El Gobierno sustentado por mayoría simple parlamentaria ha aprobado el Real Decreto Ley 15/2018, de 5 de octubre, de medidas urgentes para la transición energética y la protección de los consumidores, el de los bonos sociales eléctrico y térmico (este último de 25 euros anuales mínimo).
En su preámbulo no alude en ningún momento al capítulo tercero (de los principios rectores de la política social y económica) del título I (de los derechos y deberes fundamentales) de la Constitución del 78. Se ha cuidado mucho el Gobierno de apoyarse en ese capítulo tercero no vaya a ser que siente un mal precedente al basar un decreto ley en derechos programáticos que a nada obligan a ninguno de los tres poderes de nuestro régimen de libertades formales.
El ejecutivo se basa en el artículo 86 (extraordinaria y urgente necesidad, como si la pobreza actual fuera de ayer mismo y no llevara anclada en este país desde 1939, primer año de la era franquista en la que nos encontramos). En definitiva, no se contempla equidad, se percibe caridad civil.
El parche provisional rezuma tacañería y mucha trampa y cartón. El Gobierno reconoce que en España hay más de 4,6 millones de personas que podrán acogerse a los bonos, pero esa cantidad refleja una mínima proporción de españoles pobres ya que los ingresos requeridos para acogerse a los bonos son de miseria.
Las variables usadas por el ejecutivo legislador son, grosso modo, la situación familiar y los ingresos familiares. En función de otros elementos, el bono puede resultar más favorable (menor de 16 años, víctima del terrorismo, etecétera). En el decreto aparecen tres figuras de pobres, cuales son consumidor vulnerable, consumidor vulnerable severo y consumidor vulnerable severo en riesgo de exclusión social.
Aparte hay un colectivo al que se le otorga el bono social sin consideración a sus ingresos, el de las familias numerosas (se le asimila a consumidor vulnerable, lo cual recuerda al cheque-bebé de Zapatero, es decir, entran en el mismo saco la familia de los señores de Ríquez y la de su sirvienta Póbrez.
Los límites de ingresos anuales de los pobres vulnerables son de 11.280, 15.039 y 18.799 euros, que son familias sin menor, con un menor o con dos menores respectivamente. Con la primera cantidad el Gobierno admite que quienes cobren el salario mínimo interprofesional (10.302,60 euros) son, como mínimo, pobres vulnerables.
Los pensionistas que ingresen mensualmente más de 500 euros no serán pobres vulnerables. Advierta el lector despistado que 500,01 euros es más que 500 euros, aunque ese céntimo sea por intereses generados en sus abultadas cuentas corrientes. A los pobres vulnerables severos les marcan como límites de ingresos la mitad de los límites impuestos a los vulnerables para la misma situación familiar, o pensionista cuya unidad familiar no llegue a los 7.530 euros, que es el importe del IPREM de 14 pagas, o renta anual menor a 15.039 euros en el caso de ¡familias numerosas! ¿Será cierto que en el Primer Mundo hay familias de cinco o más miembros que tengan que mal vivir con 15.039 euros? Aplíquese lo mismo a los demás supuestos.
Pero si estas cantidades mueven al llanto, lo que causa hilaridad morbosa, del lado más oscuro del humor negro, es que para calcular la renta se sume a la base imponible general la ¡base imponible del ahorro! de la última declaración de la renta. ¿Ahorros? ¿A qué pueden renunciar para ahorrar con esos ingresos? ¿A las medicinas que no pueden comprar, a las vacaciones que no pueden disfrutar, a los alimentos que no pueden ingerir?
No acaba aquí el humor negro, sigue con quienes no hubieran presentado la declaración de la renta del último ejercicio estando obligados a ello, ya que se les castigará con el desprecio más absoluto, sean vulnerables o vulnerables severos. ¿Cuánto se puede defraudar a la sociedad española con esos ingresos como para merecer ese castigo? ¿No hay solución posible para regularizar esa situación tan grave? Ojalá la rigurosidad de las normas se hubiera aplicado a los verdaderos defraudadores del fisco, que ya están esperando la siguiente amnistía fiscal. Hemos visto la racanería, pasemos a la trampa y cartón.
Que nadie piense que habrá barra libre de kilowatios/hora. Las eléctricas saben que a la gente le das la mano y te toma el pie. Muchos creen que la luz les saldrá gratis a esas familias, pero lo que establece el RDL son unos topes de consumos anuales, prorrateados mensualmente, a los que les aplicará el descuento del 25% si son vulnerables, y del 40% si son vulnerables severos.
Así, los expertos han determinado que las familias sin hijos dispongan de 100 kwh/mes, con un hijo de 140 kwh/mes, con dos hijos de 170 kwh/mes, familias numerosas de 300 kwh/mes y pensionistas de 140 kwh/mes. Todo lo que pase de esos límites no tiene descuento.
La inmensa mayoría de los pobres energéticos, por no decir todos, usarán como medio de calefacción la energía eléctrica; difícilmente tendrán calefacción por gas natural, propano o butano. Y el método del brasero de carbón bajo la mesa camilla habrá desaparecido por falta de empresas comercializadoras de cisco y carbón vegetal.
Hagamos un somero cálculo. Supongamos una vivienda pobre, que por el hecho de serlo dispondrá como mucho de un calefactor de resistencia eléctrica; tirando por lo bajo, la potencia del aparato es de 1 kw. En el caso de familia sin menores, el Gobierno invita a descontar el porcentaje (25 o 40%) sobre 100 kwh al mes, recuerdo al lector buenista que no es al importe total del recibo.
El mes, mientras la Tierra y el Sol no cambien su posición, tiene 30 días de 24 horas, lo que da 720 horas de frío continuo durante al menos tres meses seguidos en gran parte de España, desatendiendo lo que se dice en casi todo el territorio nacional, nueve meses de invierno y tres de infierno.
Como el calefactor es de 1kw, para llegar a los 100 kwh tiene que estar encendido 100 horas, lo que equivale a 4,2 días, o para hacer más comprensible el cálculo, 3,3 horas al día. Como la gente pobre es muy ociosa, habrán pensado nuestros sagaces políticos, pueden estar acostados bajo sus mantas 21,2 horas al día, y en cuestión de poco más de tres años pueden pasar al privilegiado grupo de familia numerosa, si es que los churumbeles han sobrevivido a su primer y segundo año de penurias (no solo de calefacción). Hágase el cálculo para los otros grupos.
Las casas de los vulnerables no gozan de los mejores aislamientos térmicos en sus paramentos; no poseen las ventanas que mejor ajustan del mercado; sus electrodomésticos, mejor dicho cacharros eléctricos, tienen etiqueta energética D, y eso porque no existe la Z. Tendrán que adaptarse a la vida de antaño: velas, compra de alimentos de subsistencia diaria, mucha calle para huir del frío estático.
Eso sí, cuando no dispongan de suficiente dinero para pagar el recibo de la luz ahora dispondrán, para evitar el corte del suministro eléctrico, de cuatro meses para pagar en vez de los dos de antes. Con estas medidas ya no seguirán pasando frío, con lo que ninguno enfermará ni morirá por esa circunstancia, ni los niños sufrirán fracaso escolar. Aunque lo contrario no le importaba al sistema, ni siquiera les interesa como ejército industrial de reserva, son sus excluidos.
¿Cumplirá el Gobierno con los seis meses de plazo a que le obliga su propio RDL para elaborar la estrategia nacional contra la pobreza energética y dar así por finalizado el parche descrito?
Menos da una piedra, dirán los social-liberales. ¡Trabajen más!, dirán los empresarios. ¡No con mis impuestos!, dirán los pequeñoburgueses. ¡No haber nacido pobres, os jodéis!, diría alguna diputada del PP. ¡Redistribución de la riqueza y justicia social!, decimos los rojos.
