Para conocer totalmente el contexto de este reportaje, le conminamos a que lea la primera parte del mismo: El coronavirus hace resurgir el debate entre sanidad pública o privada (I).
No existen evidencias reales de la superioridad del sistema de gestión privado sobre los servicios sanitarios públicos, pero es un debate recurrente, que siempre está sujeto a los intereses políticos de la sanidad privada.
La principal ventaja de la sanidad pública es que en las situaciones más complejas los ciudadanos se inclinan por los centros públicos, gracias a la calidad de la atención sanitaria. Incluso de los seguros privados derivan a sus pacientes a la pública, en caso de complicaciones.
Esto sucede porque la inversión en equipamiento médico es mayor en el sector público, y disponen de mejores medios para tratar las enfermedades más graves. Además, cuentan con los mejores hospitales (aunque no sea con las mejores instalaciones o comodidades) y especialistas, con una atención y resultados mucho más positivos para el paciente.
A nivel laboral, los salarios de la sanidad privada son menores que en la pública, y también las condiciones laborales son peores.
En la privada, los salarios se ven complementados mediante primas de productividad, la prescripción de pruebas diagnósticas (que, en algunos casos se han demostrado innecesarias), la prolongación injustificada de los tratamientos, jornadas laborales más largas, realización de tareas propias de cualificaciones profesionales superiores, etc.
La principal desventaja de la sanidad pública es el tiempo de espera que, además, se ha incrementado con los recortes derivados de la crisis y que, en algunos casos, llegan a doblar a los tiempos en la privada.
También sufre la desventaja de la dificultad a la hora de escoger médico o tener que pasar por el filtro del médico de cabecera, antes de llegar a un especialista. Estos problemas no se dan en la sanidad privada.
Las ventajas de la sanidad privada es la práctica inexistencia de listas de espera (aunque cada vez aparecen más demoras en los tratamientos), con una atención casi inmediata por el especialista elegido.
Se trata de una atención más especializada. Pero la mayoría de las ventajas de la sanidad privada se basan en la comodidad y confort del paciente, no en la atención brindada.
Entre las desventajas estaría el hecho de que una parte de su funcionamiento se basa en el copago. Las enfermedades crónicas o graves no quedan cubiertas, debido a los elevados costes de sus tratamientos.
Por eso, son derivados a la pública o, directamente, no se puede acceder a este tipo de seguros privados cuando se padecen determinadas patologías.
La sanidad privada, lo que prima es el beneficio y la rentabilidad económica, y no se basa en principios de solidaridad. Además, algunos tratamientos, como los trasplantes o los relacionados con enfermedades minoritarias, son tan caros que no resultan rentables para la sanidad privada.
En esos casos, los pacientes son derivados a la pública, de forma que la privada hace un filtraje de los pacientes menos rentables. Esta búsqueda de rentabilidad provoca también que se incrementen los costes por atención sanitaria, en comparación con la pública, debido al hecho de que no hay realmente un libre mercado, de forma que los usuarios son clientes cautivos del sistema.
El acceso a la sanidad pública iguala a todos los ciudadanos, independientemente del nivel socioeconómico de cada persona. En el caso de la privada, el acceso está limitado a aquellas que la pueden pagar, y a no quedar excluido de sus servicios por motivos sanitarios que hagan a ese colectivo poco atractivo económicamente hablando.
Un aspecto esencial de la sanidad pública está en el ámbito de la investigación. En las fases iniciales del estudio de un medicamento o una enfermedad, la rentabilidad de esa investigación es nula, y eso hace que la privada pierda todo el interés en su desarrollo.
La solidaridad y la rentabilidad no se llevan bien con la sanidad. Sin embargo, la privada está siempre dispuesta a hacerse cargo de esas investigaciones cuando ha pasado esa fase, cuando llega el momento de desarrollarla y hacer dinero. Ha pasado y seguirá pasando.
El bulo de que la sanidad pública es más cara que la privada, un auténtico estigma que se arrastra gracias a algunos políticos irresponsables que lo han difundido, no sólo es falso, sino que es todo lo contrario.
En la privada, todos quieren ganar dinero, por lo que al coste real hay que sumarle el beneficio que busca cada uno de los sectores implicados en el proceso: el profesional médico, el hospital, el centro que realiza las pruebas y, por supuesto, la aseguradora.
La pandemia ha llegado en el peor momento de la sanidad pública, en el punto álgido de la privada, que ha crecido sin parar desde el inicio de la crisis: el ejercicio de 2017 presentó unas cifras de escándalo, llegando a más de 6.400 millones de euros, un 16,85% más que en 2013, incrementándose año tras año. Mientras tanto, el gasto público total aún no ha recuperado el nivel anterior a la crisis.
Este proceso privatizador ha sido mucho más fuerte en Madrid, Cataluña, Baleares, Canarias y País Vasco, aunque es un proceso que afecta a todas las comunidades autónomas.
Algunas conclusiones
Los informes de las autoridades sanitarias internacionales ya alertaban que, a pesar de los brotes pandémicos que ha habido hasta ahora, nuestro sistema no estaba preparado para hacer frente a algo como lo que está pasando con el COVID-19.
Ante este panorama tan desolador, es de vital importancia recordar el valor que tiene la sanidad pública para nuestra sociedad. Y recordar que debemos defenderla frente a aquellos que intentan aprovechar esas circunstancias para tomar decisiones basadas en sus propios intereses, y no en los de la sociedad.
El Gran Wyoming reclamaba, hace poco, que, ahora que todos lo gritan en sus declaraciones, debería impulsarse un gran pacto a favor de la sanidad pública, que lo pongan en sus programas políticos y que lo defiendan, más allá de las declaraciones meramente patrioteras y oportunistas.
Un hecho esperanzador ha sido la gran respuesta social que se ha generado durante estos procesos de desmantelamiento de la sanidad pública. Esa respuesta social, que ha unido a la ciudadanía y a los profesionales del sector, ha permitido frenar (aunque no revertir) una parte del proceso. Esas movilizaciones se han mantenido muy activas desde 2011, y aún hoy siguen dando guerra.
¿Qué podemos hacer ante este panorama?
- Potenciar los servicios públicos, como garantía de la salud de los ciudadanos, motor de la economía y la democracia del Estado del bienestar.
- Potenciar los sistemas de sanidad pública, como parte también del tejido económico, como un sector generador de riqueza, riqueza y empleo estable.
- La gestión pública de los servicios sociales, especialmente la sanidad, debe mantenerse como un garante de los derechos sociales de la ciudadanía.
- Reforzar el sistema público, como herramienta para mejorar y fomentar la solidaridad entre toda la población.
- Garantizar la financiación suficiente de la sanidad pública.
- Acabar y revertir los recortes y la precarización, incrementar los presupuestos destinados a la sanidad pública, y recuperar los puestos de trabajo perdidos desde la crisis y los recortes.
- Revertir las privatizaciones llevadas a cabo hasta ahora y acabar los procesos de privatización que aún se están llevando a cabo.
Como hemos visto, las declaraciones de que la sanidad privada es más barata y eficaz son sólo una falacia sin fundamento. Todos los estudios avalan que el sistema sanitario español ofrece una atención de alta calidad, gratuito y universal, y que es de los más baratos de los países de nuestro entorno.
La actual pandemia que estamos sufriendo ha puesto a prueba la resistencia de nuestro sistema público de salud, que aún se está resistiendo de los golpes que ha recibido desde la crisis de 2008. Las tensiones que la pandemia ha provocado están dejando a la vista las carencias que se derivan, por ejemplo, en Madrid, del modelo de privatización.
Los recortes y privatizaciones han debilitado enormemente la capacidad de respuesta del sistema público. Y esa insuficiencia de medios, según algunos expertos, ha sido intencionada, lo que ha dejado el sistema gravemente afectado.
