Segunda parte de la entrevista de elestado.net a la asambleísta ecuatoriana Esther Cuesta Santana. Para entender el contexto de Ecuador influido por el COVID-19 y seguir la entrevista, se recomienda leer previamente la primera parte haciendo click aquí.
¿Cuál es la situación económica de Ecuador?
Desde que se implementó el modelo neoliberal en el Ecuador, nuevamente el capital especulativo y financiero, junto a los grandes empresarios, retomaron la conducción del Estado y marcaron políticas económicas funcionales a sus intereses. Este modelo condujo a una crisis inducida con la finalidad de evitar que la Revolución Ciudadana vuelva a la conducción del gobierno.
Este modelo económico, el neoliberal, tuvo como tarea principal desmantelar el Estado del Buen Vivir y remplazarlo por el Estado privatizador.
Desde mayo de 2017, las prioridades han sido beneficiar principalmente al gran capital y patrimonio. En el 2018, con la Ley de Fomento Productivo, el Estado perdonó las deudas por más de 4.500 millones de dólares al sector privado. Y hoy, cerca de 500 grandes empresas tienen deudas tributarias en firme acumuladas por aproximadamente $1.560 millones de dólares.
>>El neoliberalismo evidencia su fracaso en medio de la pandemia<<
Mientras tanto, el gobierno seguirá endeudándose más. Sin importar el costo para la ciudadanía ni para el país, nos endeudamos con el FMI en $4.600 millones. El FMI aprobó el instrumento de financiamiento rápido, hasta 1000 millones, mismos que debían llegar a finales de abril y hasta la fecha no llegan.
En medio de esta crisis, el gobierno privilegió pagar la deuda externa antes que salvar vidas. El 24 de marzo, el gobierno pagó $324 millones a los tenedores de la deuda externa, cuando las prioridades eran y son adquirir más pruebas COVID-19, respiradores, mascarillas, protección de bioseguridad, contratar personal médico, ampliar salas de terapia intensiva, etc.
Esta crisis se agravó con la pandemia del COVID-19, y aprovechándose del estado de excepción y con la justificación de paliar la crisis, recién el 16 de abril, un mes después de la declaración del estado de excepción, el gobierno nacional remitió a la Asamblea Nacional dos proyectos de ley con carácter de “económica urgente,” direccionadas a cumplir las exigencias impuestas por el Fondo Monetario Internacional, establecidas en la Carta de Intención firmada por el gobierno en marzo de 2019, sin su debate y aprobación por la Asamblea Nacional de acuerdo a la Constitución y la ley.
En un momento de crisis, es cuando el Estado debe desarrollar políticas públicas a favor de la colectividad, no delegar la gestión del Estado al sector privado.
Pero incluso antes de la crisis sanitaria por el COVID-19, el gobierno ya implementaba las recetas del FMI, que nunca han funcionado y nunca funcionarán en países no industrializados. En casi 3 años de gobierno, 11.800 servidores públicos han sido despedidos. Solo en el sector de la salud se despidió a cerca de 3.500 personas, según los dirigentes de los Trabajadores del Ministerio de Salud Pública. Estos despidos se dieron, según el gobierno, para la reducción del tamaño del Estado y la optimización del sector público, recetas del FMI.
Durante la crisis del COVID-19, 387.000 personas han perdido su trabajo; 25.550 empresas se han acogido a la suspensión laboral y 393.258 trabajadores han sido afectados; 4.807 empresas han aplicado la reducción de horas, por lo que 113.000 trabajadores han sido afectados por esta acción.
En diciembre del 2019 el desempleo era 3.8% y en esta crisis podría llegar al 10% según el Ministerio de Producción. Por lo que en Ecuador, habrá más pobreza, y por lo tanto, menos capacidad de consumo y por ende, menos demanda, menos producción, provocando mayor desempleo.
¿Qué ha sido de esa anunciada cuenta de ayuda a la que aportarían los trabajadores y empresas y sería controlada por notables?
De acuerdo con el artículo 20 del proyecto de Ley Orgánica de Apoyo Humanitario para Combatir la Crisis Sanitaria derivada del Covid-19 que se debate en la Asamblea nacional, el Presidente de la República nombrará a cinco (5) miembros de la sociedad civil que conformarán un Consejo Consultivo, una veeduría de observación del manejo de la cuenta especial, que contará recursos públicos de las recaudaciones de reducción de salarios de trabajadores y contribuciones de las utilidades de empresas.
Si bien esta cuenta sería parte de la cuenta única del Presupuesto General del Estado, el gobierno entrega esta administración a un grupo de “notables” elegidos a dedo, sin concurso. Es decir, el Estado delega la potestad de administrar recursos públicos al sector privado para que lo administren “ad honorem” y sin remuneración o bonificación, excepto “el pago de viáticos cuando sea imprescindible”. Esto es inconstitucional de acuerdo con el artículo 261 de la Constitución numerales 4 y 5.
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No es difícil intuir quienes serán los notables y a qué intereses y a grupos de poder representan, seguro a los grupos económicos de poder fáctico.
En un momento de crisis, es cuando el Estado debe desarrollar políticas públicas a favor de la colectividad, no delegar la gestión del Estado al sector privado. Sin embargo, en Ecuador se deslegitima el sector público y desde mayo de 2017 se ha venido debilitando la institucionalidad del Estado, con la visión neoliberal del Estado.
El país ya ha comenzado con el desconfinamiento, ¿es una acción acertada?
Con el slogan comercial “se levanta el confinamiento por el aislamiento social” el gobierno ha iniciado el 4 de mayo un plan de semaforización, donde sin duda se observa la irresponsabilidad del ejecutivo al dejar esta decisión en manos de los 221 consejos municipales y los Comités de Operaciones de Emergencia (COE) cantonales.
Evidentemente, la idea del desconfinamiento sería un augurio de un incremento exponencial de muertes y un mayor colapso del sistema de salud público desfinanciado y debilitado en los últimos tres años.
Esto demuestra la falta de liderazgo, política pública sanitaria nacional y sentido común por parte de quienes nos gobiernan. Ya 218 municipios se pronunciaron que seguirán en semáforo rojo (aislamiento social) y sin duda se seguirán pronunciando estos días los que faltan por hacerlo.
El 27 de abril la Organización Mundial de la Salud advirtió que un levantamiento prematuro de las medidas de confinamiento puede causar un impacto mayor en la economía de los países.
Mientras el 28 de abril el ministro de Salud de Ecuador indicó que al menos el 60% de los habitantes del país se contagiarán con el COVID-19 hasta finales de junio de este año, el 1% podría fallecer, es decir, se espera que alrededor de 10,2 millones de personas se contagiarán de COVID-19 y que habrán unas 102.000 personas fallecidas.
Estas declaraciones del ministro de salud se contradicen con la política publicitaria del gobierno de que la situación está mejorando y por eso se establece una semaforización (rojo, anaranjado y verde) de acuerdo a la situación de cada cantón, cuando casi la totalidad de municipios han privilegiado la salud de sus habitantes y han optado por seguir en confinamiento hasta una posterior evaluación del desarrollo de la pandemia.
Evidentemente, la idea del desconfinamiento sería un augurio de un incremento exponencial de muertes y un mayor colapso del sistema de salud público desfinanciado y debilitado en los últimos tres años.
