El neoliberalismo en Ecuador entre persecución política e irresponsabilidad
Guillermo Lasso y su gobierno no responden por los errores cometidos, y mantienen la persecución judicial contra la izquierda ecuatoriana.
El neoliberalismo sigue llevando a Ecuador por el camino hacia la crisis. La publicación de los Pandora Papers desató una tormenta política y confirmó lo que la izquierda ya había denunciado sobre el presidente Guillermo Lasso, mientras tanto, este no responde a las investigaciones que la Ley ordena, y alienta la persecución política de aquellos que le adversan.
El caso de Freddy Carrión, quien enfrenta una sentencia por abuso sexual cuyos argumentos de la Fiscalía no quedaron bien asentados, se une a los juicios contra Jorge Glas y Rafael Correa, que sin suficiente evidencia probatoria, pretenden apartar tanto de la función pública como de la arena política al exdefensor del Pueblo ecuatoriano.
Por otra parte, la amenaza de muerte cruzada, una figura en la cual el Presidente disuelve la Asamblea Nacional, es otro elemento que se une a una gama de situaciones que perturban la vida política del Ecuador.
Gobierno del Desencuentro
El gobierno de Guillermo Lasso ha estado marcado por el disenso. Su programa neoliberal contradice a la mayoría social representada en la Asamblea Nacional, y sus frágiles lazos con Pachakutik, se debilitaron al punto que finalmente, este bloque ya no muestra aquella conducta ambigua de principios de su mandato.
Los conflictos entre Pachakutik y Fernando Villavicencio, vocero de Lasso a lo interno de la Asamblea ocuparon los primeros lugares de la agenda, principalmente, por acusaciones de corrupción e incapacidad mutuas.
Igualmente, fuera del seno del Parlamento, las demandas sociales que reclaman el fin de la liberación del precio de los combustibles, mejores condiciones para los productores de arroz, el cese de la progresiva privatización de servicios e instituciones como el seguro social, y avances en las condiciones laborales copan la agenda en Ecuador.
La actitud neoliberal del gobierno de Lasso ante estas y otras crisis graves como la carcelaria y la situación de inseguridad, ha sido de imposición de soluciones cosméticas que no resuelven de fondo un conjunto de problemas que van haciendo más difícil la cotidianidad del ecuatoriano.
La persecución judicial: caso Freddy Carrión
Freddy Carrión, exdefensor del Pueblo de Ecuador, quien adelantó una causa por delitos de lesa humanidad contra Lenín Moreno ahora es perseguido por el neoliberalismo. Los hechos han revelado la forma amañada de justificar su privación de libertad.
Una acusación de abuso sexual, que inició con una investigación dirigida por el cuestionado jefe de la Comisión de Fiscalización de la AN, Fernando Villavicencio, allanó el camino que llevó a su sentencia oficializada el 20 de octubre.
Casi al mismo tiempo, que se produce la investigación contra Guillermo Lasso a cuya audiencia no se presentó, se cerró un procedimiento judicial donde la Fiscalía General del Ecuador tuvo que prescindir de 36 elementos de convicción, poniendo en duda la estrategia probatoria del Órgano persecutor.
Tanto la defensa de Carrión, como su esposa Priscilla Schettini, afirman que el caso de Carrión fue armado, y una vez se dio a conocer al sentencia de 3 años contra el exdefensor del pueblo, aseguraron que “no existe justicia en el Ecuador”.
La defensa de Carrion apelará, pero por lo pronto, seguirá detenido en la Cárcel 4 de Quito, donde permanece desde mayo de 2021.
Lasso no se hace responsable por su falta de probidad
Guillermo Lasso está implicado en una declaración fraudulenta de bienes, y por ende, en la violación del ordenamiento jurídico del Ecuador que impone la declaración completa del patrimonio a quienes ingresan a cualquier cargo público.
Su aparición en los llamados Papeles de Pandora, donde se señalan un conjunto de propiedades en paraísos fiscales, es objeto de una investigación por el poder legislativo.
Pero la Comisión encargada de dicha investigación no es la instancia de fiscalización controlada políticamente por Lasso a través de Fernando Villavicencio, quien confesó públicamente su estrecha relación con el presidente de Ecuador.
“Todos tenemos en el marco de la Constitución funciones que cumplir nosotros el artículo 120 nos da el aval para hacer este ejercicio, y El Presidente de la República no puede inobservar lo que representa la primera función del Estado”, afirma Paola Cabezas, Asambleísta Nacional, y miembro de la Comisión de Garantías Constitucionales.
La amenaza de muerte cruzada
Además de no presentarse a la Asamblea Nacional, Guillermo Lasso invitó a los Asambleístas a ir al Palacio de Carondelet, acto que transgrede los protocolos de actos de control parlamentario como el previsto por la Comisión de Garantías Constitucionales dirigida por José Cabascango, Asambleísta Nacional por Pachakutik.
Lasso manifestó que “una vez que se hayan evacuado todas las comparecencias” él asistirá al máximo Órgano legislativo del Ecuador.
Por otra parte, Lasso ha confirmado públicamente, que de no ser apoyadas sus propuestas legislativas dirigidas a instaurar su programa de gobierno neoliberal, la llamada muerte cruzada, será inevitable.
La muerte cruzada es una figura constitucional en Ecuador que autoriza al Presidente, previo dictamen de la Corte Constitucional, a disolver la Asamblea Nacional si de forma reiterada e injustificada obstruye la ejecución del Plan nacional de Desarrollo.
“Si persiste el bloqueo, no queda más que la muerte cruzada”, anuncia Guillermo Lasso.
Sin embargo, esto no es una prerrogativa que Lasso pueda usar sin consecuencias desfavorables. La posibilidad de ir nuevamente a elecciones presidenciales y parlamentarias, podría favorece a la izquierda, que funciona como un bloque sólido de oposición en la Asamblea Nacional, mientras los demás factores se disputan cuotas de poder.
