El caso Manuela: Una sentencia contra el gobierno de El Salvador
Manuela fue condenada a 30 años de prisión. Mientras cumplía su condena fue diagnosticada con un linfoma de Hodgkin. Tras recibir un tratamiento tardío, murió el 30 de abril de 2010, a sus 33 años.
El caso Manuela ha sido de los primeros en llegar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y donde se emite una sentencia por emergencias obstétricas. Manuela fue una mujer salvadoreña, oriunda de una zona rural donde vivió en precarias condiciones económicas y educativas.
El delito de homicidio agravado tuvo su origen en 2008 cuando se encontraba embarazada por tercera vez. Tras evacuar en una letrina sintió un dolor pélvico y abdominal donde expulsó al feto y posteriormente se desmayo.
Situación médica y condena
Manuela fue llevada a un hospital de su localidad, donde a pesar de su grave estado de salud los médicos denunciaron un caso de aborto.
Tras la denuncia realizada por los médicos del hospital, la policía allanó su domicilio donde le realizaron un interrogatorio sin la presencia de un abogado.
Durante el inicio del proceso judicial en su contra, surgieron múltiples irregularidades. Sus padres habían sido obligados a interponer una denuncia por un supuesto caso de aborto.
La CIDH y el caso Manuela
Desde el pasado mes de marzo La Corte Interamericana de Derechos Humanos debatió sobre este caso. La voz de diversas organizaciones feministas ayudó a que se emitiera una sentencia.
El caso fue presentado por primera vez en 2012 por grupos a feministas ante la CIDH. En Octubre de 2019 el caso llegó de manera oficial ante ese organismo, donde inició el proceso de juicio.
Finalmente, el pasado 1 de diciembre la CIDH emitió una sentencia en contra del gobierno de El Salvador por el caso Manuela.
En ese sentido, la Fundación salvadoreña Heinrich Boll resaltó que “El caso de Manuela fue el primero en llegar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para reconocer que negar servicios de salud reproductiva es discriminación y violencia contra las mujeres“.
El caso de Manuela fue el primero en llegar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para reconocer que negar servicios de salud reproductiva es discriminación y violencia contra las mujeres. #ManuelaJusticiayEsperanza @Colecfeminista pic.twitter.com/D5Ssjvocio
— hbscentroamerica (@HBSsansalvador) December 1, 2021
Asimismo, la sentencia de la CIDH estableció que el actual gobierno liderado por el Presidente Nayib Bukele debe establecer políticas públicas, con el fin de garantizar la atención sanitaria a las mujeres por casos de emergencias obstétricas.
De igual forma, la CIDH responsabilizó al Estado de El Salvador por el caso Manuela de violación a libertad personal, garantías judiciales, igualdad ante la ley, el derecho a la vida, a la integridad personal, a la vida privada y a la salud en perjuicio.
¿Qué dicen las organizaciones y colectivos feministas?
En el marco de los juicios previos a las sentencias del caso Manuela, múltiples activistas feministas solicitaron a la CIDH que el gobierno de El Salvador ordene la despenalización del aborto.
“Solicitamos a la Corte, en aras de eliminar los estereotipos de género que se refuerzan por la existencia del marco normativo de la prohibición absoluta del aborto que impera desde 1998, ordene al Estado remover del ordenamiento jurídico esta disposición discriminatoria en razón del género y se despenalice el aborto como garantía de poner fin a la criminalización de las emergencias obstétricas“, puntualizó Sara García, activista de la Colectiva Feminista para el Desarrollo Local de El Salvador.
Manuela no solo fue discriminada por su condición económica, también por su género. El personal médico asumió falsamente que su embarazo había sido producto de una infidelidad y que por eso había recurrido a un supuesto aborto. #ManuelaJusticiayEsperanza pic.twitter.com/TErrxADRDJ
— Colectiva Feminista (@Colecfeminista) March 11, 2021
Por su parte, Morena Herrera activista feminista de la Colectiva para el Desarrollo Local, denunció que Manuela fue víctima de violación a sus Derechos Humanos y el gobierno de El Salvador debe asumir su responsabilidad sobre este caso.
“Que se repare de forma integral a su familia y que haya dignificación de la imagen de Manuela y de todas las mujeres que han sido criminalizadas por complicaciones obstétricas“, manifestó Herrera.
¡Se hizo justicia!
El Salvador deberá asumir su responsabilidad por la muerte de Manuela, denunciada por el supuesto delito de aborto y condenada injustamente a 30 años de prisión. #ManuelaJusticiayEsperanza— Morena Herrera (@MorenaHerrera_) December 1, 2021
En ese sentido, la activista costarricense Consuelo Mora Bernard expresó a través de sus redes sociales:
“Manuela murió de cáncer esposada, sin recibir tratamiento médico, acusada de asesinato después de haber tenido una emergencia obstétrica. Dejó huérfanos a dos hijos. El Estado de El Salvador es CULPABLE. Que nunca más se repita esta barbarie“.
Manuela murió de cáncer esposada, sin recibir tratamiento médico, acusada de asesinato después de haber tenido una emergencia obstétrica. Dejó huérfanos a dos hijos. El Estado de El Salvador es CULPABLE. Que nunca más se repita esta barbarie. #ManuelaJusticiayEsperanza https://t.co/dfwuJV5U7l
— Consuelo Mora Benard (@consuemb) December 1, 2021
El Salvador y la despenalización del aborto
Mientras cumplía su condena le diagnosticaron un linfoma de Hodgkin donde recibió un tratamiento tardío. Manuela murió el 30 de abril de 2010, a sus 33 años.
En la actualidad, El Salvador es uno de los países que mantiene la prohibición absoluta del aborto, incluyendo los casos por violación y donde la madre corra peligro.
El caso de Manuela se convirtió en uno de los más sonados. Sin embargo, también es importante resaltar que ese país tiene altas cifras de embarazos infantiles.
En ese país, alrededor de 12.000 niñas han estado embarazadas antes de cumplir los 15 años, la mayoría de los casos por violación perpetrada por familiares cercanos o maestros de escuela.
La sentencia de la CIDH, también establece que los países que se encuentran bajo su jurisdicción especial deben brindar garantías y tratamientos médicos a todas las mujeres que padecen casos de emergencias durante su embarazo y parto.
