En la política europea, y en concreto en la española, el lawfare es un concepto que se desconoce porque no ha habido ningún gobierno de izquierdas lo suficientemente rupturista con el neoliberalismo como para buscar un golpe de estado que frene sus políticas en favor de la mayoría social, o porque la oposición conservadora ostenta valores democráticos como en Portugal.
El lawfare es la judicialización de la política. Es decir, dar un golpe de estado usando de manera alegal -y en algunos casos ilegal- las instituciones del estado, contraviniendo la constitución. Esta herramienta contraria a la democracia se ha usado contra Lula y Dilma Rousseff en Brasil -ahora se ha conocido que ambos casos fueron una farsa- y contra Rafael Correa y Jorge Glas en Ecuador -la interpol no reconoce los cargos contra Correa, y elestado.net reveló la trama que montó la farsa para encarcelar a Glas-.
En España se está empezando a usar contra el Gobierno de coalición entre el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y su socio Unidas Podemos (UP), que han tomado algunas medidas en favor de la mayoría social cuyo alcance apenas roza los privilegios económicos y sociales de los sectores adinerados. Pese a ello, y por una dinámica cultural heredada de la dictadura al no haber existido una ruptura con el franquismo, el campo conservador español no está aceptando la conformación del ejecutivo progresista.
A causa de ello, la oposición del Partido Popular (PP) y VOX está polarizando la sociedad mediante una crítica desaforada y permanente, que encuentra eco en la mayoría de los medios de comunicación, en poder de las familias que se enriquecieron durante el franquismo, dictaduras árabes y fondos buitres norteamericanos.
Con ello han dibujado una realidad alternativa que ha impactado con fuerza en el relato social, y que argumenta que el Gobierno Progresista lo hace todo mal, y está llevando al país al desastre. Para ello usan ataques personales, exageraciones mediáticas, ocultan críticas que resultan de hacer lo ellos mismos pidieron antes, entre otras iniciativas.
Una muestra de ello es el conocido como Caso Dina, que se encuadra dentro de el de Villarejo. Tras un giro inesperado nacido de dos cuestiones -Pablo Iglesias tardó seis meses en devolver la tarjeta robada a su antigua asesora Dina Bousselham, y la misma estaba en mal estado- el vicepresidente segundo es objeto de una investigación que está en curso.
Antes de que se sepa si la justificación del líder de Unidas Podemos -tardó en devolvérsela porque Bousselham estaba pasando por un mal momento y no quería elevar la presión- es cierta, y si fue él quien manipuló la tarjeta de memoria, los medios de comunicación han actuado como jueces, condenando al dirigente de izquierdas.
Muchos de ellos han doblado la cantidad de tiempo que Pablo Iglesias tardó en devolver la tarjeta a su ex colaboradora, han dado como cierto que fue él el que la manipuló sin que existan pruebas, y han empezado a configurar la idea de que si la justicia no condena a Iglesias, no es porque el político no haya hecho nada, sino porque ha cooptado a la justicia.
Asentado ese argumento en tres cuestiones. La primera de ellas inventa que la ex abogada de Podemos Marta Flores tuvo relaciones íntimas con el fiscal Ignacio Stampa, algo que Anticorrupción ha desestimado al no encontrar ilegalidades en la actuación del funcionario. De hecho la mayoría de las peticiones de los letrados de la formación morada fueron rechazadas por la fiscalía anticorrupción.
La segunda expresa que ante la comparecencia de Pablo Iglesias en el Congreso pedida por PP y VOX, el líder de UP se niega en base a que el madrileño, dicen, responde con la creación de una comisión de investigación para esclarecer la posible corrupción de Soraya Sánez de Santamaría y el expresidente Mariano Rajoy, entre otros. Sin embargo, Iglesias expresó en el mismo discurso, que en esa próxima comisión de investigación, él y el resto de cargos de UP responderían a todas las preguntas que les formulasen el PP y VOX.
La tercera lo presenta como culpable al mostrarlo desesperado y a la defensiva. Para ello usaron el discurso del líder de UP en un mitin en Vigo y catalogaron sus palabras, calmadas y con propuestas -ahí fue cuando propuso la creación de una Comisión de Investigación- como “ataques foribundos” contra la prensa.
