El papel fundamental de una Constitución

Cuando las personas expresan que no conocen —ni parcialmente— lo que yace plasmado en la Constitución política de su país, me deja muchas incógnitas.

Y no lo digo porque sea estudiante de ciencias políticas, porque esté rodeada de abogados o me mueva en este mundo, sino que merece algo imprescindible dentro del conocimiento que deben tener los ciudadanos.

Lo más común es que, al menos, se sepan algunos artículos. Principalmente aquellos que entran dentro de la sección de derechos fundamentales.

Antes de que salga alguien a decir que esto no sirve de nada, déjeme recordarle que si se ve expuesto a un caso de violación de derechos humanos, con el conocimiento de sus garantías puede exigir justicia y acudir a los mecanismos pertinentes.

El punto es que todos deberíamos conocer los textos fundamentales que mantienen a nuestros países. Después de todo, se supone que son la manifestación de la voluntad de la sociedad.

Pero en este artículo no hay ningún gran administrativo o abogado constitucional que salga a dar una clase universitaria. El objetivo principal es arrojar luz a ciertos elementos que deberían estar presentes en la Constitución relacionados a los derechos humanos.

Un repaso hacia el surgimiento de la Carta Magna

Históricamente hablando, la noción de ciudadanía se vinculó a la condición “política” que el Estado otorga a quienes como sujetos conviven en un determinado territorio. Tal connotación trae consigo privilegios para unos y restricciones para otros, originando de esta manera desigualdad, y en algunos casos discriminación.

Es decir, que las personas pertenecientes a una misma nación comparten la calificación de ciudadanos de dicha entidad política-territorial. De ahí viene el tema de las nacionalidades y, por esta cualidad, se reciben derechos y deberes.

Pero más allá de ser nacional o no, la Declaración Universal de los Derechos Humanos ha sido suscrita por —casi— todos los Estados pertenecientes a la comunidad internacional. Por ello, se identifica que todos los individuos gozan de ellos y se les defiende.

Todas estas ideas inspiradoras que flechan el corazón de cualquier joven, se gestaron en el marco de la Revolución francesa. Luego, el 9 de julio de 1789, se resuelve dictar una Constitución en ejercicio del poder de los individuos, comenzando por una declaración de derechos.

El 26 de agosto de 1789, la Asamblea Nacional Constituyente francesa aprobó la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Esta fue la misma que constituyó la base de la Declaración de las Naciones Unidas en 1948, la cual es de carácter universal.

Por supuesto, este documento sirvió para difundir en la comunidad política la primera Constitución, sus implicaciones históricas y el impacto que empezaría a tener. Poco a poco, los otros Estados se vieron motivados a luchar por esa soberanía, independencia y en pro de las personas, no del Gobierno.

En el caso de Venezuela, nos referimos al primer texto fundamental de América Latina y que ciertamente posee rasgos especiales.

El papel de una Constitución

Pero antes de entrar en eso, es preciso recordar el concepto de Constitución. Esta hace referencia a “un acuerdo de reglas de convivencia, es decir, una forma de pacto político y social que integra, establece, organiza y constituye las normas que rigen a la sociedad de un país” (UNAM, 2021).

Y en la perspectiva de Andrés Eloy Blanco, que se refirió a este instrumento jurídico como el “pacto fundamental, el documento básico de forma de gobierno; y la complexión, temperamento, organismo, fisionomía y semblante del pueblo”, podemos sostener el hecho de que este texto marca un hito en la historia nacional.

Por consiguiente, al continuar con la declaración que se realizó en Francia, se pueden vislumbrar los derechos naturales e imprescriptibles, entre ellos la libertad, la propiedad, la seguridad y la resistencia a la opresión.

De ahí surge esa frasecita que a la gente le gusta repetir bastante “tus derechos terminan en los límites de otro”, porque en palabras más elaboradas escribieron: “…el ejercicio de los derechos naturales de cada hombre tiene solo aquellos límites que aseguran a los demás miembros de la misma sociedad el goce de estos mismos derechos”.

Asimismo, la Constitución es vista como una “una expresión de la voluntad general”, destinada a promocionar esta equidad de derechos y prohibir “acciones dañinas para la sociedad”.

Desde ese punto de vista suena maravilloso, como un paseo por una pradera a caballo. Sin embargo, cuando las palabras no trascienden el papel, esto puede desatar al caos y al final es letra muerta. Sin embargo, no deja de ser importante.

Los derechos en la Carta Magna

Si bien existe un amplio catálogo de derechos, entre los más comunes están los civiles. Estos se conceden generalmente a todas las personas sin distinción de raza, sexo, edad, idioma, religión, opinión política, origen nacional o social, posición económica o cualquier otra condición.

Por otro lado están los derechos políticos, que se conceden a los nacionales y solo a los que tienen la calidad de ciudadanos. Incluye participación política a través del ejercicio del voto o la postulación para cargos públicos, etc.

Aunque en la mayoría de los textos constitucionales estos derechos estén tácitamente reconocidos, Venezuela es un caso curioso. Principalmente porque su texto fundamental de 1999 fue considerado como el más avanzado del mundo en materia de Derechos Humanos.

Aquí probablemente se burlaron muchos abogados constitucionalistas. Eso sí, nadie puede negar que el hecho de que la Carta Magna venezolana abriera paso a la instauración de un sistema de igualdad y justicia social para reivindicar los derechos, resultó ser innovadora, impresionante y envidiada por muchos otros.

La idea es que ninguna parte de la población sea excluida en el sistema político, así que por eso es tan importante que las constituciones reconozcan los derechos civiles, políticos, económicos, culturales y ambientales que deben estar presentes en los textos modernos.

Además de eso y el reconocimiento de los pueblos (como es el caso de varios países que cuentan con comunidades indígenas), es necesario que la norma constitucional establezca los medios de participación.