Diez años continuos de victorias políticas de las fuerzas revolucionarias, izquierdistas y progresistas en América Latina, lograron poner en marcha sistemas democráticos, que le abrieron al pueblo la puerta a la igualdad de oportunidades, condiciones de participación real en política e inclusión social. Todo ello combatiendo la miseria, así como la pobreza que dejaron décadas de neoliberalismo en la región.
El neoliberalismo, un modelo económico fracasado
Aquellos años demostraron con creces que existían otras alternativas. Tan exitosas que lograron comprobar que el neoliberalismo es un modelo económico fracasado y que un gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, sí era posible.
Lo que para las mayorías históricamente olvidadas y relegadas era un “golpe de suerte”, digno de aplaudir y apoyar, para el establishment, las esferas de poder y las castas, era una afrenta directa y la declaración oficial de guerra.
Las nuevas realidades empujaron a las fuerzas neoliberales a trazar una nueva estrategia de combate. Así como en las guerras convencionales, eligiendo con cuidado sus campos de batalla, la ubicación de sus campamentos, los aliados, sus mejores soldados, el modo de ataque y las armas con las que combatirían al enemigo.
Nace el “lawfare”: law (derecho) y warfare (guerra). La utilización de la ley y de los procedimientos jurídicos, como arma de guerra, los agentes públicos, jueces y fiscales como soldados, los medios de comunicación como aliados, el desprestigio, la calumnia, forjar malas reputaciones, el retiro de patrimonios e incluso de la libertad, persecución a los “enemigos” y los juzgados como el campo de batalla.
Víctimas del lawfare
Los hechos acontecidos en la región en los últimos años, revelan la estrategia:
En Brasil el 1 de septiembre de 2016, el Senado destituye a Dilma Rousseff de la presidencia a través de un “juicio político” sin precedentes. Fue condenada por una supuesta manipulación del presupuesto público.
El 24 de enero de 2018, el Tribunal Supremo ratifica sentencia contra el ex presidente Lula da Silva. En ese entonces era el candidato mejor situado en las encuestas para las elecciones presidenciales de ese año. En abril de 2018 lo privan de su libertad, condenándolo a 12 años de prisión por corrupción. Fue inhabilitado para la reelección presidencial.
En Argentina, entre noviembre de 2017 y marzo de 2018, la expresidenta Cristina Kirchner, recibe tres procesamientos judiciales. Dos por presuntos delitos de corrupción y uno por interferir presuntamente en la investigación del ataque terrorista que sufrió la a Asociación Mutual Israelita Argentina (atentado AMIA), en el año 1994.
En Ecuador el 14 de diciembre de 2017, condenan a seis años de prisión al vicepresidente Jorge Glas, acusado de corrupción. El 3 de julio de 2018, un tribunal ecuatoriano dicta orden de prisión y captura internacional contra el ex presidente Rafael Correa.
>Caso Glas: Lenín Moreno empieza a agonizar internacionalmente<<
20 de julio de 2020, luego de una larga “batalla judicial”, el Tribunal de la Corte Nacional de Justicia negó la apelación de Rafael Correa y confirma su sentencia de ocho años de cárcel por cohecho en el caso Sobornos y 25 años de inhabilitación política. Estos hechos en particular, sólo destacan los casos en contra de ex presidentes, pero son muchas más las víctimas del lawfare.
En Ecuador, junto con el ex presidente Rafael Correa, se acaba de sentenciar a 18 personas. Entre exministros, una asambleísta, empresarios y el ex vicepresidente Jorge Glas, que cumple desde 2017 una pena de seis años de cárcel.
Durante el 2019, algunos líderes de la Revolución Ciudadana como Ricardo Patiño y asambleístas como Gabriela Rivadeneira, Sofía Espín, Luis Fernando Molina, Carlos Viteri y Soledad Buendía, por citar algunos, fueron obligados a dejar sus cargos y exiliarse en México.
A quien fungía el cargo de Secretario Ejecutivo del movimiento Revolución Ciudadana, Virgilio Hernández, la prefecta de Pichincha, Paola Pabón y el dirigente Christian González, en el marco del estallido social de octubre de 2019, los detuvieron por el presunto delito de rebelión. Al día de hoy, los tres tienen un grillete electrónico en sus tobillos y deben presentarse ante la justicia periódicamente.
>Paola Pabón: “En Ecuador nunca antes hemos vivido una persecución de tal magnitud”<<
A la fecha, no se les ha podido demostrar culpabilidad alguna a ninguno de los mencionados. El sistema jurídico ecuatoriano ha violado principios legales como lo son el de “Legitimidad de la Prueba y del Debido Proceso” para poder sostener el show dirigido por el gobierno de Moreno.
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