de derecha.

No obstante, aquellos que no lo hicieron por convencimiento ideológico, comprobaron (para su sorpresa) que el voto femenino sería masivamente conservador.

La creación de una Constitución mucho más igualitaria

Esta Carta Magna, que se remonta a 1931, supuso un enorme avance en la lucha por los derechos y libertades de la mujer.

Algunos de los artículos que se pueden destacar de ella es el número 23 “no podrán ser fundamento de privilegio jurídico: la naturaleza, la filiación, el sexo, la clase social, la riqueza, las ideas políticas, ni las creencias religiosas”.

Y de la misma forma, el artículo 36, donde recitaba: “los ciudadanos de uno y otro sexo, mayores de veintitrés años, tendrán los mismos derechos electorales conforme determinen las leyes”.

De este modo, la Constitución republicana no solo concedió el sufragio a las mujeres sino que todo lo relacionado con la familia fue legislado desde una perspectiva de libertad e igualdad.

Premisas como el matrimonio basado en la igualdad de los cónyuges, derecho al divorcio, obligaciones de los padres con los hijos y muchas situaciones más fueron reguladas.

Al igual que lo fue la ley del divorcio, en 1932, que implicó otro hito en esta gran lucha que se inició desde hacía un año atrás.

El régimen republicano estaba poniendo a España, en el terreno legal a la altura de los países más evolucionados en lo referente a la igualdad entre ambos géneros.

Sin embargo, en este aspecto como en tantos otros, la guerra civil y la dictadura de Franco opacaron dichos logros, devolviendo a la mujer a una situación de dominación en el marco de una España franquista impregnada de valores tradicionales y reaccionarios.