Colombia posee al menos, -según las proyecciones publicadas por el DANE (Departamento Administrativo Nacional de Estadística) cifras para junio del 2018, año del censo-, una población de 48.258.494 personas. Para junio de este año será de 50.372.424 habitantes, lo cual nos da un sin fin de perspectivas sobre la realidad de esta nación.

Para comprender dicho panorama debemos recurrir a la génesis del principal pero no único conflicto “El Armado“. Iniciado a mediados de los sesenta, es de hecho el más extenso y duradero de Latinoamérica, por lo tanto es necesario su análisis, de igual forma cabe destacar que el mismo se encuentra inmerso en una generalidad de características como:

• La ausencia de políticas estatales en gran parte de territorio, permitiendo la incursión de fuerzas paralelas a las del estado.
• La continuidad de política poco favorables para el ciudadano y en pro de los empresarios y grandes monopolios.
• Uso de la violencia como instrumento de control de masas, además de servir de bandera para hacer políticas en todos los niveles.
• La mitigación y encubrimiento de los problemas sociales, parte de la huella histórica del modelo neoliberal implantado fielmente en el país.

¿Hay posibilidades del surgimiento de una vía alterna o liderazgo en pro de lo social? Y por último pero no menos importante, ¿qué repercusiones tiene en el ámbito regional la inestabilidad del Estado colombiano? Solo en el informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la situación de Derechos Humanos en Colombia durante el año 2019 plantea el siguiente panorama social:

“El porcentaje de personas viviendo en situación de pobreza multidimensional fue tres veces más alto en las zonas rurales que en las zonas urbanas. El porcentaje de hogares sin acceso a agua potable en zona rural fue casi 16 veces más alto que en zonas urbanas y el analfabetismo en áreas rurales fue casi 4 veces más alto“.

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Este informe solo muestra un ápice de la situación social y humanitaria en Colombia, país que profesa ser un ejemplo de economía modelo y un sistema de políticas públicas del primer mundo.

Inexistencia de políticas públicas

Si bien Latinoamérica se caracteriza por el hecho de que los estados nunca han podido someter de tal manera a los actores nacionales, y mucho menos los procesos que estos generan, en el caso colombiano es casi nula la presencia estatal en gran parte del territorio.

Una presencia que debería ir más allá de la simple estructura o representación física del Estado, que además tendría que suponer creación, implementación y prosecución de políticas públicas que se manifiesten en cambios profundos: impartir seguridad, garantizar alimentación y vivienda, accesibilidad a servicios básicos e brindar justicia de manera tal que las instituciones cumplan con las funciones para la cual fueron creadas (Soto,2001).

Es decir, el Estado colombiano está, debido a que integra políticas jurídicas, sociales y económicas solo en las zonas urbanas dejando desprotegida la enorme área rural, posibilitando y consolidando fuerzas paralelas que imponen por la fuerza una economía y estilo de convivencia particular, alejado de los requerimientos básicos para la subsistencia de la población.

Es importante recalcar que estas fuerzas paralelas no son de todo malas para la población, debido a que las mismas colaboran con las comunidades con las que hacen vida, reemplazando la inacción del Estado. En una entrevista concedida a Néstor Kohan en 2008, el historiador uruguayo Ezequiel Rodríguez Labriego expresa:

“La gente de los poblados les pasan comida, cigarrillos, varias cosas. Un grupo revolucionario que careciera de apoyo popular no contaría con esa simpatía y esa colaboración. Por eso los militares y paramilitares de Colombia asesinan tantos civiles, porque estos últimos apoyan a la guerrilla“.

Además agrega:

“Las FARC y sus frentes de trabajo político hacen trabajo social con la gente, con las poblaciones: vacunan a los gurises, construyen escuelas, puestos de salud, caminos, pequeñas represas para los ríos, gestionan documentación para los niños indocumentados… Es una guerrilla popular“.

Se desmonta así toda la parafernalia elaborada alrededor de las FARC-EP por parte del Estado colombiano, quien de múltiples formas justifica su inacción en lo social con la llamada lucha contra el terrorismo, dedicando gran parte del presupuesto nacional a este fin único.

>>Colombia: exterminio de líderes sociales en silencio<<

Un punto de reflexión: ¿las FARC-EP son buenas porque hacen el trabajo social de gobierno y reciben el apoyo de la población civil? ¿Quién es el verdadero enemigo? ¿Es viable lograr el cumplimiento de los actuales acuerdos de paz?

Según lo expuesto sí es factible el respeto de los acuerdos de paz. Las FARC-EP han demostrado ser una fuerza política, social y con un proyecto de país además de poseer el apoyo popular de las masas desprotegidas, lo cual responde la otra interrogante: el Estado colombiano es quien se ha transformado en el verdadero enemigo de su población. Es necesario el surgimiento de una vía alternativa al modelo neoliberal imperante en Colombia, que debe cumplir algunas condiciones:

• Cumplimiento de los acuerdos de paz.
• La inclusión de la población en las políticas de estado.
• El cese de la violencia como herramienta política.
• Ampliar los sistemas de atención del estado a todas las áreas del territorio.

Condiciones que no solventarán del todo los males de la sociedad colombiana, pero una vez dadas, ayudarán a labrar el camino para obtener cambios profundos.

La normalización de la inseguridad

Parte de los problemas sociales es la inseguridad, estando presente en el día a día de los colombianos en forma de torturas, secuestros, robos, mutilaciones y emplazamientos sin distinción en todos los estratos sociales.

Los últimos cuatros años Colombia presentan la mayor tasa de líderes sociales asesinados en Latinoamérica. Cifras que van en aumento: solo 2020 van más de 90 casos todos declarados por los órganos del Estado como hechos de delincuencia común, lo que no es común es que todos reúnen características y luchas semejantes. El siguiente listado muestra los datos, tipo de liderazgo, departamento y la fuente que lo reportó:

Tabla 1. Fuente: Elaboración propia.

Se demuestra que la teoría de asesinatos al azar es errónea, ya que se evidencia un modus operandi de asesinato sistemático y selectivo de posibles liderazgo o proyectos políticos contrarios al actual, aclarando que esta indagaciones no buscan culpar a nadie, ni se  intenta hacer el trabajo de las autoridades colombianas. Pero sí hace hincapié en el hecho circunstancial de que no se haga una investigación seria por parte del gobierno sobre estos hechos, los cuales según los datos no parecen ser tan aislados y muchos menos comunes en el sentido judicial del término.

Muchos de estos líderes luchaban por la sustitución de los cultivos ilícitos, por los derechos humanos fundamentales, por las mejoras de los servicios públicos, contra el narcotráfico y la reincorporación a la sociedad de los excombatientes en pro de hacer política. Comparándolo con cifras de años anteriores podemos notar un incremento en los niveles de violencia contra los líderes sociales, indígenas, campesinos, excombatientes y defensores de los derechos humanos. A continuación una tabla con cifras del 2016-2019:

Tabla 2.Fuente Registro de líderes sociales asesinados según estimación realizada por Human Rights Data Analysis Group en su actualización a diciembre del 2019 .

Es evidente el aumento de los casos de violencia contra los líderes sociales en los últimos años. Solo en lo que va de 2020 han asesinado el 50% de los casos registrados en 2017, y un 30% de los casos del 2018. Cifras alarmantes que deberían motivar un llamado a buscar la concertación política y el diálogo en favor de la paz en la sociedad colombiana.

Impacto Regional

Los factores políticos e institucionales estatales desempeñan un papel fundamental para entender los conflictos violentos. Bates (2008) resalta la importancia de lo público y cómo las economías privadas son el elemento central para explicar la oposición violenta.

La capacidad estatal se transforma en factor fundamental para explicar la violencia, aunado a la falta de participación política, de gobernabilidad, de la mala administración de los ingresos provenientes de recursos naturales, y de la ausencia del Estado en grandes partes del territorio, facilitan la aparición del conflicto armado.

Parece claro que la violencia no se arraiga solamente en elementos socioeconómicos, tales como desigualdad o crecimiento económico, ni tampoco en factores políticos como la naturaleza del régimen político, sino en la conjunción de varios de estos elementos.

Como lo explican Blattman y Miguel (2010), las guerras civiles son más probables en países que son pobres, y ocurren después de choques negativos de ingresos; en países con un Estado débil o con instituciones estatales corruptas; con regiones periféricas escasamente pobladas, con terrenos boscosos y montañosos, y con recursos ”saqueables” valiosos.

Contexto que describe la actual situación colombiana como lo hemos observado con anterioridad. Hechos que muestran un país inestable y poco fiable para generar relaciones perdurables y de desarrollo mutuo.