El Gobierno de Lenín Moreno ha dado un paso más hacia la dictadura que ya se empieza a consolidar en Ecuador. En un primer momento, bajo una imagen de diálogo inició unas conversaciones con expresidentes corruptos y banqueros neoliberales para vender por piezas el Estado ecuatoriano. Jorge Glas, su exvicepresidente, se opuso a esa venta que atentaba contra los derechos más básicos del pueblo ecuatoriano, por lo que Moreno impulsó un juicio que ha terminado con Glas en la cárcel sin que se hayan podido presentar pruebas. Un caso que recuerda al tratamiento que la dictadura de Brasil le dispensa a Lula.
Siguió con la convocatoria de un referéndum y una consulta popular ilegales -se saltó los procedimientos constitucionales para adelantar la fecha con el objetivo de impedir que Rafael Correa pudiera volver de Bélgica para organizar a la oposición-. En esa jornada electoral consiguió vencer porque, pese a que suponía traicionar el legado de Correa, Moreno aprovechó los medios de comunicación para silenciar esa cuestión, a la vez que usaba la imagen del expresidente y su partido Alianza País para validarse como el nuevo líder de la Revolución Ciudadana ante los electores.
En esos momentos Moreno decidió cooptar la justicia de Ecuador mediante una purga en la judicatura que inmediatamente sustituyó con sus afines, sin tener en cuenta los requisitos establecidos por la Ley para seleccionar a las personas que deben desempeñar esas responsabilidades.
El actual presidente de Ecuador también rompió una de las principales iniciativas de la Revolución Ciudadana, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS). Una mecanismo democrático de control por parte de la ciudadanía, que Moreno purgó con la promesa de que sus miembros se escogerían por voto directo, en vez de ser propuestos por los movimientos sociales. Sin embargo, tras servirse de “su” CPCCS (el nombró a los nuevos miembros a dedo) para saltarse la legislación vigente, va a demoler esa institución de control democrático.
Observando que anular la vía electoral a Rafael Correa no era suficiente para frenar el avance de la Revolución Ciudadana, Lenín Moreno está persiguiendo al expresidente de una manera tan abiertamente ilegal, que la propia INTERPOL no sigue las alertas de Ecuador contra Correa por considerar el proceso judicial una farsa llena de irregularidades.
El proceso contra Rafael Correa se basa en el Caso Balda. Un supuesto secuestro -apenas duró un par de horas- de un delincuente común de nacionalidad ecuatoriana en Colombia por parte de unos policías, que supuestamente seguían órdenes directas del expresidente. No existen pruebas que lo demuestren: el télefono al que supuestamente Correa llamaba a los policías ha desaparecido, el líder de la inteligencia ecuatoriana en ese momento lo desmiente, no hay vídeos, y como han expresado diferentes mandos policiales, es imposible que por un delincuente menor -que no tenía ningún vínculo con el expresidente-, Correa se saltase toda la cadena de mando para comunicarse con gente -a la que se ha demostrado que no conocía-, para capturar a alguien de quién tampoco conocía su existencia.
El Caso Balda es una farsa judicial muy mal montada, por lo que Lenín Moreno debe atar cada semana los cabos que se van soltando para evitar que la verdad quede aún más al descubierto y, lo que es más grave para la dictadura ecuatoriana, que Rafael Correa pueda volver a Ecuador para continuar organizando las fuerzas la Revolución Ciudadana de cara a los siguientes comicios.
El último ataque contra la democracia asentada por la Revolución Ciudadana, ha tenido lugar con una de las implicadas en el Caso Balda. La agente de inteligencia de la policía Diana Falcón. Como la agente no dice lo que el régimen de Moreno quiere oír, su propio abogado defensor ha comenzado a actuar como la fiscalía, acusándola en vez de defenderla. Falcón, desesperada, pidió ayuda al equipo de abogados de Rafael Correa, quienes decidieron ayudarla.
Una abogada del equipo y la asambleísta Sofía Espín acudieron al centro penal donde Falcón está detenida para hablar con ella. Este hecho ha sido aprovechado por la dictadura de Ecuador para cargar contra Sofía Espín, e intentar destituirla de su curul en la Asamblea Nacional con el fin de reducir el poder institucional de los afines a Rafael Correa. Además el gobierno dictatorial de Lenín Moreno quiere evitar que Diana Falcón pueda tener una buena defensa, ya que entonces el Caso Balda estaría mucho más lejos de tener un final cercano -el tiempo corre en contra de Moreno-, y éste podría ser favorable a Correa.
El ministro de justicia de Ecuador Paúl Granda fue el protagonista de una situación ridícula cuando mostró como prueba las grabaciones que supuestamente incriminaban a Sofía Espín. En ellas, al observarse que la asambleísta entró al centro penal siguiendo todo el proceso y que por lo tanto, no hizo nada ilegal, a Granda solo le quedó comentar aspectos de la apariencia de la política revolucionaria, con un tono negativo que llegaba a ser hilarante, cuando el ministro intentó que Espín pareciera que estuviera haciendo algo malo por colocarse el pelo.
